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sábado, 15 de diciembre de 2018

El chavismo envenena al mundo.


Por Alberto Valenzuela /  La frase, más allá de las obvias consecuencias políticas que el denominado “socialismo del siglo XXI” ha tenido para la región, tiene un basamento científico incuestionable: el uso del mercurio para la explotación del oro en el Arco Minero de Venezuela encierra secuelas tangibles en el orden de la salud y el medio ambiente, que repercuten mucho más allá de las fronteras del país sudamericano.

Esta grave situación tiene lugar cuando la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se ha comprometido a erradicar el uso del mercurio en la explotación minera y fabricación de productos para 2020. Pero entre la voluntad de los gobiernos y el poder de las mafias, existen vacíos que están impactando con fuerza sobre el ecosistema del planeta y sus daños lucen irreparables. En esa zona gris se refugia justamente la dictadura de Nicolás Maduro.

El Convenio de Minamata sobre el mercurio, promovido por Naciones Unidas, en alusión a los sucesos de contaminación por este metal ocurridos en esa ciudad de Japón, en 1956, ha sido ratificado hasta ahora por 21 países de América Latina y el Caribe. El régimen venezolano no se ha sumado al mismo. 

Sin dudas, el mayor reto, más allá de las ratificaciones y discursos de buenas intenciones, es que se cumpla el principio del pacto, adoptado en 2013: erradicar la contaminación por mercurio cuyo efecto sobre las fuentes hídricas trae efectos nocivos sobre las personas.

El objetivo, además, es que el mercurio deje de aplicarse en la elaboración de las cosas más simples de la vida diaria, desde una batería para un juguete, las amalgamas dentales a la explotación aurífera. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) actualizó sus pautas de efluentes dentales en 2017 para reducir las descargas de mercurio de los consultorios odontológicos, un ejemplo en consonancia con los principios del convenio.

Entre 2010 y 2015 aumentaron en 20% las emisiones globales de este metal tóxico en la atmósfera, de acuerdo con la Evaluación Mundial del Mercurio 2018 de Naciones Unidas. América del Sur fue una de las regiones donde se reportaron mayores incrementos. 

Asia y África subsahariana fueron otras de las zonas donde el elevado uso del mercurio impactó en el medio ambiente. Con China a la cabeza en su feroz cruzada por dominar la economía, la contaminación, no solo por mercurio, se ha convertido en un dolor de cabeza para los impulsores de una mayor regulación ecológica global.

El Gobierno chino, no obstante, se ha sumado a la lista de grandes países contaminantes que ratificó el convenio al igual que Estados Unidos.
Por América Latina, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Surinam y Uruguay, firmaron y ratificaron el convenio que entró en vigor el 16 de agosto de 2017.

En una región rica en yacimientos mineros, cuencas hidrográficas y reservas forestales, la acogida de legislaciones como la de Minamata puede contribuir a generar políticas internas más rigurosas en materia de preservación ambiental. Pero a medida que en Venezuela se intensifica la explotación de yacimientos de oro con el uso de mercurio por parte de mineros artesanales, y en el sur de Colombia y Perú los ambientalistas hablan de “ecocidios” por esta misma práctica, gobiernos como el venezolano no terminan por adherirse a esta legislación, en muchos casos por los efectos legales en su proyecto económico.

Durante el mandato del expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) se aprobaron varias normativas y leyes que buscan frenar el uso de mercurio. Ese país sudamericano tiene una de las mayores tasas de liberación de este metal por habitante, proveniente de la minería artesanal del oro a pequeña escala y de la extracción ilegal, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Una de las leyes “planteó eliminar el uso de mercurio en la minería, el plazo máximo para erradicar su utilización acaba de vencer en julio de 2018. La industria deberá conseguir lo mismo para 2023”, afirmó el exministro colombiano de Ambiente, Luis Gilberto Murrillo en un artículo en el que defendía lo clave de ratificar el Convenio de Minamata.

En Venezuela la rica franja de minerales del denominado Arco Minero del Orinoco, ubicada en el sureño estado Bolívar, es un dolor de cabeza para los grupos ecologistas locales y líderes de la oposición, quienes ven este plan de explotación de oro una gran amenaza a las reservas naturales de la zona. 

Los expertos en materia ambiental descartan que el régimen venezolano, por ahora, ratifique el convenio porque iría en contra del macroproyecto económico con el que el dictador Maduro apunta a salvar su “socialismo del siglo XXI”. Con la apertura a la minería en 2015 de una zona de 70.000 mi² (112.000 km²) en el estado Bolívar, Maduro abrió las puertas a consecuencias que ya son visibles: cientos de millas de terrenos deforestados o contaminados de mercurio, explican desde SOS Orinoco, una organización no gubernamental de ecólogos y activistas del medio ambiente venezolano.

“Está en alto riesgo la preservación de espacios vitales que garantizan la producción de energía hidroeléctrica –más de 62% de la electricidad de Venezuela-, las reservas de agua dulce y potable más importantes del país, la diversidad étnica cultural y la biodiversidad”, advierte un informe de SOS Orinoco presentado a la UNESCO este año y que busca encender las alarmas por los daños al Parque Nacional Canaima, un Patrimonio de la Humanidad situado en el estado Bolívar.  

Cuando América Latina y el Caribe parecen encaminados a un esfuerzo conjunto por el desarrollo sostenible, el régimen venezolano camina en dirección contraria. Quienes lo apoyan se convierten también en cómplices del daño ecológico que provoca.

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