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miércoles, 26 de diciembre de 2018

2018: el annus horribilis de la economía.


Tomado de Confidencial / Por Iván Olivares -  Cuando centenares de miles de radios, celulares y equipos de sonido suenen “Faltan cinco pa’ las doce”, este 31 de diciembre, todos los nicaragüenses seremos —en promedio— 99 dólares más pobres que un año antes, debido a la caída de -4.6% del producto interno bruto per cápita, que calcula para el país la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Las posibilidades de mejorar a lo largo del año también son escasas, pues el cálculo para el final de 2019 indica que el ingreso per cápita anual habrá caído desde los 2160 dólares (en que estaba al cierre de 2017) hasta los 1901 dólares por persona (si se cumple la previsión que vaticina una caída de -7.8%), o hasta los 1827 dólares, si la caída llega hasta el -11.4% que temen los economistas independientes.

Para muchos, especialmente los más de 400 000 desempleados o más de diez mil empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios este año, 2018 es el ‘annus horribilis’ de la historia económica reciente, y si bien es cierto hay pocos argumentos que puedan contradecirlos, la verdad tiene un rostro terrible: lo más seguro es que 2019 sea peor, en especial, si se aplican las sanciones colectivas contempladas en la Nica Act, que congelaría los desembolsos de organismos multilaterales.

Lo indican los números. Lo dicen los expertos. Lo sospechan las amas de casa y lo ratifican las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep): si la diferencia entre el crecimiento observado en 2017 (4.9%) y el real (-4.0%) marcan una brecha cercana a los nueve puntos porcentuales, las previsiones muestran que la caída puede ser mayor el año que viene.

“La crisis causó que algunos sectores cayeran un año o medio año por cada mes, pero esto es el inicio: sin acuerdo, sin salida política, caeríamos 8 a 11 puntos adicionales a los 10 que ya caímos”, asegura José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

Las razones para explicar que una economía caiga casi tanto como esperaba crecer, se encuentran en la reacción violenta del régimen de Daniel Ortega ante la Rebelión de Abril, dejando una estela de asesinados, heridos, encarcelados, exiliados y desempleados, que se tradujo en un descenso pronunciado de la actividad económica, y significó merma en la recaudación de impuestos, en los ingresos del INSS, las exportaciones, los depósitos en los bancos, y las reservas internacionales, entre otros.

El resultado directo se hizo sentir a partir del segundo trimestre, cuando el producto interno bruto mostró un comportamiento de -4.4%, lo que contrastó notablemente con el 4.1% en que creció el mismo trimestre de 2017.  Cuando estuvieron disponibles los datos del tercer trimestre, que mostraban una caída de -4.2%, se hizo realidad el pronóstico del economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), quien advirtió desde mediados de agosto, de la inevitabilidad de que el país cayera en recesión, como en efecto ocurrió.

Aunque la narrativa oficial culpa a la ciudadanía de todos los males que aquejan a la economía nacional, la verdad es que el proceso contó con mucha “ayuda” de parte de las autoridades. No solo cuando Daniel Ortega ordenó —o consintió— las masacres de personas desarmadas, con lo que lanzó un manto de zozobra que captaron muy bien tanto los empresarios locales como los inversionistas extranjeros, sino también cuando el presidente del Banco Central de Nicaragua tomó decisiones de las que cualquier estudiante de Economía se habría abstenido.

La más controversial fue sugerir que se modificaría la tasa de deslizamiento del córdoba con respecto al dólar, cuyo efecto inmediato fue acelerar la salida de depósitos en dólares que guarda el público en la banca nacional: entre el lunes 27 de agosto (fecha del anuncio de la medida) y el miércoles 29, salieron 57.1 millones de dólares, cuando en las casi cuatro semanas previas, solo habían salido 59.7 millones.

El economista Pedro Belli, exfuncionario del Banco Mundial, cuestionó la medida en su momento, a partir de la incertidumbre que se generó, porque no estaba claro si iban a devaluar al mismo 5% y anunciarlo dos semanas antes, o si en efecto, se pretendía acelerar la devaluación, lo que a su juicio “sería una política contraproducente”.

Una de ellas fue la exigencia presentada a los bancos, para que informaran de todos los clientes que retiraran más de 50 000 dólares del país, con lo que se demolía de un plumazo la fortaleza principal de cualquier sistema financiero del mundo: la confianza, expresada en forma de sigilo bancario.

La segunda, fue la imposición a la banca de un plazo de 48 horas para comprar dólares, estableciendo de facto una suerte de corralito financiero (hasta ahora, solo para las instituciones financieras), siendo que hasta antes de esa comunicación, las transacciones se hacían en línea y en tiempo real.

