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viernes, 22 de febrero de 2019

Presos políticos no deben ser objetos de cambio en el diálogo convocado por Ortega. Todos esos procesos son nulos.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - Gabriel  Álvarez experto en derecho constitucional, califica de disparate la cantidad de años a que fueron condenados los líderes del Movimiento Campesino, disparate que ni al menos fue disfrazado con ropaje de algún carácter jurídico, subraya Álvarez.

El experto en derecho constitucional explica que la pena máxima por delitos graves es de 30 años, “por decir algo si un juez te condena por cometer cinco asesinatos –explica Álvarez- podrían aplicar una sentencia a 150,200 o más  años” para luego agregar, no sentirse sorprendido de la condena aplicada por el juez Edgard Altamirano, en contra de los lideres del Movimiento Campesino, por la suma de los delitos imputados en contra de ellos.

“El problema no es la cantidad de años aplicados, y hago énfasis y tratando de ser lo mas honesto, y riguroso técnicamente, se entiende que por cada delito que se comete se aplica una cantidad de años y esa es una mera formalidad jurídica, de porqué  de cada delito, por el que alguien resulta culpable, los códigos penales, las normas jurídicas correspondientes establecen penas” aclara el experto en derecho constitucional Gabriel Álvarez. 

Para el destacado jurista el problema de fondo en este tipo de condenas con esa enorme cantidad de años de sentencia aplicadas y que a rato a su parecer suenan obscenas, el problema –reitera- es  de quienes imparten justicia en el país, lo que conocemos todos los nicaragüenses y que ahora conoce el mundo entero.

“Porque este problema de la justicia nicaragüense -a criterio del doctor Álvarez-   ha sido estudiado, contrastado, recogido, acreditado, por expertos independientes, no sólo  por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI- los técnicos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sino que también se refiere a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- también se refiere al Mecanismo de Seguimiento –MESENI- de la CIDH”.

“ Incluyendo los organismos defensores de derechos humanos nacionales-sigue explicando Álvarez- “me refiero a lo que hemos visto todos los nicaragüenses, en donde hemos visto fiscales, jueces, partidarizados, en donde hemos visto una policía también no solo partidarizada que además anduvo en las calles protegiendo a los paramilitares, algo que está  en videos, en donde se ven las victimas, en donde están los testimonios, además están los estudios realizados, en donde están los reportes de los medios de comunicación escritos, televisivos,  que gozan de mayor prestigio, entonces aunque les hayan impuesto un día, un año –a los sentenciados por el poder judicial partidarizado- lo grotesco en esto  es que coincide con la falta absoluta de funcionamiento con los principios constitucionales” puntualiza el jurista.

Para el experto en derecho constitucional el problema fundamental es que en  Nicaragua se desbarató por completo el estado de derecho, aquí todos sabemos que vivimos en la “ley del mas fuerte” y el mas fuerte es el que tiene las armas, el que tiene las llaves de las cárceles, el mas fuerte es el que tiene a los fiscales, en donde el pueblo de Nicaragua, sus ciudadanos estamos solo en las manos de Dios, porque no gozamos de la protección que esta obligado a prestar cualquier estado democrático contemporáneo, advierte Álvarez.

“Por todo esto estamos ante un sistema de justicia, prostituida, distorsionada, adulterada, y que no se le puede dar crédito hasta en los menores grados imaginables, y digo eso por que soy de los que cree, costarle ver a los presos políticos y a los familiares de los muertos como objeto de trueques, con absoluta imposibilidad de lograr justicia” lamente Álvarez.

Durante el transcurso de su participación en el estelar de la mañana Impacto 540 de Radio Corporación, bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera, el doctor Gabriel Álvarez, aborda el tema del eventual reinicio del Dialogo Nacional, asegurando estar convencido de que esto es sumamente importante y además ser fundamental de que se instale esa nueva mesa de diálogo, para encontrarle una salida de fondo a esta crisis, Álvarez afirma sentirse convencido de que se va a instalar una segunda fase o ronda del dialogo, y el no pondría precondiciones.

“Yo en lo personal no creo que sea positivo para el país, decir, por ejemplo que si los mediadores no son todos los obispos no hay dialogo, si las Madres de abril no participan como miembros de la mesa del dialogo, tampoco no habrá diálogo, si no se libera a los aproximadamente 770 presos políticos, no hay diálogo, entonces yo –agrega Álvarez -  “no termino de convencerme de que ese enfoque metodológico que  sea el mas apropiado, yo lo que creo es que los presos políticos no son ni deben ser objeto de ese principio “te doy para que me des”  puntualiza el experto en derecho constitucional.

