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jueves, 27 de diciembre de 2018

OEA conoce el informe del GIEI que confirma crímenes de lesa humanidad.


La Organización de Estados Americanos (OEA)  presentó este jueves en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, la situación que vive Nicaragua, tras la expulsión de las misiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La sesión  de hoy  fue solicitada por las misiones de siete países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, y su agenda es la “consideración de la situación en Nicaragua“, así como la presentación ante el Consejo Permanente del informe elaborado por el GIEI, prohibido por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Managua, tras la expulsión de su misión.

El informe, que fue presentado en Washington, sostiene que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega y Murillo ha incurrido en delitos de lesa humanidad, durante la represión a las protestas cívicas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, que fue el período observado por este organismo.

Para entonces, se contabilizaban 109 muertos por la represión orteguista contra los ciudadanos, que recrudeció en los próximos meses, elevando la cifra a 325 muertos confirmados, aunque algunos organismos de derechos humanos en Nicaragua hablan de más de 500. A la fecha, más de 600 nicaragüenses permanecen encarcelados como presos políticos del régimen. Además, más de 3000 fueron heridos, aún hay decenas de desaparecidos y alrededor de 60 000 se han autoexiliado, huyendo de la persecución política.

El GIEI además recomienda investigar al Ortega y a directores, subdirectores y jefes departamentales de la Policía Nacional, además de otros funcionarios, como la ministra de Salud, Sonia Castro, por su responsabilidad en los hechos de violencia.

Fuentes diplomáticas aseguran que la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, fue la encargada de presentar el informe; mientras que el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, detalló la situación en Nicaragua tras la salida de ese país de los organismos internacionales.

Tras la cancelación de la personalidad jurídica de nueve organizaciones sin fines de lucro, en menos de quince días, incluyendo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la dictadura de Ortega y Murillo dirige ahora su escalada represiva en contra de la prensa independiente.

El pasado 13 de diciembre, las oficinas de Confidencial, Revista Niú, Esta Semana y Esta Noche fueron asaltadas por la Policía Nacional, y ocupadas militarmente al día siguiente. Además, ordenó el cierre de 100% Noticias y procesa a su director, Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.

La fabricación de delitos contra los periodistas también ha alcanzado a los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, y el comentarista Jaime Arellano, contra los cuales se ha girado orden de captura.

El pasado 19 de diciembre, el Gobierno de Nicaragua dio por concluida la presencia en el país de los representantes del Meseni, que vigilaba la situación de los derechos humanos y del GIEI, que tenía como objetivo ayudar en las investigaciones judiciales, lo que supuso en efecto su salida de dichos organismos.

En la sesión, los Estados miembros de la OEA se posicionaron sobre la salida de Managua de los mecanismos de la CIDH, así como sobre el informe elaborado por los expertos.

Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia de Ortega, y que el Gobierno ha ilegalizado, a través de un estado policial de facto, para impedirlas.

Costa Rica presidio la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada con el fin de tratar la crisis en Nicaragua, en la cual expondrá los “atropellos a los derechos humanos”.

La Cancillería de Costa Rica anunció que la sesión sería presidida por su embajadora ante la OEA, Montserrat Solano, en su calidad de vicepresidenta en ejercicio del Consejo Permanente de la organización.  “Costa Rica levantará su voz para denunciar la reiterada escalada de atropellos contra los derechos humanos y las libertades en Nicaragua“, expresó en un comunicado la ministra interina de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar.

El pasado 24 de diciembre, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, declaró que espera que más países se pronuncien ante la escalada de la represión en Nicaragua, donde en las últimas semanas se están viendo afectados en mayor medida periodistas y medios de comunicación.

“Espero que más países se involucren activamente sobre todo con esta escalada de hechos, los últimos contra la libertad de prensa, los periodistas y los medios”, declaró Alvarado a los periodistas después de una actividad oficial.

El mandatario recordó que durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Guatemala en noviembre pasado, Costa Rica fue el único país que se pronunció sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril.
“Hemos sido consistentes. Costa Rica fue el único país que levantó la voz en la Cumbre Iberoamericana y recibimos epítetos no muy agradables” por parte del Gobierno de Nicaragua, manifestó Alvarado.

El presidente aseguró que Costa Rica seguirá defendiendo los valores democráticos y exponiendo la crisis de Nicaragua en foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Panamá insistirá en la sesión extraordinaria de la OEA en su llamado a un “diálogo constructivo” como vía para superar una crisis que ha recrudecido en las últimas semanas, con la “persecución” de varias ONG y “violaciones a la libertad de expresión”.

En la sesión del jueves el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Salvador Sánchez, reiterará la posición expresada por el país como miembro del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente del organismo tras la expulsión de dos mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

El Grupo de Trabajo condenó enérgicamente el pasado día 20 la decisión del Gobierno de Daniel Ortega “de suspender la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de las visitas de la CIDH”.

También “la decisión unilateral y abrupta de declarar la expiración anticipada del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

El Gobierno de Chile expresó su solidaridad con Nicaragua ante el agravamiento de la crisis política en ese país y la intensificación de la represión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Así lo afirmó el canciller Roberto Ampuero al referirse a la participación de Chile, junto a otros seis países de la región, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ampuero recalcó que Chile expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense “que aspira al diálogo y la reconquista de las libertades cívicas en ese país hermano”.
Por su parte, el embajador chileno ante la OEA, Hernán Salinas, sostuvo que la OEA está jugando un rol de liderazgo en esto y Chile también a través del Grupo de Trabajo, ejerciendo la vicepresidencia de la instancia.

“Junto a otros países respetuosos de los derechos humanos y de la democracia representativa en la región, estamos cooperando en relevar el tema en el seno de la OEA y, por otro lado, buscando en el plano multilateral acciones para que el régimen de Ortega vuelva al diálogo, esto sin perjuicio de lo que puedan hacer otras entidades y estados trabajando unilateralmente”, añadió Salinas.


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