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viernes, 7 de diciembre de 2018

Demandan incluir a Ortega en “lista negra” de derechos humanos.


Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluir al Gobierno de Daniel Ortega en una “lista negra” de los países que más incumplen con los estándares internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos. Se trata la inclusión del país en el Capítulo IV de su informe anual sobre la grave situación de derechos humanos.

Las organizaciones nacionales participaron en una audiencia pública de la CIDH, en Washington, Estados Unidos. El Gobierno de Nicaragua se ausentó de esta audiencia.

“Consideramos que el quiebre al Estado de derecho que atraviesa el país amerita una respuesta diferenciada y un seguimiento minucioso”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), durante la audiencia pública, realizada este jueves en Estados Unidos.

La inclusión de un Estado en el Capítulo IV es una entrada deshonrosa al ranking de países violadores de derechos humanos. Es una especie de “lista negra” de los países que más incumplen con los estándares internacionales y nacionales en esta materia. Sin embargo, la comisión siempre es muy acuciosa y cuidadosa en tomar esta decisión.

“Nicaragua estuvo mucho tiempo durante la época de la revolución, incluida en el Capítulo IV. Después cuando triunfo el Gobierno de doña Violeta y luego durante los demás gobiernos, se retiró al Estado nicaragüense de este capítulo. 

El Cenidh, desde que asumió Ortega, cuando vio el retroceso en esta materia y cuando había limitado el funcionamiento de las instituciones del Estado, empezó a solicitarlo y siempre quedó pendiente”, explicó Núñez en el programa televisivo Esta Noche.

Núñez consideró que en esta ocasión la Comisión tiene que ser coherente con la valoración que ha realizado antes sobre la situación nacional. Además, en la audiencia pública hubo aceptación e incluso una fuerte ponderación de parte de la CIDH acerca de la crisis que afecta el país.

“Ponderación y preocupación que fue secundada de manera firme por la representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marlene Alejos, lo cual hasta cierto punto es excepcional, pues existe máxima preocupación de los órganos de protección internacional de derechos humanos sobre lo que ocurre aquí”, aseguró la presidenta del Cenidh.

Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH, tomó nota de las peticiones de las organizaciones participantes de la audiencia y dijo que están discutiendo el Capítulo IV del informe global.

Las organizaciones nicaragüenses también solicitaron a la CIDH, la visita inmediata del relator especial de Libertad de Expresión, Edison Lanza, ante el aumento de la represión en contra de los periodistas y medios de comunicación.

“En este sentido, demandamos también que la CIDH, a través de sus comisionados, exijan el cese inmediato a la represión; documenten la crisis que atraviesa Nicaragua a partir de visitas in situ y demanden que los y las defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestro rol, libres de bloqueos y persecución”, manifestaron a través de un comunicado las organizaciones nacionales.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, afirmó que en Nicaragua la situación se deteriora con el pasar de los días y que no existe un día en que este organismo no reciba una denuncia de violación de derechos humanos en el contexto de la represión en la crisis que se ha instaurado.

“El ambiente de intimidación persiste, las personas no viven en plena situación de libertad, viven en un ambiente de restricción en sus derechos. Entre las distintas fases de la represión está la instalación de un estado policial”, dijo Abrao.

El secretario de la CIDH reafirmó que el estado de derecho en Nicaragua está deteriorado y que los decretos de la Policía Nacional, prohibiendo las protestas y estableciendo requisitos para manifestarse, además de las leyes usadas para restringir la propiedad privada y acusar a las personas de terrorismo, son una evidencia de la situación crítica en el país. 

“Si la CIDH también empieza a sufrir consecuencias con un discurso de odio que se instaló dentro del Estado, imagínate la situación que está adentro. Para atacar a la propia Comisión en su labor de denunciar, se utilizan medios, los más bajos posibles. La situación de este país es mucho más agobiante”, reiteró Abrao.

Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH, mostró su preocupación por la situación de los presos políticos del país. Expresó que se siente abrumada cuando ve noticias y conoce de las sanciones que han impuesto a los estudiantes y miembros del movimiento ciudadano.
“Existe una falta de garantía a los debidos procesos. 

Existe una justicia eficaz contra los ciudadanos que son acusados de terrorismo por ejercer su derecho a la protesta, pero no así con las familias de los 325 muertos. Nosotros vamos a seguir de manera permanente. Reiteramos al Estado de Nicaragua que responda las solicitudes de información y que permita visitar las cárceles e ir a los juicios y poder hacer el seguimiento correspondiente”, dijo Urrejola.

La comisionada de la CIDH también se refirió a la situación de los derechos humanos de los Misquitos en la Costa Atlánticas, asimismo señaló los problemas que ocurren en sectores urbanos y rurales, así como con los movimientos indígenas. Marlene Alejos, representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresó durante la audiencia “Nicaragua: represión y violaciones a los DDHH”, que hay menos manifestaciones y protestas en el país, pero que “lejos de ser un signo de vuelta a la normalidad, parece ser consecuencia de las acciones del Estado para eliminarlas”.

“Es muy preocupante hostigamiento y amenazas contra periodistas y trabajadores de medios no alineados con posiciones del gobierno”, afirmó Alejos en la audiencia.
La representante de la Oficina de la Alta Comisionada expresó su “profunda preocupación” porque en Nicaragua continúa la represión, criminalización de defensores, detención de líderes sociales y otras personas asociadas a las protestas.

“Desde el primero de septiembre, cuando el Gobierno dio por concluida la labor de la misión, desde nuestra oficina hemos dado seguimiento a la situación. Hemos remitido comunicaciones de carácter confidencial al gobierno de Nicaragua sobre casos relevantes de violaciones a los derechos humanos. También hemos publicado en dos ocasiones boletines mensuales señalando patrones de violaciones observadas”, reiteró Alejos.

La representante de la Oficina regional de la Alta Comisionada, realizará una visita la próxima semana a Managua, para explorar condiciones adecuadas que permitan trabajar en el país.

“Está demostrado el interés de la oficina de la Alta Comisionada de mantener canales de comunicación abiertos con el Gobierno”, finalizó Núñez.

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