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jueves, 20 de diciembre de 2018

“Somos independientes. Nuestras denuncias sobre derechos humanos incomodan a Nicaragua”.


A mediados de mayo los vecinos de la ciudad de Masaya –bastión de la resistencia contra el presidente Daniel Ortega– recibieron como héroes a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los visitaron para recabar testimonios sobre lo sucedido en esa ciudad en el marco de la represión contra las protestas que desde abril exigían el fin del Gobierno sandinista. Llantos, abrazos, gritos de libertad salían de la boca de centenares de personas que veían en la visita una solución a la crisis.

En aquel momento el Ejecutivo sandinista se mostró dispuesto a colaborar con los técnicos de al CIDH, explica Antonia Urrejola (Santiago de Chile, 1968), relatora para Nicaragua de ese organismo de la OEA. “Nadie tenía muy claro qué estaba pasando, y eso de alguna manera permitió que nosotros pudiésemos ir a Nicaragua y hacer las visitas”, afirma Urrejola en entrevista desde Santiago de Chile, donde reside.

Pero con el paso del tiempo, y mientras la CIDH documentaba y denunciaba las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos, el Gobierno se negó a colaborar con sus técnicos, hasta que el miércoles decidió expulsarlos de Nicaragua tras acusarlos “divulgar información falsa” para perjudicarlo.

La expulsión se produjo un día antes que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hiciera público el informe de 400 páginas sobre los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas, y el 30 de mayo, día de una de las peores masacres ocurridas en el marco de la represión. La tarde del miércoles el canciller nicaragüense Denis Moncada “sugirió”, tras despachar a los integrantes del GIEI, que no se publicara el informe.

P. ¿Fue la presentación de este informe del GIEI el motivo para la expulsión del equipo de la CIDH de Nicaragua?

R. El Gobierno adelantó una decisión que me imagino que estaba evaluando con anterioridad. No creo que haya sido lo decisivo. El GIEI no puede presentar su informe en Managua, lo que tiene cierto simbolismo y nos parecía muy importante para las víctimas, pero el Gobierno no puede impedir que ese informe sea público. Hemos visto en las últimas semanas una escalada en la represión. Han ido suprimiendo cualquier espacio de denuncia pública y, por lo tanto, esta decisión de suspender la misión temporalmente –uso los términos que el propio Gobierno nos dio–, se enmarca en ese contexto.

P. Terminaron ustedes siendo víctimas de la represión del Gobierno contra las organizaciones de la sociedad civil.  

R. No diría que la Comisión es víctima. Las víctimas son quienes están hoy día en las cárceles, quienes han sido asesinados por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y los paramilitares. También hay víctimas policías en esta situación: la Comisión ha documentado 25 policías muertos, de los 325 muertos que hemos documentado.

P. El Gobierno los acusó de divulgar información falsa para promover sanciones contra Nicaragua.

R. Me parece lamentable que digan eso, pero no me extraña. En los argumentos que da el Gobierno parece desconocer cómo funcionan los órganos de la OEA y los órganos de Naciones Unidas. 

En la nota de Cancillería se indican una serie de expresiones que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha hecho con relación a Nicaragua y el presidente Ortega, a partir de lo que acusan al secretario general como injerencista y establecen que somos una plataforma para realizar de alguna manera la labor injerencista del secretario general de la OEA.

Quisiera recordarle al Estado de Nicaragua que la CIDH, si bien es un órgano de la OEA, es un órgano autónomo. Nosotros no recibimos instrucciones ni del Secretario general, ni de los estados miembros de la OEA. Tenemos autonomía completa. Lo más fácil es atacar nuestros informes y señalar que somos injerencistas o una plataforma de propaganda política, porque hemos denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y eso incomoda.

