
Lozano,
quien es la vicepresidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de la
Asamblea Nacional, argumentó que esa estrategia del régimen de Nicolás Maduro
era una forma de " “cercenar la libertad de expresión acallando a la
disidencia”, apunta el medio en base a una nota de prensa.
El tema ha salido a
colación tras la reciente condena contra el exguardaespaldas del fallecido
presidente Hugo Chávez, teniente Alejandro Andrade Cedeño, quien deberá pagar
10 años de cárcel en los Estados Unidos tras declararse culpable del lavado de
1.200 millones provenientes de la corrupción en Venezuela.
NTN24
refiere que el caso de Andrade involucra directamente al dueño del canal
televisivo Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, quien ahora es prófugo de la
justicia estadounidense, y que habría adquirido dicho medio de comunicación a
un costo de 90 millones de dólares “en una oscura negociación que probablemente
no resista una auditoría independiente”, tal como comentó la parlamentaria.
“Las
mafias chavistas de enchufados y testaferros socios utilizaron la compra o
creación de diversos medios de comunicación audiovisuales o impresos en varios
lugares del país, entre ellos Globovisión, El Universal y la Cadena Capriles,
para instaurar la hegemonía comunicacional del régimen, con el fin de terminar
de destruir la libertad de expresión en Venezuela”, argumentó Lozano.
De igual
manera recordó, indica el medio de prensa, que los gobierno de Chávez y Maduro
instauraron mecanismos de persecución, asfixia y censura a los medios de
comunicación independientes a través de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL), la Corporación Maneiro y la judicialización de
investigaciones periodísticas.
Lozano dijo que “medios de comunicación que no
se venden o arrodillan al régimen comunista son atacados y sancionados por
CONATEL, la Corporación Maneiro no le da acceso a papel periódico, o sus
periodistas son acusados y condenados por los tribunales chavistas”.
Subrayó que
la Asamblea Nacional trabaja en un proyecto legislativo presentado por la
fracción parlamentaria de Voluntad Popular, denominado “Ley de Recuperación de
Activos Producto de la Corrupción”, un instrumento que pretende “una vez
reinstaurada la democracia en el país, puedan incautárseles los múltiples y
variados bienes que ha acumulado la clase gobernante junto a sus testaferros y
socios así como las cuentas bancarias, tanto en Venezuela como en el exterior”.
“Esos patrimonios multimillonarios, esas fortunas amasadas a la sombra y con la
complicidad de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello,
Tarek
El Aissami y Francisco Rangel Gómez, entre otros miembros
escandalosamente mafiosos y corruptos de la cúpula dictatorial, tienen que ser
devueltos al Estado venezolano para reinvertirlos en la recuperación económica
de la nación”, concluyó la parlamentaria.
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