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sábado, 15 de diciembre de 2018

Alta comisionada de DDHH de ONU y la CIDH condenan allanamientos a ONG en Nicaragua.


La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (OACNUDH) expresó “su enérgica condena por los recientes allanamientos y hostigamientos policiales en contra de Confidencial, el Cenidh, Popol Na, Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de las Segovias y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

La OACNUDH, que preside la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló en un comunicado que “estos actos, que suceden después de la cancelación de la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil, constituyen, en conjunto, un patrón de violaciones de las libertades fundamentales de expresión y asociación con serio impacto en todos los demás derechos de las y los nicaragüenses”.

Esta “condena” por el comportamiento de la Policía Nacional, que ha allanado las instalaciones de estas ONG, decomisando sus equipos de trabajo, se emite justo cuando hoy se tiene prevista la llegada a Managua de Marlene Alejos, representante de OACNUDH para América Central para  reunirse con el canciller de Estado de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, según información divulgada por la OACNUDH en sus redes sociales.

El 12 de diciembre pasado la OACNUDH condenó en un comunicado la cancelación de las personerías jurídicas, y considera que esta medida “confirma la progresiva reducción y restricción de los espacios de participación democrática y de los derechos políticos y libertades fundamentales de expresión, asociación y de reunión pacífica en Nicaragua”.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sostuvo que “es imperativo que el órgano judicial revierta estas decisiones actuando en el marco de la imparcialidad e independencia”. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) también llamó al Gobierno de Daniel Ortega a terminar con este tipo de acciones.

 “Debe cesar inmediatamente el acoso y la violencia contra los ONG, contra defensores de los derechos humanos. Sólo los regímenes autoritarios restringen derechos fundamentales como el de reunión, de asociación y de expresión”, señaló Almagro en su cuenta de Twitter.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó también la cancelación de las personerías de nueve ONG en Nicaragua, señalando en un comunicado su preocupación al constatar que los argumentos usados para derogar las personerías son “excesivamente” vagos e imprecisos.

“La disolución forzada de las organizaciones civiles, especialmente de las defensoras de derechos humanos, constituye una de las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Además, se trata de una medida que afecta a las personas acusadas y a sus defensores, y estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, señaló Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.

En su pronunciamiento la CIDH “advierte con preocupación que el fundamento de los decretos” dictados para cancelar las personerías “estaría basado en disposiciones excesivamente vagas e imprecisas, sin el debido proceso legal previo, y que otorgan un amplio margen de discrecionalidad al legislador para ser aplicadas en contra de las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los derechos humanos o que son opositoras al Gobierno como una represalia por su labor en el país”.

La CIDH “advierte que la criminalización de las organizaciones defensoras de derechos humanos mediante tipos penales vagos e imprecisos con el objetivo de coartar o realizar represalias por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, es contraria a los estándares interamericanos de derechos humanos y el derecho internacional”.

El  Ministerio de Gobernación (Migob), órgano rector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Nicaragua, ha solicitado  a la Asamblea Nacional, hasta el momento, la cancelación de la personería a nueve organismos señalándoles de usar su esquema organizacional para gestionar, canalizar fondos y apoyar acciones desestabilizadoras en el país.  El Gobierno de Daniel Ortega, controla más de dos tercios de diputados en el Poder Legislativo, lo que permitió cancelar con 70 votos a favor la personarías de esos organismos.

El CIDH enfatizó su “preocupación respecto de que la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones, sin garantías del debido proceso, sea coartar la capacidad de las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Nicaragua”.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) informó a la CIDH que  “las iniciativas presentadas y aprobadas en la Asamblea Nacional responsabilizan a las organizaciones de realizar acciones tendientes a desestabilizar al país o, en el caso del Ieepp, por la comisión de delitos al gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”.

 “Algunos de los representantes de las organizaciones afectadas han tenido que huir de Nicaragua por ser perseguidos o han sido deportados, como es el caso de Ana Quirós, de Cisas. Resulta esencial revisar la normativa invocada en las decisiones del legislativo a la luz de los estándares internacionales y garantizar a los integrantes de las organizaciones sancionadas todas las garantías del debido proceso", expresó al respecto la Comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH.

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