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viernes, 21 de diciembre de 2018

EE. UU prepara lista de implicados en represión.


El secretario de Estado, Mike Pompeo, presentará al Congreso de Estados Unidos, en consulta con Inteligencia, un informe sobre la vinculación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, miembros del Consejo Supremo Electoral, Asamblea Nacional y del sistema judicial, en actos de corrupción pública y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

Una parte de esa información será clasificada, pero otra parte estará a disposición del público, según establece la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que firmó este jueves el presidente de EE. UU., Donald Trump.  

La ley pretende presionar al Gobierno de Nicaragua para restablecer la democracia en el país, con sanciones que van desde el bloqueo de fondos, la revocación de visas a funcionarios, hasta el bloqueo de préstamos en los organismos internacionales.

En un plazo de 180 días, el secretario de Estado presentará un informe sobre la participación de altos funcionarios del Estado de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero. El presidente Donald Trump impondrá sanciones a quienes estén implicados en ese tipo de hechos, según la ley.

El Secretario de Hacienda de los EE. UU. deberá instruir a la Dirección Ejecutiva en cada institución financiera internacional, para que vote en contra de la extensión de préstamos a Nicaragua y usar su influencia para que los otros países también se opongan.

Las instituciones mencionadas son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta disposición no se aplicará cuando el préstamo sea para atender necesidades básicas, derechos humanos o la promoción de la democracia.

En un plazo de 180 días después de la promulgación de esta ley el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos informará a los congresistas sobre el resultado de estas medidas, precisa la legislación.  

La ley expresa la necesidad de celebrar elecciones anticipadas en Nicaragua, que cumplan con los estándares democráticos y permitan observación electoral internacional creíble; el cese de la violencia contra civiles de parte de la Policía Nacional e investigaciones independientes para resolver los casos de asesinatos de manifestantes.

Incluye, además, investigar y responsabilizar a los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y otras personas responsables por las muertes de individuos asociados con las protestas en Nicaragua que comenzaron en abril.

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