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martes, 12 de febrero de 2019

Cualquiera que no esté con el gobierno es acusado de ser “terrorista” y/o “golpista”.


Por Oscar-René Vargas. Esta afirmación se ha convertido en los últimos meses en una especie de lema bastante recurrente, tan repetitivo como vacío, en la boca de los principales representantes del régimen Ortega-Murillo, y es reiterativo sobre todo en las declaraciones de los voceros oficiales y oficiosos, que suelen acusar a todas las voces disidentes, de pertenecer a los sectores “golpistas”, o estar favoreciendo o haciéndole el juego a los “terroristas golpistas”.

El insistente uso y abuso de esta acusación generalizada, en un inicio resultaba aparentemente defensiva, pero rápidamente se fue convirtiendo en una forma de advertencia, intimidación y amedrentamiento político con consecuencias poco democráticas y más bien de rasgos bastantes autoritarios y/o dictatoriales.

Recordemos que más o menos con los mismos argumentos, en los últimos meses, han sido asediadas, perseguidas, atacadas y clausuradas las organizaciones pro Derechos Humanos, organizaciones sociales indígenas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones ambientalistas y periodistas independientes, por parte de grupos y militantes afines al partido de gobierno y por el mismo régimen Ortega-Murillo.

Asimismo, esta generalización descalificadora, denigrante y difamatoria, presente continuamente en el discurso gubernamental, entre otras características, reeditaría una vieja estrategia discursiva y dictatorial muy utilizada en la época de los Somoza, como es el argumento del “enemigo interno”; un enemigo al que hay que perseguir, reprimir, derrotar y aniquilar. La dictadura somocista aplicó la lógica de “plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos”.

El discurso del “enemigo interno” que antes usaba la dictadura somocista para perseguir y/o eliminar a los militantes del sandinismo histórico y organizaciones de progresistas, en la actualidad viene siendo reciclado por el régimen Ortega-Murillo, para descalificar, acusar y, dado el caso, también perseguir, arrinconar y eliminar a dirigentes y organizaciones sociales que no profesan la visión gubernamental o que expresen opiniones críticas a las políticas públicas que se implementan.

En este sentido, resulta por demás paradójico que un gobierno que dice representar la diversidad sociocultural y lo popular, niegue, descalifique y ataque cualquier otra forma de expresión y opinión pública desde la sociedad, que no concuerde con la suya, acusando de manera groseramente simplona, de ser parte o cómplice de los terroristas y/o golpistas.

Esta estrategia de descalificar toda voz que no comulgue con la “visión” oficialista, acusándola de ser o estar con los “golpistas” termina diluyéndose en una burda generalización. No es sensato, ni ético, ni realista, calificar a toda voz disidente del régimen dictatorial y a toda crítica como parte de un supuesto “golpe de estado”.

¿Acaso los dirigentes campesinos de la lucha contra la concesión canalera que marchan por defender su territorio son “terroristas”? ¿Acaso los indígenas de la Costa Caribe, que también se movilizan exigiendo el derecho de consulta en su territorio, son “golpistas”? ¿Acaso las organizaciones sociales que exigen que se cumpla con la Constitución Política y que se respeten sus derechos son “terroristas”?

¿Acaso los activistas pro defensa de los Derechos Humanos son “golpistas”? ¿Acaso los periodistas que realizan su trabajo independiente y denuncian la corrupción gubernamental son “terroristas”? o ¿Acaso todos los que nos manifestamos contra la dictadura y a favor de la democracia, somos “terroristas” y/o “golpistas”?

Sin embargo, es, precisamente, este discurso el que permite encubrir a un gobierno plenamente derrotado por la población en las calles de las ciudades, que reclaman la salida del poder al régimen Ortega-Murillo.

Entonces, todos los nicaragüenses auto convocados o simplemente con otra visión política, —sea que provengan de parte de sectores y organizaciones sociales de activistas de derechos humanos, de estudiantes, intelectuales y académicos críticos, o sean simplemente ciudadanos que piden libertad para los presos políticos, elecciones anticipadas, regreso de los exiliados, justicia y democracia— son descalificados como terroristas y comprometidos en un “golpe de estado”, y son acusados, apresados y condenados por el simple hecho de reclamar los derechos políticos elementales. ¿Tiene sentido, es serio o al menos mínimamente responsable, descalificarlos, acusarlos de ser “terroristas” o de estar comprometidos en un “golpe de estado”?

Por eso es necesario preguntarse: ¿A cuál “golpe de estado” se refiere la retórica del régimen Ortega-Murillo? Posiblemente se refiere al “golpe de estado” que efectivamente implementó el mismo régimen en alianza con la “nueva clase”, la policía y los paramilitares en contra de los todos los sectores sociales y ciudadanos que adversan a la dictadura.



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