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martes, 5 de febrero de 2019

¿El régimen Ortega-Murillo tiene las semanas contadas?


Por  Oscar-René Vargas-  “Sabemos que el fin de un Dictador está cerca, cuando lo único que tiene en la calle son militares”. Nelson Mandela. Daniel Ortega se transformó en un dictador. Es un político que representa a un sector de la clase dominante, la “nueva clase”, minoritaria y advenediza, crecida con la corrupción, los privilegios estatales, el robo y la corrupción de los últimos años.

Ortega es el resultado de una visión stalinista de la política y una mentalidad que es exclusiva de los dictadores: mezcla de arrogancia, total falta de decencia, desprecio por el resto de la población e ignorancia burda, además de ser un narcisista y sociópata, incapaz de tener empatía por otros seres humanos y, por último, pero no menos importante, de una estupidez supina.

Ortega sabe que los actuales miembros del Consejo Militar del Ejército no tienen una visión política homogénea, que las bases (soldados, sargentos y oficiales menores) no piensan igual que los coroneles y generales y que las Fuerzas Armadas no son políticamente seguras ni siquiera en un 80 por ciento.

Ortega sabe que la mayoría de los integrantes de los poderes del Estado (sistema judicial, maestros, trabajadores de la salud, funcionarios del Estado, etcétera), que permanecen callados y asisten a sus concentraciones no lo hacen por lealtad política sino por miedo a perder su trabajo y/o a una posible represión personal.

El régimen Ortega-Murillo implementa la táctica de la negación y la desinformación para eludir responsabilidades de las consecuencias de la represión indiscriminada que ha producido asesinatos, muertes, torturas, etcétera; entre los miembros de la población civil desarmada.

Es lo que se conoce como la “táctica Skripal” que consiste en decir o hacer algo tan ridículamente estúpido y ofensivo (como la política de negación o el golpe de estado) que pone a sus seguidores ante la dura elección: “haz como si no te has dado cuenta o, atrévete a decir algo y enfrenta la ira del régimen Ortega-Murillo”.

Y les ha funcionado en nombre de la “revolución”, o lo que sea, porque los seguidores más fieles al régimen se alinearon inmediatamente detrás de Ortega-Murillo, a pesar de la evidencia de la represión indiscriminada, que violó los principios más sagrados de los derechos humanos. Esta táctica tiene el objetivo no sólo de condicionar una obediencia total de sus seguidores (condicionamiento de la obediencia mediante la humillación y sometimiento), sino también, para hacer que renuncien públicamente a cualquier apariencia de dignidad.

El partido de gobierno FSLN, dejó de ser un partido, y se transformó una máquina electoral, pues no tiene ninguna vida interna democrática, y se rige según el ejemplo cubano influenciado por la casta-clase burocrática stalinista que condujo al abismo a la Unión Soviética: poco reflexivo, sectario y vertical.

El régimen Ortega-Murillo dejó de ser sólido y popular y se transformó en un gobierno frágil, al reprimir al movimiento estudiantil y a los campesinos, someter a los sindicatos y apoyarse sólo en el aparato militar-policial y los paramilitares.

El movimiento social opositor al régimen tiene como apoyo social a las clases medias y a sectores de la burguesía, pero recoge también el odio masivo de la población contra la corrupción, la impunidad y la prepotencia de la “nueva clase” que remplazó al sandinismo original.

El movimiento sociopolítico de los oponentes trata de canalizar la protesta existente en amplias capas de la población denunciando el robo de los bienes públicos, la ineficacia de los administradores de las instituciones estatales y las malas decisiones gubernamentales; denunciando el hambre, la pobreza, las dificultades cotidianas y la permanente degradación del nivel de vida.

Desde el comienzo del mes de enero 2019, he señalado en varios análisis que hemos entrado en “una fase post-Ortega”: que se acelera y que puede ser de corta o mediana duración. Que el régimen tiene la opción de negociar (la más probable); o tratar de prolongar su estadía al máximo de tiempo posible para llegar hasta el 2021, opción menos probable, ya que el país sufriría una destrucción incalculable.

