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sábado, 1 de diciembre de 2018

Empresarios privados reclaman a Ortega. Denuncian que derechos constitucionales están suspendidos.


El sector privado en Nicaragua denunció públicamente que los derechos constitucionales están suspendidos en el país, y solicitan al gobierno de Nicaragua reanudar el Diálogo Nacional que adicione a garantes internacionales.

“Los derechos constitucionales se encuentran de hecho suspendidos cuando constatamos que en forma cotidiana personas, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas independientes, siguen siendo capturados, acosados, asediados y perseguidos en forma ilegal”, señala el pronunciamiento de los empresarios de Nicaragua difundido este viernes.  

La posición de los empresarios ha sido divulgada de manera conjunta por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico (Funides).

Los empresarios afirman que “de igual manera los derechos a la concentración y movilización cívica y pacífica han sido proscritos, ya que el gobierno ha cerrado todo espacio para ejercer estos derechos, agravándolo con la reiterada presencia policial en diversos puntos del país”. 

“Condenamos las acciones de intimidación policial contra Jaime Arellano, Miguel Mora, Verónica Chávez, Carlos Salinas, Álvaro Montalván y otros periodistas de medios independientes y de manera particular el ultraje y ensañamiento judicial que se dio contra Luis Sánchez Sancho”, indican los empresarios en su comunicado.

Las agrupaciones empresariales también denuncian “el hostigamiento policial a miembros y familiares de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de organizaciones de la sociedad civil, así como la captura y enjuiciamiento ilegal de dirigentes campesinos y universitarios, la detención y expulsión arbitraria de Ana Quirós, y la cancelación de la personería jurídica y confiscación de bienes y congelamiento de cuentas del organismo CISAS, todo lo cual profundiza la inseguridad ciudadana y jurídica”.

Las organizaciones de la empresa privada insisten en que las graves violaciones a derechos humanos, los procesos y juicios políticos contra centenares de nicaragüenses que están privados de libertad y otros que se han visto empujados al exilio forzado, han provocado una división profunda en la sociedad de Nicaragua, lo cual no abona a un clima de reconciliación y paz permanente y verdadera.

 “Advertimos que las posibilidades de recuperación económica y de restaurar la confianza de los agentes económicos y sociales, se ven opacadas al continuar tomadas propiedades privadas de manera ilegal y delictiva en detrimento del empleo, la producción y la seguridad jurídica, propia de los estados democráticos de derecho”, expresa la posición de los empresarios.  

Así mismo proponen que para evitar las consecuencias negativas que estas situaciones ineludiblemente están significando para los nicaragüenses, es fundamental la voluntad del gobierno para encontrar una solución democrática, cívica y pacífica a través de la reanudación del Diálogo Nacional que adicione garantes internacionales.

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