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martes, 4 de diciembre de 2018

Crisis de Nicaragua, reelección de Evo Morales y muerte de Berta Cáceres, a examen de CIDH.


La crisis en Nicaragua, la intención del presidente de Bolivia, Evo Morales, de presentarse a la reelección y el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres centrarán las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra a partir de hoy en Washington.

Uno de los temas estrella del 170 periodo de sesiones será la polémica en torno a Morales, que quiere postularse a las elecciones de su país en 2019 para ser reelegido por cuarta vez.

Un referéndum en 2016 negó a Morales la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar su reelección indefinida, pero el oficialismo logró que en 2017 el Tribunal Constitucional avalara esta pretensión amparándose en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De esa forma, en su audiencia, la CIDH evaluará si ese artículo 23 de la Convención, que salvaguarda los derechos políticos, permite a Morales volver a presentarse. La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), no emitirá una decisión en la misma audiencia, sino que dará a conocer su opinión de carácter no vinculante en un comunicado conjunto al final de este periodo de sesiones.

Otro de los asuntos que marcará la agenda de la Comisión será la reciente condena de siete de las personas que participaron en el asesinato en 2016 de Berta Cáceres. 

La sentencia, emitida por una corte de Honduras la semana pasada, tiene un sabor agridulce debido a que la familia pide que se investigue a los "autores intelectuales" de su muerte, es decir, a los dueños de la empresa DESA (Desarrollos energéticos), que construía la presa a la que se oponía la líder ecologista.

La audiencia, sin embargo, no se centrará en el proceso legal en Honduras, sino que servirá para evaluar si el Estado hondureño está protegiendo a la familia de la líder ecologista y a su equipo legal, tal y como pidió la CIDH al emitir unas medidas cautelares en 2016, tras el asesinato. 

Además, entre el miércoles y el jueves, la CIDH recibirá denuncias sobre la "detención arbitraria" en Venezuela, la "represión" en Nicaragua y el incremento de agresiones a defensores de los Derechos Humanos en Colombia en el contexto de aplicación del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.

La Comisión también evaluará el progreso que han hecho las autoridades colombianas y ecuatorianas para resolver el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio en una zona colombiana fronteriza con Ecuador. 

Por otro lado, la CIDH ha convocado en este periodo una sola audiencia de "oficio", es decir, fijada por iniciativa propia ante una situación grave.

En esa vista de "oficio", la Comisión recibirá denuncias de violaciones de derechos humanos de los integrantes de las "caravanas" migratorias que han puesto rumbo a EE.UU. desde diferentes lugares de Centroamérica, en un intento por huir de la violencia y la pobreza.  En un duro comunicado emitido en octubre, la CIDH ya pidió a los "Estados concernidos", sin mencionar a México y EE.UU., que protegieran los derechos de los migrantes centroamericanos.

La Comisión consideró que, si bien los Estados pueden establecer sus medidas migratorias, "estas políticas, leyes y prácticas deben respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes y solicitantes de asilo, que son derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana".

La audiencia de la "caravana" no contará con la presencia de los representantes gubernamentales de México y EE.UU.

Pero, esos Estados tendrán que responder sobre la protección que otorgan a los migrantes en otras audiencias: EE.UU. deberá explicar por qué está deportando a los defensores de los migrantes; mientras que México rendirá cuentas por la desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

El estado de Tamaulipas, en la ruta migratoria hacia EE.UU., ha sido escenario de algunas de las peores masacres contra migrantes, como la ocurrida en 2010 en el municipio de San Fernando con el asesinato de 72 personas, la mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala.

La CIDH tiene el mandato de promover la defensa de los derechos humanos en el continente americano y, con ese objetivo, celebra varios periodos de audiencias al año.

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