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jueves, 20 de diciembre de 2018

El impacto de la Nica Act.


Tomado de Confidencial / “Es un golpe devastador”, catalogó Norman Caldera, excanciller de la República, en ocasión de la aprobación del Congreso. Para Caldera, la Nica Act resulta tan nociva para el régimen de El Carmen porque hay un efecto combinado con la Orden Ejecutiva del presidente Trump que sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, y a esto se agrega la reunión que este miércoles sostendrá el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le da seguimiento a la crisis sociopolítica.

La Nica Act fusionada con las enmiendas de los senadores Ted Cruz, Bob Menéndez y Marco Rubio establece no solo el condicionamiento de préstamos para Nicaragua en organismos multilaterales, sino que impondrá sanciones a funcionarios y exfuncionarios del régimen Ortega Murillo involucrados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.

La nueva ley se agrega a la Orden Ejecutiva, descrita por Caldera como una acción que “amplía el círculo para incluir a ciudadanos, empresas norteamericanas, a los residentes en Estados Unidos que antes no estaban en las sanciones anteriores. Amplía, también, la definición de las personas sancionables para incluir a los cómplices”, explicó.

El excanciller sostuvo que los “cómplices” de los que habla la Nica Act (también llamada Magnitsky Nica) son aquellos que prestan testimonios falsos en los juicios contra ciudadanos querellados por terrorismo, crimen organizado, asesinatos, entre otros delitos para criminalizar su participación en las protestas contra la dictadura. “También son cómplices jueces y otros que aplican la ley incorrectamente”, advirtió.

La Nica Act conmina a que, en un plazo de 180 días posterior a su aprobación, el Secretario de Estado presente a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero.

Abarca a miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial. Además, advierte a “personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso en o con respecto a Nicaragua, que son utilizados por el Gobierno de Nicaragua para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.


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