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viernes, 7 de diciembre de 2018

Almagro culpa a Cuba por denuncias de torturas en Nicaragua y Venezuela.


El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, prometió acabar con la "impunidad" con la que actúa el Ejecutivo cubano y "hará justicia" en países, como Venezuela y Nicaragua, donde nacionales cubanos presuntamente han dirigido "torturas".


"Es tiempo que termine la impunidad con la que viven los dictadores cubanos, haremos justicia, haremos justicia en los países de Latinoamérica que han sufrido esta agresión, tortura, represión y privación de libertades", dijo Almagro al inicio de una conferencia en la OEA sobre derechos humanos en Cuba. 

Almagro explicó que el organismo ha recibido denuncias de personas de Nicaragua y Venezuela que aseguran que fueron torturados en presencia de nacionales cubanos.

"En Nicaragua hemos escuchado testimonios de víctimas de torturas que aseguran que cubanos estaban presentes mientras los torturaron", afirmó. En Venezuela, explicó Almagro, hay unos 46,000 cubanos que actúan como "una fuerza de ocupación que enseña a torturar, a reprimir, que hace tareas de inteligencia, que hace tareas de inmigración".

En 2017, el diario comunista cubano Juventud Rebelde informó de que los 46.000 cubanos en Venezuela ayudaban en 20 programas sociales, entre ellos "Barrio Adentro", que busca fortalecer el sistema de salud pública.

Almagro, que este jueves anunció que se presentará a la reelección para el periodo 2020-2025, afirmó que combatir "la privación de libertades" de Cuba será una "prioridad la agenda interamericana".

su gente, enseñando a otros de la región a perseguir, a asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz", subrayó.

Cuba, miembro de la OEA desde su creación en 1948, fue suspendida en 1962 tras el triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro debido a su adhesión al marxismo-leninismo en el marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista encabezado por EE.UU. y el comunista dirigido por la Unión Soviética. Después de décadas de confrontación, en 2009, la OEA levantó la suspensión a Cuba, pero la isla se negó a volver al organismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este jueves, durante su 170 periodo de sesiones, que la escalada represiva del Gobierno de Nicaragua contra los opositores y medios de comunicación “ha instalado un régimen de terror y la supresión de todas las libertades”.

Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, afirmó que la gravedad de la situación en Nicaragua se ve reflejada en que “no hay un día que no reciba una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos”.

Abrao resaltó que los nicaragüenses no viven en plena libertad, y han constatado que hay “un ambiente de restricción de sus derechos”.

Agregó que la CIDH, en los últimos ocho meses de crisis social, ha analizado “fases de la represión”, y a la de los últimos meses la han llamado “Estado policíaco”.

El secretario ejecutivo de la CIDH explicó que la instalación de un estado policíaco se da cuando “todas las reglas y los derechos fundamentales de los humanos se restringen sin fundamento legal, sin fundamento judicial, por medio de decretos de sistemas de seguridad o por medio de la Policía Nacional, todo sin que haya algún tipo de regulación judicial de estos actos de la administración pública que restringen contenidos esenciales a los derechos humanos”.

La CIDH señala que en Nicaragua “el estado de derecho está deteriorado, pues vemos que la Policía está prohibiendo las manifestaciones, se restringe la propiedad privada, se usa la ley de terrorismo para criminalizar; esa caracterización, para nosotros cada vez está más clara para seguir de cerca la situación de Nicaragua”, dijo Abrao.

La comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la CIDH, resaltó que aunque el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) esté operando en el país, siempre es importante que se presenten ambas partes para completar informaciones.

Urrejola aprovechó su intervención para solicitar al Estado de Nicaragua, que les permita cumplir el mandato al que fueron enviados, admitiéndoles el ingreso a sistemas penitenciarios, a juicios en contra de manifestantes y el acceso a información estatal necesaria para sus informes.

José Gómez, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), resaltó que uno de los principales problemas de Nicaragua es que está imperando la “represión extrema” a la crítica.

Agregó que los resultados de la “represión” se ven en los más de 300 manifestantes fallecidos, más de 200 profesionales despedidos y más de 600 manifestantes apresados en los últimos ochos meses.





























































































































































































































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