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viernes, 21 de diciembre de 2018

GIEI desmiente al canciller Moncada.


Menos de 24 horas después de su expulsión de Nicaragua, los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se preguntan todavía el porqué de la decisión del Gobierno. 

De lo único que están seguros es que los argumentos del régimen son “mentiras”. Entre los razonamientos del canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres está que el GIEI vino a Nicaragua a “contribuir, ayudar y coadyuvar” en las investigaciones del Gobierno, “no a sustituir a las instituciones de Nicaragua”.

Sin embargo, el italiano Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI, aseguró que no coadyuvaron al régimen, porque este no quiso, ya que casi dos veces por semana les enviaban una carta para solicitar información, pero el Gobierno nunca respondió. “Les enviamos varias comunicaciones pidiendo reuniones y encuentros con el jefe de la Policía, con la Fiscalía, con la presidenta de la Corte (Suprema) de Justicia, acceso a los expedientes, que nos informen sobre tal incidente”, y no tuvieron respuesta, recuerda.

 “Estamos muy sorprendidos por la falta de profesionalidad de parte del ministro Moncada, por poner argumentos falsos ante la opinión pública. Es una mentira que no quisimos coadyuvar. La opinión pública tiene que conocer que quien tenía la pelota, en ese sentido, era el Gobierno”, resaltó Incalcaterra, quien trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), otro de los organismos expulsados del país por el régimen orteguista.

Para el argentino Pablo Parenti, miembro del GIEI, “cuando el Gobierno es perpetrador de crímenes no quiere que lo controlen, que lo vengan a inspeccionar. Es una reacción de todos los Gobiernos que comenten crímenes”. Agregó que al negar la información sobre los casos, el régimen orteguista “está confesando ser autor de los crímenes”.

“Les estuvimos pidiendo información todo el tiempo, entrevistar a las familias de policías muertos y saber cómo ocurrió eso. Evidentemente el Gobierno no está interesado que se conozca la verdad, y no está interesado en que lo controlen y dar respuestas”, expresó.

El GIEI fue creado a través de un acuerdo tripartito entre el Gobierno de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La guatemalteca Claudia Paz y Paz señaló que el Gobierno aceptó el acuerdo porque “Nicaragua en ese momento —junio pasado— estaba sin control, necesitaban ganar tiempo. Ganaron tiempo y control, y luego se cerraron”.   Manifestó que el Gobierno que “firmó tenía un poder, el que nos recibió (en julio pasado) tenía otro poder y el que nunca nos volvió a recibir en agosto tenía otro poder”.   

Otro de los argumentos del régimen para la expulsión es que nunca recibió una respuesta del secretario general de la OEA y secretario ejecutivo de la CIDH, sobre una propuesta de proyecto de protocolo de actuación de la GIEI. Sin embargo, los miembros del Grupo desmintieron tal afirmación al mostrar el documento con la respuesta de la OEA.

El canciller Moncada afirmó en un programa de un medio oficialista que el GIEI desde un inicio pretendió “sentar, precisamente, su forma de actuación injerencista, intervencionista y casi como decir, venimos a sustituir a la Policía, venimos a sustituir al Ministerio Público, a la Fiscalía y venimos a sustituir a los tribunales de Justicia”.

Así mismo en un documento de la Cancillería se afirmó que “las actuaciones del GIEI contravienen nuestra Constitución política, el Código Procesal Penal, y las leyes orgánicas Ministerio Público y la Policía Nacional”.

Incalcaterra descartó que hayan realizado investigaciones paralelas, ya que lo único que hicieron fue recopilar información y contrastarla para elaborar un informe final, que será presentado este viernes en Estados Unidos, puesto que el Gobierno les prohibió hacerlo en Nicaragua. 

“Lo que está en el informe es lo que nosotros pudimos contrastar y chequear con el mayor número de fuentes posibles, en el contexto de lo que el Estado nos dejó. Esto no quiere decir que sea todo el panorama”, indicó el especialista.

“Las instituciones nicaragüenses no están en condiciones de investigar. El sistema de justicia de este país no está en condiciones de garantizar justicia”, sentenció.  Junto al GIEI fueron expulsados de Nicaragua los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento a la Situación de Nicaragua (MESENI) de la CIDH, que fue instalado en Nicaragua desde junio pasado para monitorear en terreno la situación de derechos humanos en Nicaragua.

La expulsión de ambas misiones se da en el marco de un recrudecimiento de los ataques contra organismos nicaragüenses de derechos humanos y medios de comunicación, en el que el régimen a través de su mayoría en la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de nueve ONG, y la Policía Nacional asaltó y se tomó por la fuerza las instalaciones del semanario Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

En un operativo coordinado, los policías asaltaron las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación del Río, Popol Na, el Instituto de Liderazgo de las Segovias y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), que son parte de las ONG “ilegalizadas” por el régimen.
Para Parenti, la expulsión de ellos y el MESENI “es un episodio más de una cadena. Es un camino que el Gobierno obviamente está tomando, sacándose de encima cualquier organismo de control”.

“Lo del Cenidh fue algo brutal. Matar un organismo de derecho humanos es dejar a las personas desamparadas. Es un mensaje hacia las víctimas: ahora vuelven a estar solas”, destacó el argentino.

“Las normas de Derechos Humanos y los organismos de control que los verifican, son elementos incomodos para los gobiernos, sobre todo para un Gobierno perpetrador de violaciones de los derechos humanos”, subrayó.

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