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sábado, 15 de diciembre de 2018

EEUU estrecha el cerco contra el régimen de Daniel Ortega con la NICA Act.


Por Judiht Flores / Sólo falta la firma del presidente Donald Trump para que el proyecto de Inversión y Condicionalidad a Nicaragua, conocido como NICA Act se convierta en ley, luego de su aprobación en ambas cámaras, la de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.

Con la rúbrica del Presidente, el régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentará nuevas sanciones del Gobierno de Estados Unidos. La legislación impone condiciones específicas al régimen sandinista, garantiza que el gobierno de la nación centroamericana responda por la corrupción sistemática, violaciones de derechos humanos y asalto al orden democrático.

La Ley contempla la designación de sanciones a individuos por medio de bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.

La restricción al acceso de préstamos que solicite el gobierno de Nicaragua a las instituciones financieras internacionales, es otro de las sanciones que incluye la ley NICA, con excepción de proyectos dirigidos a promover la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense. La congresista Ileana Ros-Lehtinen anunció que la Ley NICA fue firmada por el presidente de la Cámara, Paul Ryan. El último paso es la firma del presidente Trump.

La Ley Nica establece “mayor responsabilidad contra los abusos atroces cometidos por Ortega y sus títeres. En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos.

En ese mismo sentido, precisó que la Ley persigue presionar a Ortega para que realice elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos, y proteger los derechos humanos de los nicaragüenses. Ortega rehúsa adelantar elecciones y escuchar las demandas de la población. Su respuesta ha sido reprimir dejando un saldo hasta ahora de más de 545 muertos, 674 presos políticos, más de 3.000 heridos, desde que se iniciaron las protestas el pasado 19 de abril.

El senador Ted Cruz, copatrocinador de la iniciativa en la Cámara Alta, explicó que el propósito es llevar a cabo una reforma democrática significativa y combatir los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. Cruz dijo que la legislación por la que trabajaron durante dos años y medio, “envía un fuerte mensaje al régimen de Ortega de que Estados Unidos no permitirá que los regímenes que cometen tales atrocidades y socaven el estado de derecho, se beneficien del financiamiento internacional".

El senador Bob Menéndez, coautor de la Ley NICA, dijo que la conclusión del proceso para convertir el proyecto en Ley, demuestra que el Congreso de los Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras el régimen de Ortega “continúa con su campaña dictatorial dirigida a ejecuciones extrajudiciales (de opositores al régimen), y la represión contra el pueblo de Nicaragua”.

Añadió que con la legislación bipartidista Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices tendrán que rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos y el saqueo de las arcas del Estado para beneficio personal. “Este proyecto de Ley también garantiza que las sanciones de Estados Unidos se centrarán en el régimen de Ortega sin afectar al pueblo de Nicaragua, y ofrece un apoyo muy necesario para una solución negociada a la crisis”, aseguró el senador Menéndez.

La ley Nica se convertirá en la tercera herramienta de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega. Las otras dos que ya han sido empleadas contra seis altos funcionarios del régimen sandinista, es la Ley Global Magnitsky Act (Glomag), y la Orden Ejecutiva que firmó el presidente Trump, que declara al Gobierno de Nicaragua como “una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos y autoriza al Departamento del Tesoro a actuar contra los implicados en la crisis política nicaragüense, responsables de abusos a los derechos humanos y actos de corrupción.

A partir de entonces la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), abrió el programa de sanciones relacionados con Nicaragua, tras la Orden Ejecutiva presidencial. Estrenaron ese programa Rosario Murillo, la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, y Néstor Moncada Lau, el asesor de Seguridad Nacional, de quien según indican las evidencias, ha encubierto delitos atribuidos al presidente, de agresión sexual contra menores.

La OFAC, es la oficina administrativa destinada a ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, individuos hostiles o empresas vinculadas a actividades de terrorismo, narcotraficantes y la proliferación de armas de destrucción masiva. Rafael Cárcamo, coordinador de la Diáspora nicaragüense, dijo que la Ley NICA impactará la economía en Nicaragua debido a la reducción de la inversión, que ha mermado desde el 19 de abril, producto de la respuesta de Ortega a las demandas de cambio de la población.

Ortega ha organizado y financia los grupos paramilitares que operan públicamente con armas de uso exclusivo del Ejército, en complicidad con la Policía Nacional, secuestrando a opositores en las calles del país, lo que ha provocado la caída del turismo, el comercio y la producción.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguirre, dijo que las pérdidas económicas en el país desde que inicio la crisis en abril, superan los $1.300 millones.

Para Cárcamo, otro rubro que se verá afectado son las remesas, esto luego de informaciones publicadas que indican que bancos estadounidenses podrían retirar sus servicios de corresponsalías en Nicaragua.

El régimen sandinista lejos de encontrar una salida a la crisis continúa con la persecución y el secuestro de opositores, acoso a medios de comunicación y periodistas, y el cierre de una decena de Organizaciones No Gubernamentales.

Sobre ese tema se refirió el portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Robert Palladino, que condenó por medio de una declaración escrita, la cancelación de personerías jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales, y el hostigamiento a medios de prensa independientes.

“Ortega y Murillo continúan degradando las instituciones de su país en un intento desesperado por mantenerse en el poder. Las medidas arbitrarias y antidemocráticas desacreditan aún más el régimen de Ortega ante los nicaragüenses y el mundo. Estados Unidos continúa apoyando al pueblo de Nicaragua en su búsqueda por restaurar la democracia a través de elecciones anticipadas, libres y justas”, expresó el funcionario.

Al mismo tiempo, exhortó a la comunidad internacional a sumarse a la condena del régimen sandinista ante el comportamiento antidemocrático.


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