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miércoles, 2 de enero de 2019

Con periodistas encarcelados y activistas escondidos, Nicaragua entra en un nuevo 'reinado del miedo'.


Tomado del  Washington Post / Por Ismael López -  Los reporteros de un sitio de noticias en línea están escribiendo sus historias en lugares secretos. Los editores de la única red de noticias de 24 horas del país han sido encarcelados. Y los empleados de una importante organización de derechos humanos han escapado a las montañas.

"Tengo 80 años y no estoy en condiciones de subir a las montañas, ni siquiera para salvar mi vida", dijo Vilma Núñez, una reconocida abogada que fundó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

En las últimas semanas, las fuerzas del presidente Daniel Ortega han lanzado una ola de represión contra los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación periodísticos que está ahogando lo poco que queda de la democracia en este país centroamericano.

El gobierno recientemente  despojó a nueve grupos de la sociedad civil de su posición legal y se apoderó de sus activos. Las organizaciones de noticias que critican a la administración Ortega han sido cerradas, y algunos editores han sido acusados ​​de delitos, incluida la conspiración para cometer actos terroristas.

"El gobierno está tratando de cerrar toda disidencia política e imponer un reino de miedo y terror, apuntando a sus oponentes", dijo Paulo Abrão, director de la comisión de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La represión marca una nueva etapa en los esfuerzos del gobierno por destruir  un movimiento de protesta que surgió en abril y se convirtió en gigantescas manifestaciones para exigir la renuncia de Ortega. La policía y las fuerzas paramilitares respondieron abriendo fuego contra los manifestantes. Según la comisión de la OEA, 324 personas han muerto en el levantamiento. El gobierno pone el peaje en 198, incluyendo 21 muertes de policías.

En diciembre, un panel de investigadores independientes nombrado por la OEA concluyó que las acciones de las fuerzas de seguridad de Nicaragua podrían considerarse  crímenes de lesa humanidad . Pidieron una investigación de Ortega, señalando que la campaña coordinada y sostenida por parte de la policía nacional "solo podría explicarse por una decisión tomada por las máximas autoridades" del país. También instaron a una investigación de la dirección de la policía y el poder judicial.

Las autoridades expulsaron a los investigadores del país poco antes de que se emitiera el informe. El gobierno respondió a sus conclusiones acusando a los investigadores de ignorar la violencia mortal de los manifestantes. También alegó que estaban "haciendo eco de las políticas del Gobierno de los Estados Unidos de América contra Nicaragua".

Durante meses, el gobierno ha perseguido a las personas directamente involucradas en las manifestaciones, arrestando a más de 400 y provocando que miles huyan del país. Ahora está intensificando su campaña contra las organizaciones de noticias y grupos sin fines de lucro que considera simpatizantes de las protestas.

Jaime Chamorro, editor del diario más influyente del país, La Prensa, dijo en una entrevista que los ataques a los medios de comunicación fueron peores que la  censura que tuvo lugar en la década de 1980 , cuando el gobierno sandinista de izquierda estaba luchando contra los rebeldes contra los estadounidenses.

Entonces, notó, una guerra estaba en marcha. "Pero, ¿cómo justifica el cierre de los medios de comunicación de hoy, cuando estamos viviendo en paz?", Preguntó.

Ortega , ahora de 73 años, fue una de las figuras más importantes del movimiento rebelde sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979. El antiguo luchador marxista lideró el gobierno hasta 1990, cuando perdió las elecciones presidenciales.

En los próximos años, mientras los donantes internacionales intentaban fortalecer la democracia en Nicaragua, se establecieron más de 4,000 grupos cívicos, según  Felix Madariaga , director de un centro de estudios en Managua, formado por Harvard, en el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Políticas Públicas.

Ortega fue reelegido en 2006 y comenzó a consolidar el poder. Hoy, junto con su esposa, el vicepresidente Rosario Murillo, prácticamente controla muchas instituciones estatales, incluidos los tribunales, la Asamblea Nacional, la policía y el consejo electoral.

A falta de fuertes partidos de oposición, los grupos cívicos y los medios de comunicación se han convertido efectivamente en una fuerza política importante, dijo Madariaga. Por eso es tan importante que el gobierno de Ortega esté tomando medidas enérgicas contra esos grupos, dijo en un panel reciente organizado por el grupo de expertos del Diálogo Interamericano en Washington.

Cuando estallaron las protestas en abril, "la sociedad civil había despertado. "La prensa realmente estaba jugando un papel fundamental para dinamizar a la población en su búsqueda de la libertad", dijo Madariaga.

El portavoz de la prensa extranjera del gobierno y otros funcionarios nicaragüenses no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero el gobierno ha dicho que las protestas equivalieron a un "golpe suave" apoyado por sus oponentes, incluidos los de los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación. Entre los que busca arrestar está Madariaga, acusando de que él financió y entrenó a los manifestantes. Él niega las acusaciones.

Las acciones gubernamentales más recientes apuntan a algunas de las instituciones cívicas y mediáticas más prominentes del país, muchos de cuyos líderes tienen vínculos históricos con el movimiento sandinista. Por ejemplo, Confidencial, un sitio de noticias independiente, está  dirigido por Carlos Fernando Chamorro , un hijo de una de las familias políticas más famosas de Nicaragua y el único editor del periódico sandinista Barricada. Fue cerrado el 14 de diciembre. Una semana más tarde, la estación de televisión por cable 100% Noticias se vio obligada a abandonar el aire , y dos de sus editores fueron encarcelados.

La Prensa continúa operando, pero su editor, Jaime Chamorro, el tío del director de Confidencial, dijo que el gobierno lo estrangula financieramente.
"Por encima de todo, han bloqueado nuestras importaciones de papel y tinta", dijo. "Sólo tenemos suficiente para operar durante dos meses".

Ocho meses después de su inicio, las protestas contra el gobierno se han extinguido en gran medida. Pero no está claro si las medidas cada vez más represivas del gobierno mantendrán a Ortega en el poder hasta la próxima elección, en 2021.

La economía, que había estado creciendo constantemente en los últimos años, se contrajo en alrededor del 4 por ciento en 2018 debido a que la agitación política afectó al turismo y otras empresas.

Y la presión internacional está creciendo. El 20 de diciembre, el presidente Trump promulgó una ley que apunta a bloquear nuevos préstamos a Nicaragua por parte de instituciones financieras internacionales. Su administración ya había  anunciado sanciones contra altos funcionarios nicaragüenses, entre ellos Murillo, el vicepresidente.

Mientras tanto, la  OEA está considerando penalizar a Nicaragua por violar las normas democráticas, un proceso que podría llevar a sanciones o a que el país sea suspendido de la organización.

Hoy en día, casi nadie prevé el surgimiento de un movimiento rebelde respaldado por extranjeros como el que combatió a los gobiernos de la región en los años ochenta. Pero en Nicaragua, "hay una tradición en todos los lados del armamento improvisado", dijo Geoff Thale, un especialista en América Central en la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de investigación y defensa. “No se obtiene una guerra civil de eso, pero podría obtener una resistencia violenta. Esa es una preocupación, especialmente en el campo ".

Por ahora, los asediados periodistas están tratando de encontrar una manera de seguir publicando las noticias. Las oficinas de Confidencial han sido ocupadas por la policía, pero los reporteros continúan actualizando el sitio web, trabajando desde ubicaciones no reveladas.  "Hemos improvisado una sala de redacción alternativa", dijo un reportero, Wilfredo Miranda. "Estamos trabajando por control remoto".

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