Por
Oscar-René Vargas. Esta afirmación se ha convertido en los últimos meses en una
especie de lema bastante recurrente, tan repetitivo como vacío, en la boca de
los principales representantes del régimen Ortega-Murillo, y es reiterativo
sobre todo en las declaraciones de los voceros oficiales y oficiosos, que
suelen acusar a todas las voces disidentes, de pertenecer a los sectores
“golpistas”, o estar favoreciendo o haciéndole el juego a los “terroristas
golpistas”.
El
insistente uso y abuso de esta acusación generalizada, en un inicio resultaba
aparentemente defensiva, pero rápidamente se fue convirtiendo en una forma de
advertencia, intimidación y amedrentamiento político con consecuencias poco
democráticas y más bien de rasgos bastantes autoritarios y/o dictatoriales.
Recordemos
que más o menos con los mismos argumentos, en los últimos meses, han sido
asediadas, perseguidas, atacadas y clausuradas las organizaciones pro Derechos
Humanos, organizaciones sociales indígenas, organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones ambientalistas y periodistas independientes, por parte de
grupos y militantes afines al partido de gobierno y por el mismo régimen
Ortega-Murillo.
Asimismo,
esta generalización descalificadora, denigrante y difamatoria, presente
continuamente en el discurso gubernamental, entre otras características,
reeditaría una vieja estrategia discursiva y dictatorial muy utilizada en la
época de los Somoza, como es el argumento del “enemigo interno”; un enemigo al
que hay que perseguir, reprimir, derrotar y aniquilar. La dictadura somocista
aplicó la lógica de “plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo
para los enemigos”.
El discurso
del “enemigo interno” que antes usaba la dictadura somocista para perseguir y/o
eliminar a los militantes del sandinismo histórico y organizaciones de
progresistas, en la actualidad viene siendo reciclado por el régimen
Ortega-Murillo, para descalificar, acusar y, dado el caso, también perseguir,
arrinconar y eliminar a dirigentes y organizaciones sociales que no profesan la
visión gubernamental o que expresen opiniones críticas a las políticas públicas
que se implementan.
En este
sentido, resulta por demás paradójico que un gobierno que dice representar la
diversidad sociocultural y lo popular, niegue, descalifique y ataque cualquier
otra forma de expresión y opinión pública desde la sociedad, que no concuerde
con la suya, acusando de manera groseramente simplona, de ser parte o cómplice
de los terroristas y/o golpistas.
Esta
estrategia de descalificar toda voz que no comulgue con la “visión”
oficialista, acusándola de ser o estar con los “golpistas” termina diluyéndose
en una burda generalización. No es sensato, ni ético, ni realista, calificar a
toda voz disidente del régimen dictatorial y a toda crítica como parte de un
supuesto “golpe de estado”.
¿Acaso los
dirigentes campesinos de la lucha contra la concesión canalera que marchan por
defender su territorio son “terroristas”? ¿Acaso los indígenas de la Costa
Caribe, que también se movilizan exigiendo el derecho de consulta en su
territorio, son “golpistas”? ¿Acaso las organizaciones sociales que exigen que
se cumpla con la Constitución Política y que se respeten sus derechos son
“terroristas”?
¿Acaso los
activistas pro defensa de los Derechos Humanos son “golpistas”? ¿Acaso los
periodistas que realizan su trabajo independiente y denuncian la corrupción
gubernamental son “terroristas”? o ¿Acaso todos los que nos manifestamos contra
la dictadura y a favor de la democracia, somos “terroristas” y/o “golpistas”?
Sin embargo,
es, precisamente, este discurso el que permite encubrir a un gobierno
plenamente derrotado por la población en las calles de las ciudades, que
reclaman la salida del poder al régimen Ortega-Murillo.
Entonces,
todos los nicaragüenses auto convocados o simplemente con otra visión política,
—sea que provengan de parte de sectores y organizaciones sociales de activistas
de derechos humanos, de estudiantes, intelectuales y académicos críticos, o
sean simplemente ciudadanos que piden libertad para los presos políticos,
elecciones anticipadas, regreso de los exiliados, justicia y democracia— son
descalificados como terroristas y comprometidos en un “golpe de estado”, y son
acusados, apresados y condenados por el simple hecho de reclamar los derechos
políticos elementales. ¿Tiene sentido, es serio o al menos mínimamente
responsable, descalificarlos, acusarlos de ser “terroristas” o de estar
comprometidos en un “golpe de estado”?
Por eso es
necesario preguntarse: ¿A cuál “golpe de estado” se refiere la retórica del
régimen Ortega-Murillo? Posiblemente se refiere al “golpe de estado” que
efectivamente implementó el mismo régimen en alianza con la “nueva clase”, la
policía y los paramilitares en contra de los todos los sectores sociales y
ciudadanos que adversan a la dictadura.
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