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miércoles, 13 de febrero de 2019

Procurador laboral denuncia espionaje político contra trabajadores que se oponen a las reformas del inss y fiscales.


José Antonio López abogado Asesor Legal y Procurador Laboral y de Seguridad Social durante el transcurso de su participación en el estelar de la mañana Impacto 540 de Radio Corporación bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera, afirmó haber quedado en el desempleo un total de 450 mil nicaragüenses a partir de la crisis político social en que se encuentra el país.

López agrega que a nivel centroamericano son 650 mil plazas de trabajo las que se han perdido cómo efecto de la crisis que tuvo Nicaragua a partir de abril hasta la fecha de hoy, golpeando duramente a los demás países de la región queramos o no, el único país de la región que ha tenido un crecimiento económico satisfactorio es Panamá, con un crecimiento económico de un 6.8.

“CANATUR es el caso claro de ejemplo en el país, de lo que está pasando con las pérdidas de empleos, los nicaragüenses siguen marchándose del país, el talento humano sigue yéndose del país, son 60 mil nicaragüenses los que están en el exilio, aquí el crecimiento no existe, entramos en una recesión económica desde octubre del año 2018, y aumentos salariales próximos, no creo se den, pese a la existencia de la ley 625, ley de salario mínimo, no puede haber aumentos salariales, por la inexistencia de crecimiento económico en el país, en donde más bien lo que existe es inflación” advierte el Procurador Laboral y de Seguridad Social, José Antonio López.
   
López, recuerda que el aumento salarial es tomado en cuenta en base al crecimiento económico, la inflación y el costo de la canasta básica, pero la canasta básica anda ya por el costo de los 13 mil 500 a 14 mil córdobas, en donde hoy el costo del bidón de aceite amaneció con un costo de 20 córdobas de incremento, al arroz le subieron cinco córdobas, con lo que se está perjudicando a los consumidores, López, advierte que aquí solo se ha anunciado la implementación de las reformas tributarias y se ha desatado la especulación, en donde se están subiendo los precios de forma unilateral por parte de los comerciantes. 

López señala que las organizaciones defensoras del consumidor son una comparsa de estos aumentos arbitrarios a los productos de consumo básico, situación que es similar de parte de los sindicatos de trabajadores existentes en el país.

“Sino veamos si Roberto González, Luis Barboza, José Antonio Zepeda, o el mismo Gustavo Porras considerado el gran gurú defensor de los derechos de los trabajadores, se han pronunciado de que los despidos de los trabajadores, han sido de manera ilegal, critica el López.

El Asesor Legal y Procurador Laboral y de Seguridad Social José Antonio López, reprocha la inaccesibilidad de los sindicalistas a los periodistas que intentan abordarles para el tema del aumento salarial mínimo “pareciera que los periodistas tuvieran sarna”-agrega López-  para luego agregar que estos sindicalistas todo el tiempo están en reuniones no pueden dar entrevistas a los medios de comunicación, estos son los tipos de dirigentes sindicales que tenemos en el país.

López pregunta ¿Qué paso con los 350 mil dólares en que se vendió la Casa del Obrero en Rivas, que era la CST, en que los invirtió Roberto González? Para seguir preguntado si estos dineros se los dieron a los trabajadores o les dieron alguna ayuda económica, ¿Que se hizo este dinero? Reitera esta pregunta el Asesor Legal y Procurador y de Seguridad Socia.

“Aquí la realidad de las cosas es que los trabajadores ya no creen en estos dirigentes sindicales, y yo lo he dicho claramente y he retado públicamente a todos los presidentes de los diferentes poderes del estado, a que le digan si ellos no tienen trabajando a sus familiares en el estado y es por ello que él tiene listo un borrador y sigue a la espera de un nuevo gobierno para presentarle la ley del nepotismo, porque aquí debe terminarse este abuso, porque los nicaragüenses estamos cansados de la corrupción, que ha dado como resultado que en Nicaragua existan 230 nuevos millonarios” puntualiza López.

