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viernes, 8 de febrero de 2019


El delegado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, se pronuncia sobre la redada contra una organización de la sociedad civil nicaragüense.

Estamos extremadamente preocupados que el jueves, agentes del Ministerio del Interior de Nicaragua realizaron una redada, supuestamente sin una orden judicial tal y como lo exige la ley, en las oficinas de la Red Nicaragüense para la Democracia y Desarrollo (comúnmente conocida como 'Red Local'), que es una coalición integrada por 22 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todo el país. 

Se incautaron documentos y bienes y, según información recibida, dos miembros del personal de Red Local fueron detenidos durante unas horas y posteriormente liberados.

 Red Local y la red de ONGs que apoya realizan un trabajo crucial en nombre de los nicaragüenses, y deberían poder operar sin temor a ser acosados ​​por las autoridades.

 El asalto se produce solo seis días después de que un grupo de representantes de la sociedad civil nicaragüense, incluidos algunos miembros de Red Local, se reunieran con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en Ginebra y mostraron su preocupación ante las crecientes restricciones del espacio cívico y de la expresión de la disidencia en Nicaragua.

 Instamos a las autoridades nicaragüenses a que permitan que la sociedad civil trabaje libremente y continúen su cooperación con las instituciones y los mecanismos de las Naciones Unidas sin sufrir represalias. El acoso a las organizaciones de la sociedad civil constituye una violación de los derechos a la libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación.

La redada del jueves es la última de una serie de acciones dirigidas contra organizaciones de la sociedad civil que han sido críticas con el gobierno. Entre noviembre y diciembre del año pasado, se canceló la personería jurídica de nueve ONGs. También se han reportado redadas en medios de comunicación y varios periodistas han sido arrestados, algunos acusados ​​de delitos relacionados con el terrorismo. Hasta la semana pasada, al menos 66 periodistas habrían huido del país.

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