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viernes, 22 de marzo de 2019

Comisión Permanente de Derechos Humanos dice que 90 días es mucho tiempo para liberar a presos políticos.


La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), no ve la lógica de que en un período de 90 días se libere a los detenidos por marchar y protestar, considerando que todos deben ser enviados a sus casas por nulidades en los procesos y a los detenidos sin procesos ya superaron las 48 horas de detención.

Julio Montenegro, quien coordina el grupo de defensores de la CPDH, que lleva 78 procesos con 171 personas acusadas, señaló que no entiende por qué tanto tiempo para la liberación porque de seguir los procedimientos, los jueces simplemente deben seguir las normas y tomar en cuenta los procesos anómalos para la nulidad, tanto de los condenados y procesados.

Según el abogado, lo acordado en las pláticas del Gobierno con la Alianza Cívica no es una amnistía, no es un indulto, ni un perdón, así que se deben seguir los procedimientos legales establecidos.

Montenegro aseguró que hay más de 750 personas privadas de libertad y al menos 350 deberían salir de forma inmediata, ya que algunos tienen hasta ocho meses sin una acusación.

El Ministerio Público frente a las acusaciones tiene tres acciones a seguir, comenzando por desestimar los casos, declarar la falta de méritos a las acusaciones o mandar a ampliar las investigaciones. Por su parte, las autoridades policiales solo deben acatar la ley de no mantener en detención a una persona por más de 48 horas.

Asimismo, según Montenegro, las autoridades no velaron por los derechos y garantías del procesado desde su captura, ya que muchos fueron capturados por civiles armados, violar el derecho a una llamada telefónica, el derecho a verse con su abogado, entre otros, que también inciden en la nulidad”.

Representantes del Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron continuar con las negociaciones para buscar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país, luego que este miércoles se anunciara que todos los manifestantes presos serán liberados en un plazo no mayor a los 90 días.

Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de personas arrestadas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, rechazó el acuerdo entre el Gobierno y la Alianza, de liberar a los reos en un plazo de tres meses.

“Demandamos que las negociaciones no inicien hasta que se libere al último preso político, como garantía de cumplimiento del acuerdo. Ningún otro acuerdo puede ser válido y legítimo en tanto no se liberen a todas y todos los presos políticos”, informó el Comité, en un comunicado.

El Gobierno y la Alianza Cívica no informaron el número de manifestantes presos que será tomado en cuenta, ya que por un lado el comité cuenta 802, mientras que el Gobierno establece la cifra en 340. Tampoco mencionaron nada sobre personas desaparecidas que podrían estar en prisión. Los familiares de los manifestantes presos también exigieron conocer el calendario de liberación de presos y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

Mientras que la naciente organización de abogados denominado Grupo de Defensa Penal, integrado por alrededor de medio centenar de profesionales del Derecho, dio a conocer la tarde del jueves su criterio sobre el acuerdo alcanzado un día atrás entre el Gobierno y La Alianza Cívica, donde se establece el plazo antes referido.

“El acuerdo (Gobierno y Alianza Cívica) viola los derechos y garantías constitucionales porque los términos del mismo son criterios subjetivos y no criterios objetivos”, según lo expresado por los abogados agremiados en el Grupo de Defensa Penal.

De acuerdo con esta organización gremial a como están redactados los acuerdos entre el Gobierno y la Alianza Cívica “es posible que no todos los reos sean liberados ‘’ por la manera subjetiva en que están los términos del acuerdo.

Para el abogado Noel Alonso Cano, especialista en Derecho Penal, el comunicado dado a conocer por las partes dialogantes es “ambiguo” porque no se establece bajo qué figura jurídica serán excarcelados los manifestantes presos. 

Por su parte la abogada Aura Alarcón, quien ejerce la defensa de 21 manifestantes acusados por diversos delitos es del criterio que en los casos donde hay sentencia se debería de declarar la nulidad del proceso y en los procesos donde todavía no hay un fallo judicial se puede proceder a declarar la clausura anticipada del proceso, añadiendo que para ello no es necesario esperar noventa días.

“De los 21 casos en los que yo defiendo, en 15 de ellos se puede declarar la clausura anticipada del proceso y para ello únicamente basta que el juez convoque a una audiencia especial en un plazo de 24 horas’’, expresó la abogada Alarcón.

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