A partir de enero 2019, el gobierno Ortega-Murillo ha demostrado debilidad, negocia en secreto con los norteamericanos, el delegado del Vaticano y algunos gobiernos europeos.

Para una salida política, es necesario crear un amplio margen de aceptación de las distintas fuerzas sociopolíticas, para llegar a un acuerdo entre una parte de la “nueva clase” —que podría crear un gobierno de transición de unidad nacional, excluyendo a Ortega-Murillo y a los paramilitares que participaron en la matanza y la represión contra la población.

El mes de enero 2019 nos indica que todos los éxitos alcanzados por el régimen Ortega-Murillo desde abril 2018, han sido inevitablemente seguidos de fracasos estrepitosos y vergonzosos que los ha ido, paulatinamente, aislando a nivel internacional.

Informe de los eurodiputados: El 23 de enero arribó a Nicaragua una delegación de eurodiputados de diferentes militancias políticas, y pudieron visitar a algunos prisioneros políticos y conversar con ellos. Posteriormente difundieron videos conteniendo declaraciones de las y los prisioneros políticos.

Al final de su visita emitieron un comunicado que básicamente decía: no ha habido golpe de estado, lo que se ha producido es una fractura política en la sociedad, las condiciones carcelarias son infrahumanas, la única salida a la crisis sociopolítica es la negociación. En conclusión, los eurodiputados han emitido una valoración negativa para el régimen, que tendrá, en el parlamento europeo, una repercusión adversa para Ortega-Murillo.

Profundización de la crisis en Venezuela: Hasta diciembre 2018 la correlación de fuerzas era favorable a Maduro, con la oposición desarticulada y sin liderazgo. El apoyo internacional a la oposición era prácticamente nulo. A partir del 23 de enero 2019 la correlación de fuerzas cambia totalmente. La oposición está cohesionada alrededor de Juan Guaidó, y la población volvió a salir a la calle. 

La crisis del gobierno de Maduro se ha profundizado con la autoproclamación de Guaidó como presidente interino. Guaidó ha sido reconocido por EEUU, Canadá, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Austria, Portugal, Lituania, Holanda, República Checa, Brasil, Colombia, Perú y varios países latinoamericanos (Grupo de Lima), en total 53 países. La caída de Maduro, una acción de alto impacto latinoamericano, va a tener repercusiones negativas directas para el régimen Ortega-Murillo.

Expulsión del FSLN de la Internacional Socialista: El 29 de enero 2019, el FSLN, partido de gobierno, fue expulsado de la Internacional Socialista (IS) debido a su vinculación con crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir de abril 2018, violando los principios y normas éticas de la IS. El FSLN perdió legitimidad al asociarse con los paramilitares y los asesinatos cometidos contra la población civil desarmada. La expulsión de la IS es una forma expresa de distanciarse y condenar los crímenes del régimen Ortega-Murillo. A nivel internacional el régimen cada día se encuentra más aislado.

Elecciones El Salvador: El triunfo de Nayib Bukele indica que habrá un cambio en la política exterior de El Salvador en detrimento del régimen Ortega-Murillo. Probablemente El Salvador vaya a cambiar su voto en las reuniones de la OEA y otros organismos regionales. También significa un cambio en la correlación de las fuerzas políticas en la región centroamericana. Bukele se ha expresado de manera crítica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo a partir de abril 2018.

Negación de permiso a la marcha del COSEP: El COSEP, AMCHAM y FUNIDES habían convocado una marcha para el 23 de enero 2019. El gobierno prohibió la marcha y acusó a los empresarios de haber participado, a partir de abril 2018, en el supuesto “golpe de estado”. El temor real del gobierno es, que cualquier permiso a una marcha social puede significar el inicio de la segunda ola de protestas en todo el país.

Ley de Concertación Tributaria o Reforma Fiscal: La reforma fiscal muestra objetivos recaudatorios para facilitar el financiamiento de un creciente déficit fiscal por el desplome de la producción de bienes y servicios, provocada por la crisis sociopolítica. Las principales repercusiones son: La profundización de la recesión económica; la disminución de la demanda de productos por precios más altos; las reducciones de la liquidez y el capital de trabajo de las empresas; la mayor aceleración de la caída de la producción de bienes y servicios; la falta de estímulo a la inversión privada, tanto por la disminución de la producción, como por el gasto de consumo de los hogares; la destrucción de puestos de trabajo formal, el incremento del subempleo y del desempleo, y la expansión del mercado informal. Por todo lo anterior creemos que es eminente una devaluación del córdoba. Todas estas repercusiones tienden a provocar mayor descontento social y pérdida de base social del gobierno.

