Tomado de Confidencial / La persecución
del régimen contra los manifestantes ha provocado el éxodo de más de 50.000
nicaragüenses en ocho meses de crisis en Nicaragua, la mayoría ha emigrado a
Costa Rica que ha recibido más de 40.000 solicitudes de refugio, según informes
del gobierno costarricense.
William
Marín, es un joven político que participó en las protestas. La persecución del
régimen sandinista lo obligó a refugiarse. “La situación del país es muy
crítica, desalentadora, miles de personas sin empleo, la economía afectada
fuertemente, la persecución y arrestos ilegales es el pan de cada día.
Eso
sería totalmente desmotivador si no es por la firma del Nica Act y el informe
del GIEI, eso nos regresa la esperanza de volver (a Nicaragua) a todos los que
estamos en el exilio, estamos muy seguros de que esto presionará mucho al
régimen y obligará a ceder en varias peticiones”, aseveró Marín, que señala que
los inmigrantes viven momentos muy difíciles fuera de Nicaragua.
“Estoy lleno de esperanza, pero a la vez me
preocupa porque Ortega es una persona muy terca, desinteresada en el país, y
junto a Murillo la situación es peor, el temor es que su afán, orgullo y
ambición los haga endurecer más la dictadura y esto de paso a que se consolide
una lucha armada, ya existen muchos grupos armados y personas que se están
organizando en ese sentido, de suceder esto terminaremos en una guerra civil,
donde se destruirá más el país y habrá más pérdidas de vidas, se ha logrado
avanzar mucho a través de la lucha cívica, pero el régimen cada día ha ido
endureciendo y reprimiendo con mayor fuerza a la población, haciendo sentir que
no existe alguna posible salida cívica y pacífica a la crisis”, manifestó
Marín.
El gobierno
organizó cuerpos paramilitares que operan en coordinación de la Policía, la
institución que esta a cargo de los escuadrones de la muerte, revela el
argumento de las sanciones designadas por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, a la esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo; y
a Nestor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional, el pasado 27 de noviembre.
Ambos son señalados de violaciones a los derechos humanos, corrupción, y de
estar involucrados en financiar y ordenar la represión.
Otros cuatro
altos funcionaros del gobierno de Ortega han sido sancionados por corrupción y
violaciones a los derechos humanos. Ellos son el exjefe del Consejo Supremo
Electoral (CSE), Roberto Rivas; Francisco López, exvicepresidente de Albanisa,
la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Fidel Moreno, secretario
político del Frente Sandinista en Managua; y Francisco Díaz, consuegro de la
pareja presidencial y jefe de la Policía.
El
presidente de Estados Unidos firmó el pasado 20 de diciembre la Ley de
sanciones contra el régimen Ortega Murillo, conocida como la Nica Act.
Las
sanciones están encaminadas a dos objetivos específicos: uno, evitar la
aprobación de créditos a la dictadura Ortega Murillo en las instituciones
financieras internacionales, para prevenir que los fondos sean desviados para
financiar actos de represión contra el pueblo de Nicaragua. La Ley exceptúa el
financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades
básicas del pueblo nicaragüense.
El segundo
objetivo, está dirigido a individuos (personas, organizaciones y empresas
nacionales y extranjeras) involucrados en actos de corrupción significativa y
violaciones a los derechos humanos. Las sanciones contemplan el bloqueo de
activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos,
propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y
penalidades económicas.
El gobierno
de Estados Unidos ha suspendido visas a decenas de funcionarios del régimen
sandinista y sus familiares que gustaban de viajar a EEUU para hacer compras.
La crisis
sociopolítica ha ocasionado millonarias pérdidas economicas, que ascienden a
más de $1.300 millones. Más de 400.000 puestos de trabajo se han perdido, y las
estimaciones indican que la economía podría presentar un decrecimiento del
nueve por ciento al cerrar el 2018, según el informe del Consejo Superior de la
Empresa Privada (Cosep). La empresa privada valora que la crisis se agudizará
en el 2019.
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