López advierte que la empresa privada ya no puede seguir asumiendo lo de la seguridad social, problema reflejado en lo que él califica de barbaridad con la nueva reforma a la seguridad social que ha implementado el gobierno, López critica el hecho de que se asedia a las empresas que generan empleo formal, con los instrumentos de la DGI, de la inspectoría del INSS, del Ministerio del Trabajo, pero al mercado Oriental, en donde existen grandes distribuidoras, grandes empresarios , a estos no los obligan a contratar de manera formal a sus empleados, cuando la ley de seguridad social dice que todo trabajador que comienza una relación laboral 72 horas después de su contratación, debe ser afiliado a la seguridad social, pero estos no lo hacen, porque se practica la represión fiscal en contra de las empresas que generan empleo formal subraya López.

López, señala que el levantamiento social que se produjo en abril del año 2018, no se produjo sólo porque se estaba afectando a los ancianos, sino que también se produjo porque se estaba afectando a la clase trabajadora de este país, López advierte que, pese a que en Nicaragua no existe una guerra y pese a ello la brecha existente en el INSS hasta el año 2017, es de 2 mil 184.6 millones de dólares.

El asesor Legal y Procurador Laboral y de Seguridad Social José Antonio López, recuerda que en la época del gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, los trabajadores del estado eran a la fecha de la entrega de su mandato, trabajadores del estado eran 50 mil, y ahora el estado tiene aproximadamente 160 mil empleados, triplicándose la cantidad de trabajadores del estado, en donde el INSS ya no gasta administrativamente el 6.25 de su presupuesto, ahora gasta el 12 o 13% de su presupuesto, en donde a sus trabajadores se paga un catorceavo mes de salario, ¿entonces como a un país tan pobre como el nuestro? se le puede sacar más dinero de esa forma, se pregunta López.  

López advierte que con la implementación de las reformas tributarias hasta las botas de hules de los trabajadores van a ser gravadas con impuestos, en donde el precio del azúcar va ser aumentada en un 7%, aumento que va a ser trasladado a los consumidores, pero de esto no dicen nada, el diputado sandinista W almaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, ni tampoco dice nada de esto el Ministro de Finanzas. “Con todo esto aquí los que salimos claramente perjudicados somos usted y yo, es decir todos nosotros, que somos los consumidores al fin de cuentas” puntualiza López.

“Siguen dándose los despidos selectivos de parte del gobierno, en donde se continúa despidiéndose selectivamente a médicos, a profesores, de estos algunos aceptan sus liquidaciones, y hay otros que prefieren poner la denuncia de estos despidos a la CPDH y nosotros les formulamos sus demandas y las interponemos, pero otro no lo hacen y ahí nomás les liquidan para que no hagan escándalo” refiere López.

El asesor Legal y Procurador Laboral y de Seguridad Social José Antonio López, confirma que el espionaje político se está dando también dentro de todas las instituciones del estado, y el acaba de acaba de recibir una denuncia referente a esta situación, y un caso palpable de esta situación es de un ex trabajador de la Corte Suprema de Justicia, que ha puesto la denuncia de ser objeto de este tipo de práctica.

“Es una lástima que aquí se esté utilizando ese tipo de prácticas para buscar como perjudicar a los trabajadores, la ley orgánica del poder judicial dice que toda prueba sustraída de forma ilegal no surte ningún efecto legal, pero como aquí y yo lo he dicho públicamente estamos en la época de la “caballada” así lo digo, porque en la década de los años 80 fue la época de la noche oscura, ahora es la época de la caballada, porque solo los animales no entienden, por más que uno litigue, y lo hagas con sentencias jurisprudenciales que ellos mismos dan no te dan lugar” lamenta Lopez.

 López concluye su participación en Impacto 540 de Radio Corporación, señalando que, en algunos casos de reclamos de trabajadores despedidos ilegalmente, autoridades laborales están utilizando argucias ilegales o lo que él califica de leguleyas.

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