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sábado, 16 de febrero de 2019

Expertos avizoran que se agrave la crisis en Nicaragua.


Por Judith Flores / Finalmente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha impuesto la reforma a la seguridad social, la razón que en abril del 2018, provocó protestas en las calles de la nación centroamericana, y cuya respuesta gubernamental dejó más de 300 muertos producto de la brutal represión.

Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el resultado de esos actos represivos constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo esta vez la dictadura ha desplazado Policías fuertemente armados en la capital, Managua, creando así el terror en la población. El fin, evitar nuevas protestas.

La reforma entró en vigencia el 1 de febrero, se trata de una estocada para empresarios y trabajadores. Una situación que ya está propiciando el cierre de negocios y despidos, que provocará más pobreza y éxodo de nicaragüenses, comentan los analistas políticos Fidelina Suárez y Leopoldo Gómez.

Las cotizaciones a la seguridad de los trabajadores se elevaron de 6.25 a 7 por ciento; mientras, la contribución de los empleadores ascendió de 19 a 22.5 por ciento.

También el régimen sandinista afectó otros seguros, el monto de las dos modalidades del Seguro Facultativo, para personas que trabajan de forma independiente, de 18.25 a 22.25 por ciento, y de 10 a 14 por ciento.

El cálculo de las pensiones para los nuevos jubilados serán los salarios de las últimas 375 semanas cotizadas (7.2 años de vida laboral) y no el de las 250 semanas (cinco años), que se aplicaba antes de las reformas.

Pese al arbitrario aumento, el régimen sandinista no ha informado sobre las proyecciones de recaudación con las nuevas medidas, lo que genera dudas por la mala administración de la seguridad social que ha caracterizado a la administración de Ortega y su esposa Rosario Murillo, cuyos fondos han utilizado para “premiar” a empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y al Ejército sandinista, con “proyectos” que han resultado en fracaso, de acuerdo con investigaciones periodísticas.

Tambien esos fondos de la seguridad social han sido utilizados para pagar el supernumerario de empleados contratados por favores políticos o para la compra de clientela política.

Y es que, tras la llegada de Ortega al poder en 2007, las finanzas de la seguridad social, registraban un superávit de cerca de 2,000 millones de córdobas; pero en 2018, ese superávit se convirtió en un gran déficit que se aproxima a los 3,000 millones de córdobas.

La anterior situación tiene al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), a las puertas de la bancarrota. Expertos estiman que, en 2019, el déficit aumentará a 3,700 millones de córdobas, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha proyectado que para el 2019, se agotarían las reservas del INSS, una situación que hará difícil que el régimen cumpla sus obligaciones con los jubilados y afiliados.

 “Creo que el Gobierno promulgó esta reforma como un acto de venganza al pueblo nicaragüense que salió a protestar el 18 de abril del año pasado. En números reales, no van a conseguir resultados. Ni las empresas ni los empleados pueden asumir ese aumento y si lo hacen tarde o temprano irán a la quiebra porque también deben hacer frente al paquetazo fiscal. 

Muchas empresas están cerrando por la crisis y sin haber comenzado a pagar las nuevas tarifas. No es viable y el gobierno lo sabe”, dijo la periodista y analista política Fidelina Suárez.

Leopoldo Gómez, joven político independiente, dijo que el aumento de la reforma es superior al aprobado en abril de 2018 por la Asamblea Nacional, Ley que luego el régimen derogó debido a la presión social en las calles.

“Esta vez el gobierno tiene a su gente armada en las calles y saben que con eso la gente no va a salir a reclamar sus derechos porque antes que todo hay que preservar la vida. El que sale a protestar le quedan tres caminos actualmente: el exilio, la cárcel o la muerte”, dijo Gómez.

El régimen ha armado a paramilitares que operan junto a la Policía sandinista, responsables de las muertes, desaparición de personas, secuestros, y encarcelamientos a más de 700 presos políticos.

 “A largo plazo y en dependencia a lo que suceda en Venezuela. Ortega está presionado por la comunidad internacional, pero ha incrementado las detenciones ilegales, cateos, persecución y violación a los derechos humanos. El estrangulamiento económico es lo que lo hará sentarse (a dialogar), pero siempre tratando de enredar y ganar tiempo”, valoró la experta.

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