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miércoles, 16 de enero de 2019

Nicaragua 2019: la fase post-Ortega se acelera

Por  Oscar-René Vargas - Vivimos en un escalofriante mundo bananero, con presuntos elementos modernos; un mundo absolutamente divorciado de la democracia, con sus imparables feminicidios y víctimas de la trata de personas y de las actividades ilícitas; con una corrupción inmensa e inmune; y con una desigualdad social inadmisible e inhumana, creada por la alianza del régimen con los políticos tradicionales.

El actual sistema económico-político ha generado corrupción, depredación del medio ambiente (Bosawás e Indio Maíz), inseguridad jurídica y entrega de los recursos naturales que conforman nuestro patrimonio nacional (Lago Cocibolca con el tratado Ortega-Wang Jing). Ortega-Murillo son los que tienen el malintencionado propósito de conservar el poder a cualquier precio.

Existe la posibilidad de mayores movimientos sociales como consecuencia de la corrupción de las élites y la mala administración. La mayoría de las protestas sociales han sido pacíficas, pero pueden volverse violentas si la frustración con las élites políticas y económicas crece, o si el gobierno Ortega-Murillo sigue utilizando la represión generalizada contra las protestas pacíficas.

Si bien en algunas partes de Nicaragua hay algunos avances en el desarrollo económico, principalmente en las carreteras, en la mayoría de las zonas continúa el descontento contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la impunidad, factores que nutren altos niveles de tensión social.

Descontento, desigualdad, corrupción, élites depredadoras. En un clima peligroso, como el actual, la suma de todos estos factores ponen en peligro la estabilidad y la gobernabilidad del régimen.

Para la gran mayoría de la población es inaceptable la impunidad de la que gozan los policías y paramilitares que han reprimido, torturado y asesinado a los ciudadanos.

La percepción general de la impunidad reinante durante los últimos diez meses, se encuentra respaldada por el Informe del GIEI y las declaraciones del exmagistrado Solís. La impunidad es uno de los principales lastres para el estado de derecho y el desarrollo económico de Nicaragua.

De persistir las causas del malestar social y la represión indiscriminada, muchos ciudadanos de diversos sectores, frustrados, pueden tomar, nuevamente, las calles, para desfogar su indignación y alejarse de las formas tradicionales de hacer política.

 El enlace de las movilizaciones sociales y las luchas por derechos democráticos es estratégico. Solo con esta convergencia se afianzarán los derechos humanos y se crearán los vínculos indispensables con las nuevas resistencias a favor de los derechos políticos y sociales.

El mundo laboral está convulsionado por las pérdidas de más de 400 mil puestos de trabajo. En otros sectores sociales se verifica un estado en ebullición y rechazo al régimen (profesionales, propietarios de pequeñas y medianas empresas). La crisis de los bancos se acelera: cierran 37 sucursales, la cartera de mora o de riesgo se triplica, despiden a 364 empleados y la masiva fuga de capitales ha alcanzado niveles récord.

El mismo torbellino se observa en el partido de gobierno, dado la inseguridad de la permanencia del régimen Ortega-Murillo. Los dilemas de los militares son igualmente críticos para el devenir de la institución castrense.  La capitulación de los partidos comparsas suscita crecientes repudios entre la población.

Lo ocurrido en los últimos meses altera radicalmente el contexto político nacional. El régimen Ortega-Murillo afronta una crisis sociopolítica profunda, preservando un insignificante margen de acción. Las declaraciones de Solís muestran que comienza a perderse la cohesión desde arriba, la homogeneidad de criterios comienza a quebrantarse con las opiniones de algunos miembros del gran capital.

La denuncia de Solís es un golpe duro al gobierno Ortega-Murillo. En mi criterio, la renuncia fue un acto premeditado y pensado, no ha sido una decisión tomada de un día para otro. Por lo tanto, fue dispuesto con tiempo y preparado poco a poco. Esto significa que él debe haberse llevado archivos y expedientes confidenciales, ya sea de forma digital o fotocopias, para negociar su asilo e inmunidad en el país que sea.

Por lo tanto, es de esperarse dos cosas: a) el destape de actos de corrupción o acciones ilícitas que permitan la justificación de la aplicación de la ley Magnitsky Nicaragua a algunas personas en concreto; b) la renuncia o las renuncias de algunos funcionarios en cualquiera de las instituciones del Estado.

Ambos elementos debilitan aún más al gobierno Ortega-Murillo al crear zozobra, ansiedad y desasosiego entre los principales cuadros del gobierno por desconocer exactamente los secretos que Solís puede revelar y las consecuencias que puedan tener a nivel personal.

El gobierno Ortega-Murillo puede reaccionar, en teoría, de dos maneras: a) abrir una negociación con nuevos garantes y facilitadores (México y el Vaticano, por ejemplo) antes de una próxima reunión de la OEA para evitar la aplicación de la Carta Democrática; b) aferrarse al poder y no negociar, siguiendo la lógica del poder o la muerte, hipótesis que no hay que descartar dado que Ortega-Murillo saben que cualquier proceso de negociación sería para establecer la manera o la forma de su salida del poder.

Los sectores progresistas afrontan serios desafíos: defender los espacios políticos frente a la andanada represiva desatada por el régimen; encontrar caminos prácticos de confluencia con otras fuerzas sociales que resisten para conformar un frente común; reforzar la construcción de una alternativa de poder y ver de qué manera se puede participar en las futuras negociaciones, así como qué demandas se presentan sin romper con el movimiento social.

La apuesta inicial del régimen Ortega-Murillo a la desmoralización de los movimientos sociales ha quedado atrás. Ahora se juega la carta de la represión frente a la rebeldía popular para neutralizarlo. Se afianza la imagen de un gobierno que atropella a los ciudadanos, que quiere negociar una salida sin perder poder. Si el gobierno no logra dar una solución satisfactoria al movimiento social en la nueva coyuntura, la erosión desde arriba irrumpirá con la misma intensidad que las rebeldías por abajo.

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