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jueves, 3 de enero de 2019

Redes sociales fueron clave para informe del GIEI.


Por Carlos F. Chamorro / Franco Valdivia Machado estiró su mano frente a la cámara de un celular para mostrar un proyectil encontrado en las cercanías del parque central de Estelí. 

Era el 20 de abril y el joven, que llevaba un cubre boca, explicaba cómo los manifestantes que protestaban en el centro de esa ciudad habían sido brutalmente reprimidos por la Policía Nacional y los grupos de choque leales al liderazgo del Frente Sandinista. Eran las cinco de la tarde. Unas horas después, a las nueve de la noche, Franco Valdivia, de apenas 24 años, moría por el impacto de una bala en su cabeza.

Su video –que en su momento se hizo viral– sirvió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH para esclarecer lo ocurrido durante las manifestaciones que exigían el fin de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es un testimonio valioso que ayudó a determinar que en Nicaragua hubo crímenes de lesa humanidad tras la represión desatada por el régimen contra los manifestantes.

El GIEI denunció en el informe de 485 páginas presentado en Washington a finales de diciembre que desde que comenzaron a trabajar en Nicaragua para esclarecer lo sucedido entre el 18 de abril y el 30 de mayo, no tuvieron el apoyo de las autoridades para hacer sus investigaciones. 

El Gobierno, dijeron los expertos, “negó sistemáticamente la información requerida por el GIEI, así como cualquier posibilidad de relacionamiento (sic) con otras instituciones del Estado”.

Por lo tanto, concluyen, el GIEI “no pudo, en todo su mandato, desarrollar la labor de coadyudancia a las investigaciones penales, prevista en el Acuerdo”, en referencia al documento firmado por la CIDH y el Gobierno, que establecía el compromiso del Ejecutivo de Ortega para colaborar con el trabajo del grupo de expertos. 

A esa negativa de la dictadura se sumó, explican, el hecho de que la violencia se recrudeció durante su estadía en Nicaragua, “lo que significó una seria limitación para llevar adelante el trabajo encomendado”.

Debido a que no contaron con el apoyo del Estado para hacer sus investigaciones, los expertos del GIEI decidió implantar una metodología de trabajo innovadora. Recopilaron información de “fuentes abiertas”, entrevistaron a los familiares de las víctimas, a los supervivientes de la represión, a los exiliados y a testigos que valientemente se acercaron al grupo para contar sus experiencias. Pero el método más llamativo fue el análisis minucioso de los contenidos disponibles en redes sociales. 

El GIEI se acercó a expertos en el análisis de redes, que estudiaron más de tres millones de tuits y más de 10 000 videos disponibles en redes, que fueron las herramientas usadas por los manifestantes para denunciar las violaciones a los derechos humanos y la violencia desatada por el Estado. Es la batalla por la verdad: el registro de la brutalidad de la dictadura, frente a la estigma que Ortega y Murillo quisieron imponer sobre los manifestantes a través de los medios tradicionales que la familia controla.

Los videos rescatados por estos organismos muestran a gente cayendo por el impacto de balas en los barrios más pobres de Managua. En uno de esos videos se muestra la agonía de Ismael José Pérez Vílchez, de 32 años. Una bala le impactó en la mandíbula. Él, junto a un grupo de vecinos del barrio La Fuente, intentaba impedir el saqueo de un supermercado, cuando la Policía llegó a dispararles. 

Con el rostro destrozado y el cuerpo cubierto con su sangre, Pérez Vílchez dio sus últimos estertores. Dejó dos hijas en la orfandad. Su madre, María Ramona Vílchez, asegura que la bala la disparó un oficial de Policía. El crimen sigue en la impunidad.

Mientras la represión se recrudecía en todo el país, Ortega y Murillo desarrollaban una campaña de desprestigio de los manifestantes a través de los canales de televisión que controlan –incluyendo el estatal Canal 6–, así como en el medio “El 19 Digital” y redes sociales. 

Ortega acusó a los manifestantes de intentar perpetuar un “golpe de Estado”, mientras que Murillo, en sus alocuciones diarias, catalogó a los manifestantes como “minúsculos”, “vandálicos”, “plagas”, “delincuentes”, “vampiros”, “terroristas”, “golpistas” y “diabólicos”. “¡No pasarán! los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua”, dijo Murillo el 16 de julio. 

A finales de septiembre una Murillo descompuesta, con los ojos encendidos y la voz pastosa, espetó a la cámara: “¡¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan!?”. Fue ella, según correos oficiales filtrados a CONFIDENCIAL, quien ordenó la dura represión desde el 19 de abril, al ordenar a sus más fieles operadores: “¡Vamos con todo!”

El GIEI explicó que para realizar su informe “se examinaron un gran número de documentos, incluyendo videos, fotografías y artículos periodísticos y material de los medios y redes sociales, muchos de los cuales fueron registrados por la ciudadanía participante en las protestas. 

Solo en material audiovisual se revisaron y analizaron más de 10 mil archivos. El GIEI pudo reunir, analizar y verificar un conjunto amplio de información que le permite llegar a conclusiones razonables para reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias, e identificar posibles responsables”.

En el sitio creado por el GIEI para presentar las conclusiones de sus seis meses de trabajo en Nicaragua, se muestran gráficos relacionados al análisis de la información disponible en redes sociales. En Youtube, además, hay un canal del GIEI en el que están publicados los videos analizados por los expertos, entre ellos el que muestra al joven Franco Valdivia mostrando un proyectil horas antes de ser asesinado.

El GIEI concluye después de su análisis que “el Estado recurrió al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de protesta. Un patrón represivo, que se verificó en distintos momentos y lugares de Nicaragua, fue el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra los manifestantes. Se pudo comprobar que se usaron cartuchos armados con balas de plomo, cuyos calibres se corresponden con distintos tipos de armas, entre las cuales se encuentran fusiles de guerra”.

Los expertos, además, pudieron determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves “son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales”.

Estos hechos –se lee en el informe– se dieron en un contexto en el que desde las máximas autoridades del Estado “se sostuvo un discurso público de estigmatización de las protestas y se exhibió un aval político a la represión”. Por lo tanto, asegura el GIEI, “numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad”.

A mediados de marzo, la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a un “debate nacional” con el supuesto objetivo de “actualizar” leyes penales para “proteger a la niñez y a la familia”, que en realidad encubría un intento de regular las redes sociales. La iniciativa fue amplíamente criticada a través de las mismas redes y espacios de debate en los medios de comunicación independientes.

Hasta finales de marzo, antes de las protestas contra la negligencia del Gobierno ante el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, en Río San Juan, y el posterior estallido social del 18 de abril, la Comisión de la Familia dirigía la “consulta” a puerta cerrada en la Asamblea Nacional.

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