A pesar de todo, los bancos siguen proveyendo dólares al mercado, aunque a un precio mayor. Avendaño detalló que “el tipo de cambio permanece estable, aunque la brecha entre el tipo de cambio de venta del dólar en el mercado financiero y el tipo de cambio oficial ha oscilado entre 2.0% y 2.3% en los últimos días de noviembre”, cuando antes del 18 de abril era 0.2%, por lo que “ya hay una devaluación de facto”, asevera el experto.

Hasta el 6 de septiembre, banqueros, economistas independientes, periodistas, analistas y funcionarios de entidades como el BCN y el Ministerio de Hacienda, estaban pendientes de los reportes diarios del Banco Central, con la intención de tomarle el pulso a la economía, y tratar de predecir hacia dónde iba el carro.  

Si bien durante la visita de la Misión Técnica del Fondo Monetario Internacional, el BCN actualizó los datos al cierre de septiembre, y luego se quedó publicando los datos mes a mes, (antes lo hacía a diario), la liberación tardía de los datos mostraba no solo que el barco de la economía nacional seguía haciendo aguas, sino también lo contraproducente de esconder los datos, en especial para aquellos que los necesitan para tomar decisiones diarias.

La carencia de un dato en particular (entre la montaña de estadísticas que produce la economía nacional y recopila el BCN), destacaba sobre todos los demás: la evolución de las Reservas Internacionales Netas Ajustadas (RINA), las que, en pocas palabras, muestran la cantidad verdadera de dólares de la cual dispone el BCN para la venta al público.

Cuando se han cumplido 26 días del mes de diciembre, las estadísticas oficiales cortadas al 31 de octubre, revelan la cifra que nadie en el BCN y el Gobierno quisiera comprobar: los 1802 millones de dólares en RINA que el país acumulaba al 31 de diciembre de 2017, se redujeron en 647.2 millones (35.9%), al cerrar el décimo mes del año, para situarse (en ese momento) en 1155 millones.

El problema con las reservas internacionales es que son la razón última de la estabilidad de la moneda, en especial después que en enero de 1993, se estableciera un esquema de minidevaluación anual de 5%, pues “al anunciarlo con suficiente tiempo, no había especulación porque los agentes económicos sabían a qué atenerse”, refirió el economista Erwin Krüger, quien fue uno de los que tomó esa decisión durante la Administración de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro.

La revisión diaria de las reservas internacionales (y por consiguiente, de la disponibilidad de moneda extranjera para vender al público), se volvió una tarea cada vez más urgente para los banqueros, que veían cómo cada día que pasaba, y cada mala noticia, disminuían sus reservas en dólares.

Según el tercer Monitoreo de la Actividad Económica Nacional, preparado por Funides en conjunto con el Cosep, entre los meses de abril y octubre, los depósitos totales en los bancos se redujeron en 1374 millones, equivalente a 25% del total.

“El principal problema monetario ha sido la fuga de los depósitos en moneda extranjera de la banca comercial, y la pérdida de reservas internacionales administradas por el BCN”, señaló Avendaño, de Copades.

El intento unilateral de la Administración de Daniel Ortega por parchar las renqueantes finanzas del sistema de pensiones detonó la crisis que todavía padece el país. Así la pólvora de la insatisfacción social que llevaba una década acumulándose explotó en abril.

El problema es que la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es ahora más profunda de lo que lo era el 17 de abril, cuando se anunciaron las reformas.

En el segundo y tercer trimestre del año, el INSS ha perdido 142 181 afiliados activos, equivalentes al 15.9% de los 897 000 con que contaba a finales de marzo.

Después de acumular superávits hasta 2012, en 2013 los balances del Instituto comenzaron a cerrar en números rojos: desde los 201.1 millones de déficit de ese año, hasta los 5464.7 millones de córdobas para 2018, y 8621.8 millones para 2019, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el presente año y el siguiente.

Además, las reservas del INSS se acaban este año, con lo que la administración del sistema de pensiones tendrá que efectuar verdaderas hazañas de ingeniería financiera para poder cumplir sus obligaciones en 2019.

Al no tener financiamiento suficiente, “tendrían que adoptar reformas paramétricas draconianas a muy corto plazo, aumentando las tasas de cotización, la edad de jubilación, quizás duplicando el número de semanas necesarias para tener derecho a jubilarse, restringiendo drásticamente el gasto de atención médica, y reduciendo hasta en 30% el monto de las pensiones de los que se jubilen en adelante”, dijo un economista que accedió a hablar con CONFIDENCIAL, a condición de mantenerse en el anonimato.

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