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miércoles, 6 de febrero de 2019

Stacey Abrams: “Estados Unidos es más fuerte por la presencia de inmigrantes, no de muros”.


Washington EEUU / EFE - “Estados Unidos es más fuerte por la presencia de inmigrantes, no de muros”. Así de contundente se ha mostrado Stacey Abrams, la elegida por el Partido Demócrata para dar la réplica al discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump. La igualdad de oportunidades, la justicia social, la lucha contra el cambio climático, los derechos del colectivo LGTB.

Quien fuera candidata a gobernadora del Estado de Georgia en las elecciones de noviembre ha logrado sintetizar, en apenas 11 minutos frente a la hora y media que ha empleado el presidente, el ideario de un partido, el demócrata, que lleva dos años mostrándose incapaz de marcar su agenda, arrasado por el torbellino de Trump. En un país polarizado, solo cabe celebrar que una figura encuadrada en el ala izquierdista del partido haya llamado a la cooperación con un presidente republicano. “Estoy decepcionada por cómo aborda nuestros problemas, pero no quiero que fracase”, ha dicho Abrams.

Desde el arranque, Abrams ha recurrido a su historia personal. La de una de los seis hijos de una madre bibliotecaria y un padre trabajador en un astillero, que oscilaban “entre la clase media y la clase trabajadora” en el Misisipi rural. La de una familia que sufrió, como tantas en el país, para pagar las facturas del tratamiento del cáncer del padre. La de una joven afroamericana de origen humilde que logró licenciarse en Yale, fundar dos empresas, escribir ocho novelas y convertirse en congresista estatal. “Vivimos en una nación donde la oportunidad es posible”, ha recordado.

Abrams, de 45 años, cuya campaña para gobernadora energizó al progresismo, aunque acabara perdiendo por la mínima, representa al electorado que proporcionó a los demócratas la victoria en las legislativas de noviembre. Votantes jóvenes, diversos, mujeres y ajenos al establishment, movilizados por su rechazo a Trump. Así lo ha querido escenificar, arropada, a sus espaldas, por una grada con público abrumadoramente femenino, en un sindicato de electricistas de Atlanta.  

En un Estado, Georgia, tradicionalmente republicano, que votó republicano en noviembre, pero que atraviesa, como otros, un paulatino cambio demográfico (representado por la propia capital) que lo acerca a las ambiciones de los demócratas. “Debemos más a esos millones de personas que hacen que nuestra economía funcione”, ha advertido. No ha eludido Abrams ataques en los asuntos más urgentes. 

El pulso por el muro, que llevó al cierre gubernamental más largo de la historia y que el presidente amenaza con reeditar si no alcanza un acuerdo, es “una desgracia” y “un truco”. Abrams ha recordado que el cambio es posible. “Pero necesitamos poder votar”, ha advertido, poniendo sobre la mesa el tema que ha convertido en su causa, el de las dificultades para el ejercicio del voto de los más desfavorecidos en determinados Estados, a lo que achacó su derrota en noviembre. “La supresión del voto es real. No acepto los intentos de limitar nuestro derecho a votar. Esa es la próxima batalla de nuestra democracia”, ha concluido.

Rubio dice que EEUU y comunidad internacional deben honrar la Ley de Amnistía ofrecida por Guaidó a los militares. Miami Florida EEUU / El senador estadounidense Marco Rubio explicó que la Ley de Amnistía ofrecida a militares y civiles que contribuyan con el rescate de la democracia en Venezueladebe ser honrada y respetada por Estados Unidos y la comunidad internacional.

El pasado primero de febrero, la subsecretaria de Estado para América Latina, Kimberly Breier, informó que el gobierno de Estados Unidos considerará levantar sanciones impuestas o las que podría imponer a cualquiera que tome acciones "concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela".

El Parlamento aprobó el pasado 15 de enero la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para Militares y Civiles que contribuyan en la defensa de la Constitución.

"Se decreta la amnistía para todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley. Así mismo, se establecerá etas y otras garantías a aquellas personas civiles y militares que contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela", señala la Ley de Amnistía.

La Amnistía es una gracia o beneficio de carácter excepcional, atribuida de manera expresa al Poder Legislativo en el numeral 50 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consiste en excluir un hecho delictivo o una infracción de lo jurídicamente relevante, impidiendo al Poder Judicial, Administrativo y al Poder Público en general, intervenir y aplicar el derecho que los sanciona, extinguiendo todos los efectos de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas y sanciones o cualquier otro efecto jurídico que se haya materializado como consecuencia o en relación a situaciones determinadas de especial trascendencia, con la finalidad de restablecer la paz social y democrática y la concordia nacional.

La Amnistía se refiere a hechos que han sido considerados como infracciones al ordenamiento jurídico en general, y no a las personas individualizadas, de manera que si el hecho o suceso que le da origen queda despenalizado y, por tanto, borrado o extinguido como infracción, delito o falta, la Amnistía opera para todas las personas que pudieran haber sido sujetas a denuncias, acusaciones o que de oficio hayan sido investigadas, imputadas, acusados sujetas a procedimientos o a procesos de cualquier tenor, o sancionadas, a consecuencia los mismos.

El contexto político en el que se dicta esta Ley, viene caracterizado por los hechos ocurridos en Venezuela a partir del 10 de enero de 2019, cuando se profundizó la ruptura del orden constitucional, ya que el régimen de Nicolás Maduro ha incurro en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, tal y como ha declarado, entre otros organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En efecto, debemos recordar que el 20 de mayo de 2018, se llevó a cabo un proceso fraudulento, al que pretendieron llamar elección, con los principales partidos políticos de oposición ilegalizados, incluyendo el más votado de la historia: el de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); con un Consejo Nacional Electoral (CNE) parcializado e ilegalmente constituido; con una convocatoria realizada por una espuria Asamblea Nacional Constituyente; con varios líderes políticos de oposición detenidos, en el exilio o inhabilitados; sin observación electoral nacional e internacional, imparcial y capacitada; con la utilización grosera de los recursos del Estado en favor del candidato oficial; con graves violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y, en definitiva, sin las mínimas garantías de un proceso democrático.

Por todo esto, el señalado proceso es jurídicamente inexistente, como ya esta Asamblea lo ha declarado con base en los artículos 25 y 138 de la Constitución. Así ha sido declarado también por la mayoría de los Estados democráticos del mundo.
Como resultado de lo anterior, no existe Presidente electo en Venezuela y mucho menos pudo asumir la Presidencia mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019, cuando de conformidad con los artículos 230 y 231 de la Constitución, debió darse inicio a un nuevo período presidencial.

Ante el vacío institucional derivado de la ausencia de Presidente electo, Nicolás Maduro está usurpando la Presidencia de la República, tal y como señalaron los países del Grupo de Lima en comunicación del 4 de enero de 2019, y tal y como reiteró el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, en su discurso de 5 de enero. Tal usurpación, de acuerdo con el artículo 138 constitucional, produce la inexistencia jurídica de todas las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de ese día.

Por estas razones, hoy existe una flagrante usurpación en la Presidencia de la República, circunstancia que es reconocida de esta manera por el grueso democrático del mundo, como ya se señaló.

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