Reforma del INSS: La reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) tiene repercusiones negativas en toda la población. Las personas, en términos generales recibirán entre el 30 y el 40 por ciento menos de su salario, debido a que cambiaron el factor base; además antes tenían que trabajar 43 años para recibir el 70 por ciento de su salario y ahora hay que trabajar 53 años. Por ejemplo, el 60 por ciento de los jubilados tienen un salario promedio entre siete y diez mil córdobas. Al recibir el 70 por ciento de su salario de siete mil córdobas, estas personas recibirían alrededor de C$ 4,200 córdobas, o sea un 25 por ciento del costo de la canasta básica que cuesta unos C$ 15,000 córdobas.

Persecución a la Sociedad Civil: El régimen Ortega-Murillo parte de la premisa que la mayoría de las ONG’s son contrarias a su política y, por lo tanto, son instrumentos de lucha sociopolítica contra el régimen. En su lógica, las ONG’s son financiadas por EEUU y sus aliados para derrocar al gobierno. Por lo tanto, son un peligro para la permanencia/consolidación de la dictadura. Por esta razón, a través de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, ha eliminado la personería jurídica a las nueve ONG’s más importantes, y piensa seguir vigilando a las otras por la vía de control económico-financiero, para disminuir su capacidad de incidencia social en la sociedad nicaragüense. Es decir, es un ataque a la sociedad civil organizada.

Militarización de las ciudades: La militarización y represión generalizada en Managua y en las principales ciudades que el régimen Ortega-Murillo ha implementado en el transcurso del mes de enero 2019, demuestra que están asustados y paranoicos. La política represiva se ha traducido en la incrementación del patrullaje en las principales ciudades del país, la detención registrada de más de 200 personas, y el asesinato de al menos unas 12 personas en todo el territorio nacional.

El mayor poder de coacción del régimen son sectores de la policía, del ejército, y los paramilitares, empleados estatales y municipales, y la juventud sandinista. Todos ellos conforman la fuerza de choque y sostén de Ortega-Murillo.

El gobierno Ortega-Murillo está visualizando la negociación para neutralizar la implementación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y para mantener el poder el mayor tiempo posible. Saben que su aplicación sería el fin de su gobierno. Por eso quieren negociar. Ortega-Murillo tienen que reconocer que llegó la hora de negociar una salida “al suave”, que no tienen futuro, y que están gobernando basados en la represión policial y paramilitar.

Para el régimen Ortega-Murillo no están cerradas las opciones de negociación; sin embargo, se están resistiendo a un acuerdo para una salida gradual de la crisis sociopolítica que implica pérdida de su poder político autoritario. En cambio, atrasando la negociación y postergando la salida, están creando una dinámica en la que se vuelve mucho más probable un colapso repentino y catastrófico.

Cada día que pase sin que entablen una negociación a la crisis sociopolítica, los intereses de la cúpula de poder se aproximan más a una salida catastrófica. Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo no va a negociar a fondo hasta conocer el desenlace de la crisis venezolana, con la esperanza que la situación se empantane e inmovilice y le quite presión a su gobierno.

Si Ortega-Murillo no procede a negociar, aceptando los puntos medulares de elecciones adelantadas, liberación de los presos y desarme de los paramilitares, el proceso de aplicación de la CDI avanzará y la dictadura quedará más aislada, sin acceso a ningún crédito de los organismos financieros internacionales, más el congelamiento de todos los bienes del gobierno y del ejército en el exterior, y la aplicación de sanciones a más funcionarios violadores de los derechos y/o corruptos. Hay que estar claro que el régimen Ortega-Murillo no tiene mucho margen de acción. Este escenario conduciría, inevitablemente, a la capitulación del régimen Ortega-Murillo.

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