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domingo, 6 de enero de 2019

Una ruta de salida a la crisis nacional.


Por Carlos F. Chamorro / Tomado de Confidencial - IV y última entrega. / “Vamos ganando”, corea la gente en las calles, y en efecto se puede palpar en el ambiente la derrota estratégica del presidente Daniel Ortega como Jefe Supremo de la represión. 

Su fracaso radica en que después de haber perpetrado el peor baño de sangre en la historia nacional en tiempos de paz, lo único que le puede ofrecer al país es la amenaza de seguir en el poder como un dictador temido y sanguinario.

Pero la posibilidad de llegar a 2021 representa un escenario cada vez menos viable para Ortega, no solo porque pese a la represión la protesta cívica se mantiene viva, como una llama que crece y nunca se apaga, sino porque la crisis política que estalló el 18 de abril se ha convertido ya en una crisis económica que a su vez está incubando una crisis social, que también acarrea consecuencias políticas.

Al imponer un patrón de negación e impunidad sobre la masacre, Ortega ha liquidado cualquier posibilidad de convivencia y entendimiento nacional; al eliminar las bases la confianza nacional, ha provocado la peor crisis económica de los últimos 40 años; y al empujarnos hacia el aislamiento total y la condena internacional, ha expuesto al país ante inminentes sanciones políticas y económicas, que podrían acelerar el agravamiento de la crisis económica en los próximos meses.

En una palabra, el mandato de su presidencia está agotado: ya no gobierna, y también se agotó su tiempo como un interlocutor viable para negociar la transición política. Ahora la única salida posible, pacífica y constitucional, pasa por la renuncia de Ortega y Murillo lo más pronto posible.

Después del shock inicial causado por el efecto sorpresa, las sanciones impuestas por el Gobierno y el Senado de Estados Unidos contra la dictadura de Daniel Ortega están provocando un temblor político de alta intensidad en el búnker de El Carmen.

Las consecuencias de esta triple sanción —el decreto de Trump, el castigo a la cogobernante Murillo y al operador número uno del poder, y la ley del Congreso que condicionará al Gobierno el acceso a nuevos préstamos de los organismos multilaterales de crédito— impactarán de forma directa en el esquema de dominio que Ortega mantiene en el Frente Sandinista, el Ejército y los poderes del Estado; e indirectamente en el sector privado y los grandes empresarios, en sus relaciones con el poder.

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