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jueves, 13 de diciembre de 2018

Daniel Ortega se las cobra. Manda a anular personería de Cinco, Ipade y otros.


La mayoría parlamentaria sandinista, integrada por 70 diputados, han aprobado este jueves la cancelación de la personería jurídica de cinco Organismos No Gubernamentales (ONG), entre ellos, la del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), que preside Mauricio Zúniga.

Las otras organizaciones que se les ha cancelado su personería esta mañana son la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigida por Hayde Castillo; la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río), dirigida por Amaro Ruiz y la Fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal, dirigida por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano.

El fundamento legal enviado por el Ministerio de Gobernación (Migob), para justificar la anulación de la personería jurídica de Cinco, establece en su punto número 3 que este ONG incumplió con sus obligaciones legales y estatutarias al no contar actualmente con una junta directiva vigente, ya que la última venció el 25 de abril de este año.

Además, el Migob señala que Cinco no reportó al ente regulador sus estados financieros del período 2017, violentando los artículos 13 inciso f) y el artículo 21 de la Ley N° 147, y el artículo 8 del propio cuerpo estatutario de Cinco. El punto 5 del fundamento legal del Migob indica que Cinco "desnaturalizó su personalidad jurídica al no actuar apegados a los fines y objetivos por los cuáles se constituyeron en organismo sin fines de lucro y por el que se les otorgó la personalidad jurídica".

El punto 6 de dicho documento agrega que "en base a la información proporcionada por el Migob, se utilizó el esquema organizacional del Cinco para la comisión de actos ilícitos y violentar el orden público, promover campañas de desestabilización en el país, apoyando, promoviendo, facilitando e incitando a la afectación de la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses, con la cantidad de acciones cometidas para la desestabilización del país".

Cabe recordar que Haydé Castillo, del Instituto de Liderazgo de las Segovias, fue bajada de un avión por autoridades policiales el 14 de octubre de este año, en el aeropuerto internacional de Managua y fue llevada a las celdas de El Chipote y luego liberada.

El Poder Legislativo le ha dado al Instituto de Las Segovias 72 horas para entregar sus libros y sellos; y todos sus bienes, previa liquidación, pasarán al Estado, si en los estutos de esta organización no se haya estipulado nada al respecto.

Los argumentos del Migob para justificar la anulación de la personería jurídica de la fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal, plantean que esta organización no tiene junta directiva vigente y que no ha presentado sus estado financieros.

La solicitud para cancelar las personerías a las cinco ONG ha sido presentada esta mañana con carácter de urgencia por el diputado sandinista Filiberto Rodriguez, a solicitud del Ministerio de Gobernación.

En su exposición de motivos el Ministerio de Gobernación establece que una vez cancelada la personería jurídica al Ipade, los bienes de este organismo pasarán a ser parte de a Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) "para un uso adecuado", y en un término de 72 horas, los directivos del Ipade deben remitir información de liquidación de bienes. Es el primer caso donde se precisa el destino de los bienes de un organismo al que le cancelan su personería jurídica.

Hasta el momento el parlamento nicaragüense, controlado por una mayoría de diputados sandinistas, ha cancelado la personería jurídica a nueve ONG. Este miércoles 12 de diciembre, le fue anulada la personería al Centro Nicaragüense de derechos Humanos (Cenidh), que dirige Vilma Núñez de Escorcia y al organismo Hagamos Democracia, que preside Luciano García.

El pasado 11 de diciembre el parlamento de Nicaragua también le canceló la personería jurídica al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que dirige Félix Maradiaga.

El pasado 29 de noviembre la Asamblea Nacional anuló la personeria jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), que dirigía la feminista Ana Quirós, quien tres días antes había sido expulsada hacia Costa Rica, por órdenes del gobierno de Nicaragua.

“Nos han golpeado, pero no nos duele”, declaró desafiante la doctora Vilma Núñez, presidenta del Cenidh. “A un organismo serio de derechos humanos no lo disuelve, ni tampoco nuestro compromiso ni acompañamiento al pueblo de Nicaragua, una resolución de órganos sin autonomía e independencia”. La veterana defensora de derechos humanos salió de su espacio de trabajo para dirigirse a la prensa nacional e internacional a denunciar que el Cenidh fue víctima de una “cancelación exprés” de su personería jurídica.

Pocas horas después de la cancelación de la personería jurídica del Cenidh, las principales organizaciones defensoras de derechos humanos del mundo se solidarizaron con la doctora Núñez y su equipo.

“Indignado por la cancelación de la personalidad jurídica del Cenidh y de Hagamos democracia (personería cancelada en la misma sesión parlamentaria). Mi apoyo a todas las organizaciones de derechos humanos que trabajan en contextos restrictivos”, externó Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. “Silenciar a la sociedad civil no puede acabar con las legítimas aspiraciones de miles de personas en Nicaragua”, añadió.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó la mañana de este miércoles a la sede del Cenidh, de acuerdo a la doctora Núñez. Mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó en su Twitter al Parlamento ortegusita.

“Inaceptable la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de anular la personería jurídica de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil como Cenidh y Hagamos Democracia. Silenciarlas es propio del autoritarismo”, expresó Almagro.

Por su parte, la influyente Amnistía Internacional declaró que resulta “extremadamente alarmante” que las organizaciones con la trayectoria y la legitimidad de Cenidh “estén siendo perseguidas”. “Al cancelar su registro, el Gobierno deja a la gente de Nicaragua indefensa, impidiendo que las organizaciones representen a las víctimas o luchando por sus demandas de justicia y responsabilidad. Hoy es un día muy triste para la defensa de los derechos humanos en la región”, zanjó Amnistía Internacional.


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