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domingo, 30 de diciembre de 2018

El objetivo de la dictadura sandinista es coartar la libertad de expresión.


Tomado de Confidencial / La persecución del régimen contra los manifestantes ha provocado el éxodo de más de 50.000 nicaragüenses en ocho meses de crisis en Nicaragua, la mayoría ha emigrado a Costa Rica que ha recibido más de 40.000 solicitudes de refugio, según informes del gobierno costarricense.

William Marín, es un joven político que participó en las protestas. La persecución del régimen sandinista lo obligó a refugiarse. “La situación del país es muy crítica, desalentadora, miles de personas sin empleo, la economía afectada fuertemente, la persecución y arrestos ilegales es el pan de cada día. 

Eso sería totalmente desmotivador si no es por la firma del Nica Act y el informe del GIEI, eso nos regresa la esperanza de volver (a Nicaragua) a todos los que estamos en el exilio, estamos muy seguros de que esto presionará mucho al régimen y obligará a ceder en varias peticiones”, aseveró Marín, que señala que los inmigrantes viven momentos muy difíciles fuera de Nicaragua.

 “Estoy lleno de esperanza, pero a la vez me preocupa porque Ortega es una persona muy terca, desinteresada en el país, y junto a Murillo la situación es peor, el temor es que su afán, orgullo y ambición los haga endurecer más la dictadura y esto de paso a que se consolide una lucha armada, ya existen muchos grupos armados y personas que se están organizando en ese sentido, de suceder esto terminaremos en una guerra civil, donde se destruirá más el país y habrá más pérdidas de vidas, se ha logrado avanzar mucho a través de la lucha cívica, pero el régimen cada día ha ido endureciendo y reprimiendo con mayor fuerza a la población, haciendo sentir que no existe alguna posible salida cívica y pacífica a la crisis”, manifestó Marín.

El gobierno organizó cuerpos paramilitares que operan en coordinación de la Policía, la institución que esta a cargo de los escuadrones de la muerte, revela el argumento de las sanciones designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo; y a Nestor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional, el pasado 27 de noviembre. Ambos son señalados de violaciones a los derechos humanos, corrupción, y de estar involucrados en financiar y ordenar la represión.

Otros cuatro altos funcionaros del gobierno de Ortega han sido sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ellos son el exjefe del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; Francisco López, exvicepresidente de Albanisa, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua; y Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial y jefe de la Policía.

El presidente de Estados Unidos firmó el pasado 20 de diciembre la Ley de sanciones contra el régimen Ortega Murillo, conocida como la Nica Act.

Las sanciones están encaminadas a dos objetivos específicos: uno, evitar la aprobación de créditos a la dictadura Ortega Murillo en las instituciones financieras internacionales, para prevenir que los fondos sean desviados para financiar actos de represión contra el pueblo de Nicaragua. La Ley exceptúa el financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.

El segundo objetivo, está dirigido a individuos (personas, organizaciones y empresas nacionales y extranjeras) involucrados en actos de corrupción significativa y violaciones a los derechos humanos. Las sanciones contemplan el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.

El gobierno de Estados Unidos ha suspendido visas a decenas de funcionarios del régimen sandinista y sus familiares que gustaban de viajar a EEUU para hacer compras.

La crisis sociopolítica ha ocasionado millonarias pérdidas economicas, que ascienden a más de $1.300 millones. Más de 400.000 puestos de trabajo se han perdido, y las estimaciones indican que la economía podría presentar un decrecimiento del nueve por ciento al cerrar el 2018, según el informe del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). La empresa privada valora que la crisis se agudizará en el 2019.

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