El secretario
ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona,
condenó las nuevas capturas en Nicaragua de personas que han
protestado contra el presidente Daniel Ortega, en medio de la crisis
sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de manifestantes presos,
muertos o desaparecidos.
"Condenamos
esta situación violatoria de los derechos humanos, de estar deteniendo de forma
ilegal y abusiva a los compatriotas, hacemos un llamado al Gobierno, que si ya
la Asamblea Nacional (aprobó) una Ley de Reconciliación, empiece a dar muestras
de buena voluntad y parar esta ola de secuestros", dijo Carmona, en
conferencia de prensa.
El activista
reaccionó así dos días después de la captura de al menos cinco personas, entre
ellos un policía, en los municipios de San Marcos y Masatepe, en la zona
Pacífico de Nicaragua.
Los testigos
afirmaron que grupos de policías, algunos de ellos encapuchados, ingresaron a
las viviendas sin orden judicial y se llevaron por la fuerza a los varones, así
como objetos personales de las familias.
Uno de los
capturados, Álvaro Cortez, de 35 años, intentó evitar su detención al mostrar
su identificación de policía, pero logró el efecto contrario, ya que la
reacción de los encapuchados fue apuntarle con sus armas, dijeron sus
familiares.
"No
entendemos que, aun cuando hay una Ley de Reconciliación, se continúa
capturando con paramilitares", expresó Carmona, quien afirmó que la
Policía de Nicaragua busca emitir un mensaje de "que tienen en control,
pueden apresar, capturar, torturar, a cualquier persona que proteste".
La Ley de
Reconciliación que alegó el activista declara que en Nicaragua debe haber una
"cultura de paz", y que la misma está a cargo de la Policía Nacional,
pese a las críticas sobre las acciones de dicha institución desde el estallido
social de abril pasado.
La Policía
Nacional aún no se ha referido a esas denuncias ni ha informado sobre esas
detenciones.
Desde el
pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre
325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de
heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El
presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama
"terroristas", "golpistas" y "delincuentes
comunes".
La Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al
Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones
extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la
CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha
incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega,
quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad
en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de
las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser
víctima de un intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido
aplacado.
Por su
parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, enviará una misiva
a Daniel Ortega para exigirle el fin de la quiebra de la democracia en el país
y la liberación de los presos políticos que, según los eurodiputados, están
siendo maltratados en la cárcel.
A finales de
enero, una delegación de eurodiputados encabezada por el socialista español
Ramón Jáuregui visitó Nicaragua para reunirse con Ortega, otros responsables
políticos, miembros de la sociedad civil y un grupo de presas políticas.
La
delegación emitió después un comunicado en el que reclamaba que se iniciara un
"proceso de diálogo" entre Gobierno y oposición para restaurar la
democracia y el Estado de derecho.
"Aunque
Ortega nos prometió que haría algo para suavizar la situación de quiebra de la
democracia y los derechos humanos, nada está ocurriendo; la situación va a
peor", denunció Jáuregui, que pidió a Tajani que sea él quien se dirija al
presidente nicaragüense para que se ponga fin a la represión.
"Así lo
haré", dijo ante el pleno Tajani.
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