Para Álvarez, el pueblo de Nicaragua, no tiene nada que darle a Daniel Ortega, para que magnánimamente libere a quienes  esta obligado a liberar por disposiciones jurídicas, a lo interno y a nivel internacional, pero también –a su parecer-por imperativo ético y necesidad política, además señala que si entre esos mas de 700 presos políticos, apresados la mayoría de las veces de manera ilegal e inconstitucional, pudiese encontrar razonablemente indicios de haber incurrido en algún tipo de delitos, el jurista estima debería estructurarse mecanismos independientes de investigación, que a partir de sus conclusiones puedan ser procesados, juzgados por un sistema de justicia independiente. 

“Esos sistemas de justicia independientes no existen ahora, porque a mi en lo personal no me gustaría que a todos los que a secuestrado, apresado el régimen del comandante Ortega, entonces los culpables de los delitos de “lesa humanidad” también vayan a pedir el mismo tratamiento y digan: “vamos libres todos también” porqué si vos liberas a todo mundo de manera indiscriminada, entonces la otra parte diría “vamos todos libres” pero es muy diferente las ilegalidades que pudiese haber cometido un pueblo o las gentes de ese pueblo que seguramente las cometieron, incluso los propios estudios y conclusiones del GIEI  y del MESENI dicen que ahí hay cierta responsabilidad” explica el jurista.

Álvarez agrega que las ilegalidades que habría cometido la población son incomparables con las cometidas por el régimen, en donde éste tiene 500 muertes sobre sus hombros y de los otros se habla de 20 en donde podrían ser menos, esos 20 habría que investigar realmente como ocurrieron, pero se debe impartir justicia “para todos” asevera el experto en derecho constitucional.

Para este jurista la sociedad nicaragüense, pero mas que la sociedad que ya es importante, los muertos, los heridos, los secuestrados, los desaparecidos , los injustamente presos es de la mínima esencia humana y social resarcirlos, y recuperar su dignidad, la que en realidad nunca la han perdido, pero que se ha visto golpeada, menoscabada, por parte del régimen, agregando creer que eso no se debe negociar, lo que se debe negociar son las condiciones políticas para reiniciar el camino democrático , que permita la gran tarea de refundar el estado nicaragüense.

“El estado de Nicaragua, debe refundarse, los señores Ortega-Murillo deben reconocer que su modelo fracasó, que fracasó como muchos se lo veníamos diciendo, de que este modelo era insostenible, en donde todo el poder se concentra en cuatro manos y de todos los seguidores de estas cuatro manos y los no seguidores que son los opositores, sencillamente se ven limitados a ser meros ejecutores  o victimas de su absoluta voluntad” puntualiza Alvarez. 

El experto en derecho constitucional reitera que el modelo de concentración de poder en solo cuatro manos, no fue sostenible por que en Nicaragua, no existe un modelo político pluralista, una democracia representativa, en donde las instituciones de la democracia representativa no funcionaban y eso es precisamente lo que hay que resolver, los mecanismos jurídicos para impartir justicia para que los criminales de “lesa humanidad” paguen esos delitos, para que los inocentes afectados por este régimen, o los culpables igualmente de haber cometido delitos se les juzgue con jueces independientes, y por fiscales independientes, y que no se les torture, por ser alguien delincuente no significa que ha perdido todos sus derechos, que no se les torture –reitera Álvarez-  que no se les aísle, ni tampoco a sus familiares.

“Entonces yo estoy convencido que estos son dos marcos conceptuales diferentes, -aclara el jurista- para luego asegurar que este esfuerzo de los empresarios del gran capital, y que tienen gran ascendencia con los gremios empresariales, el lo saluda y aplaude y es cautelosamente optimista, además saluda la visita que hiciera el embajador Conke de la OEA, y también la actitud del gobierno de sentarse con ellos para buscar las mejores condiciones para la reanudación del diálogo, eso es lo mas importante” puntualiza el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Alvarez.

El jurista enfatiza que lo fundamental del diálogo, es ponerse de acuerdo y como dentro del marco constitucional se hagan o se sigan los procedimientos reformatorios para adelantar las elecciones y así evitar que se siga desangrando el pueblo nicaragüense y se siga destruyendo la economía, afirma el experto en derecho constitucional, doctor Gabriel Álvarez, en una síntesis de su participación en Impacto 540 de Radio Corporación.


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