El secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, prometió acabar con la "impunidad" con la que actúa el
Ejecutivo cubano y "hará justicia" en países, como Venezuela y
Nicaragua, donde nacionales cubanos presuntamente han dirigido "torturas".
"Es
tiempo que termine la impunidad con la que viven los dictadores cubanos,
haremos justicia, haremos justicia en los países de Latinoamérica que han
sufrido esta agresión, tortura, represión y privación de libertades", dijo
Almagro al inicio de una conferencia en la OEA sobre derechos humanos en Cuba.
Almagro
explicó que el organismo ha recibido denuncias de personas de Nicaragua y
Venezuela que aseguran que fueron torturados en presencia de nacionales
cubanos.
"En
Nicaragua hemos escuchado testimonios de víctimas de torturas que aseguran que
cubanos estaban presentes mientras los torturaron", afirmó. En Venezuela,
explicó Almagro, hay unos 46,000 cubanos que actúan como "una fuerza de
ocupación que enseña a torturar, a reprimir, que hace tareas de inteligencia,
que hace tareas de inmigración".
En 2017, el
diario comunista cubano Juventud Rebelde informó de que los 46.000 cubanos en
Venezuela ayudaban en 20 programas sociales, entre ellos "Barrio
Adentro", que busca fortalecer el sistema de salud pública.
Almagro, que
este jueves anunció que se presentará a la reelección para el periodo
2020-2025, afirmó que combatir "la privación de libertades" de Cuba
será una "prioridad la agenda interamericana".
su gente,
enseñando a otros de la región a perseguir, a asesinar, a torturar y a
silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas
prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz", subrayó.
Cuba,
miembro de la OEA desde su creación en 1948, fue suspendida en 1962 tras el
triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro debido a su adhesión al
marxismo-leninismo en el marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista
encabezado por EE.UU. y el comunista dirigido por la Unión Soviética. Después
de décadas de confrontación, en 2009, la OEA levantó la suspensión a Cuba, pero
la isla se negó a volver al organismo.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este jueves, durante su 170
periodo de sesiones, que la escalada represiva del Gobierno de Nicaragua contra
los opositores y medios de comunicación “ha instalado un régimen de terror y la
supresión de todas las libertades”.
Pablo Abrao,
secretario ejecutivo de la CIDH, afirmó que la gravedad de la situación en
Nicaragua se ve reflejada en que “no hay un día que no reciba una denuncia
sobre violaciones a los derechos humanos”.
Abrao resaltó que los nicaragüenses no viven en
plena libertad, y han constatado que hay “un ambiente de restricción de sus
derechos”.
Agregó que la CIDH, en los últimos ocho meses de
crisis social, ha analizado “fases de la represión”, y a la de los últimos
meses la han llamado “Estado policíaco”.
El secretario ejecutivo de la CIDH explicó que la
instalación de un estado policíaco se da cuando “todas las reglas y los
derechos fundamentales de los humanos se restringen sin fundamento legal, sin
fundamento judicial, por medio de decretos de sistemas de seguridad o por medio
de la Policía Nacional, todo sin que haya algún tipo de regulación judicial de
estos actos de la administración pública que restringen contenidos esenciales a
los derechos humanos”.
La CIDH señala que en Nicaragua “el estado de
derecho está deteriorado, pues vemos que la Policía está prohibiendo las
manifestaciones, se restringe la propiedad privada, se usa la ley de terrorismo
para criminalizar; esa caracterización, para nosotros cada vez está más clara
para seguir de cerca la situación de Nicaragua”, dijo Abrao.
La comisionada Antonia Urrejola, relatora especial
para Nicaragua de la CIDH, resaltó que aunque el Mecanismo Especial de
Seguimiento para Nicaragua (Meseni) esté operando en el país, siempre es
importante que se presenten ambas partes para completar informaciones.
Urrejola aprovechó su intervención para solicitar
al Estado de Nicaragua, que les permita cumplir el mandato al que fueron
enviados, admitiéndoles el ingreso a sistemas penitenciarios, a juicios en
contra de manifestantes y el acceso a información estatal necesaria para sus
informes.
José Gómez, representante del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), resaltó que uno de los principales
problemas de Nicaragua es que está imperando la “represión extrema” a la
crítica.
Agregó que los resultados de la “represión” se ven
en los más de 300 manifestantes fallecidos, más de 200 profesionales despedidos
y más de 600 manifestantes apresados en los últimos ochos meses.
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