P. ¿Hubo apertura del Gobierno para que ustedes pudieran realizar su trabajo en Nicaragua?  

R. Hubo un cambio en la actitud del Estado. Cuando visitamos por primera vez Nicaragua el 17 de mayo tuvimos colaboración total de parte del Gobierno. Pudimos reunirnos con las autoridades con las que nos interesaba recibir información, visitamos otras ciudades de Nicaragua, estuvimos en algunas cárceles. Debo decir con toda honestidad que vimos una colaboración total de parte del Estado para la realización de esa visita. Posteriormente volví a Nicaragua y esa colaboración, si bien estaba un poquito más difícil, siguió existiendo. 

Pero desde junio la colaboración empezó a tener más obstáculos. Las solicitudes nuestras para poder visitar la cárcel de “El Chipote” eran demoradas y condicionadas. A mediados de julio el Estado se cerró completamente. Dejamos de poder visitar cualquier recinto o tribunales. Nosotros permanentemente mandamos notas diplomáticas con solicitudes y no recibimos respuestas.

P. Coincide con el endurecimiento de la represión.  R. 

Efectivamente. Creo que al comienzo de las protestas, cuando había una movilización muy fuerte en las calles y el número de personas asesinadas era bastante alto, nadie, ni el Gobierno, tenía muy claro hacia dónde iba ni qué estaba pasando, y eso de alguna manera permitió que nosotros pudiésemos ir a Nicaragua. A partir de lo que se llama la “Operación Limpieza” hubo una estructura represiva más organizada y coordinada. 

Luego se comenzó a criminalizar a los líderes estudiantiles, campesinos, hubo detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas, con procesos que no cumplen con las garantías mínimas y denuncias por no tener acceso a abogados. Luego se fue reprimiendo a los periodistas y a las organizaciones de derechos humanos y finalmente sacándonos a nosotros del país. Hay una secuencia de cómo se han ido cercenando los espacios de disidencia.

P. ¿Cree que las violaciones a los derechos humanos aumenten tras la salida de la CIDH de Nicaragua?

R. Nuestra mayor preocupación es que se consoliden ciertas situaciones de falta de libertad de expresión, que cualquier posición pública de disidencia y oposición sea acallada. Aunque no estemos en Nicaragua vamos a continuar nuestro monitoreo, porque tenemos distintos mecanismos. Tenemos un mandato, que es monitorear la situación de los derechos humanos en todas las Américas y Nicaragua es una prioridad para nosotros.

P. ¿Por qué Nicaragua es una prioridad? ¿Las violaciones a los derechos humanos son más duras que otros países?

R. No quisiera hacer una “ránking”, pero sí es cierto que para nosotros hay ciertos países sobre los que estamos permanentemente haciendo seguimiento. Todos los estados violan los derechos humanos, hasta los estados más democráticos y que tienen la mayor voluntad, pero hay algunos que están en alerta y Nicaragua y Venezuela están entre ellos.

P. ¿Hay una salida a esta crisis de derechos humanos en Nicaragua?

R. Es una pregunta tan difícil. Yo vengo de un país que vivió una dictadura brutal, con más de mil desaparecidos, torturados y exiliados, yo misma vengo de una familia que fue víctima. Estuvimos 17 años con una dictadura y finalmente se logró salir de una manera, entre comillas, pacífica, hacia una democracia, con todas las críticas que hoy día se hacen contra ese proceso. 

Las historias de los países son todas diversas y no me atrevería a pronosticar qué va a pasar en Nicaragua, pero sí me preocupan mucho las salidas violentas de los países, porque la violencia solo genera más víctimas y lamentablemente es que en situaciones como las que están pasando en Nicaragua los muertos siempre son los más pobres.

Entiendo que hablar de un diálogo en Nicaragua es muy ingenuo, entiendo que muchos nicaragüenses hasta se sentirían ofendidos si yo digo que el diálogo es la única salida posible, porque hay una situación de politización, con un Gobierno que claramente no quiere dialogar ni abre ningún espacio, pero sigo creyendo que hay que buscar siempre salidas pacíficas.

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