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sábado, 2 de marzo de 2019

Diálogo en Nicaragua en medio del secretismo impuesto por Ortega.


Un gran secretismo impuesto por Daniel Ortega es el rasgo más notorio del llamado diálogo nacional que inició en Nicaragua el pasado 27 de febrero, entre el régimen y la llamada Alianza Cívica integrada por la empresa privada y algunas organizaciones de la sociedad civil.

Ortega se niega a permitir garantes internacionales en las negociaciones que presuntamente tienen el propósito de buscarle una salida a la crisis sociopolítica que afecta el país desde abril de 2018.

La Alianza Cívica lleva como agenda la liberación de todos los presos políticos, la realización de elecciones libres y anticipadas, y justicia por los crímenes cometidos por el estado. Por ahora se desconoce las demandas del régimen.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció a favor del diálogo en Nicaragua y dijo que ese organismo podría actuar como "garante" de las negociaciones, pero para ese fin es necesaria la liberación de los presos políticos.

Ortega hasta ahora ha liberado a cien presos políticos de los 762 que permanecen como rehenes de ese régimen. Les ha otorgado casa por cárcel previo al inicio del diálogo, una situación que es catalogada como mecanismo de presión y chantaje por parte de Ortega.

"Nosotros estamos de acuerdo con un proceso de diálogo, no exactamente como mediadores, pero como garantes de ese proceso", dijo Almagro al iniciarse el diálogo entre el régimen sandinista y la Alianza Cívica.

Una de las propuestas de la Alianza Cívica es la presencia de la OEA, y la Organización de Naciones Unidas, para que sean garantes de las negociaciones, una propuesta que desde ya enfrenta obstáculos ante la negativa del régimen sandinista.

Otro de los obstáculos es que Ortega y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidente de Nicaragua, son los grandes ausentes en el llamado diálogo, sus representantes en la mesa de negociaciones no tienen capacidad de decisión.

Jessica Castro, activista nicaragüense y directora del espacio “Tu voz también cuenta”, en redes sociales dijo estar en contra de las negociaciones. “Por experiencia sabemos que es el diálogo es una táctica dilatoria de los dictadores y el ejemplo que tenemos es Venezuela, cuando empezamos esta lucha nos mandaron a decir que no cayéramos en la trampa del diálogo y en la falsa oposición, lo que pasó en Venezuela (con el diálogo) fue traición porque la lucha es del pueblo. 

Aprendimos de eso y nosotros los activistas en las redes sociales hemos llevado ese mensaje claro y conciso a las personas de que acá no puede permitirse una negociación donde los políticos agarren poder utilizando la muerte de los muchachos porque las familias seguimos luchando por justicia”.

Para Castro, los políticos y los negociadores no terminan de comprender que “el pueblo quiere romper con la cadena de pactos con la que comúnmente han resuelto los conflictos en Nicaragua, donde los delitos y crímenes han quedado sin justicia, en la impunidad y los mismos actores del pasado son los mismos que continúan dañando nuestra política la buena andanza del país, donde no hay inclusión y por eso el pueblo no se siente representado en ese diálogo”.

La excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, autora de la Ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, conocida como la Nica Act, se refirió al diálogo y asegura que Ortega se ve obligado a sentarse en una mesa de negociación ante el temor de correr la misma suerte que su aliado venezolano Nicolás Maduro, pero descartó que pueda evadir las sanciones mientras en Nicaragua no haya elecciones libres y transparentes.

“Ortega está viendo la presión increíble que hay en contra de su aliado Maduro y se ve forzado a dialogar por miedo a que le suceda lo mismo. Sin embargo, el diálogo que está convocando debería ser solo un primer paso acompañado de que cese la violencia y represión contra el pueblo de Nicaragua”, apuntó Ros-Lehtinen.

Pero la represión y el asedio del régimen continúan en la nación centroamericana. Ortega mantiene custodiadas las calles de la capital, Managua con un fuerte dispositivo militar para evitar alzamientos de la población. Mientras el Ejército de Nicaragua, que ha permanecido callado durante la masacre del régimen contra la población civil y ha permitido la presencia del paramilitarismo organizado por el gobierno sandinista, se pronunció a favor de un diálogo.

Ros-Lehtinen aseguró que la Ley Nica Act, así como las sanciones adicionales como la Magnitsky, decretos ejecutivos y la suspensión de visados a funcionarios y personas vinculadas al régimen de Ortega, que ya han sido aplicadas “a corruptos y violadores de derechos humanos, seguirán en pie hasta que haya verdaderas elecciones libres y transparentes”, afirmó.

Rafael Cárcamo, coordinador de la Diáspora Global Nicaragüense (Diaglonic), uno de los participantes en el reciente encuentro entre el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, en la ciudad de Miami, y nicasestadounidenses y exiliados, dijo que en la reunión se les explicó que la administración del presidente Donald Trump, respalda de cierta manera el diálogo en un último intento de buscar una salida democrática, con justicia y sin derramamiento de sangre en un corto plazo.

Ese plazo pudiera oscilar entre 30 a 60 días máximo. En ese término deberían ser liberados los presos políticos sin distinción, y determinar el adelanto de elecciones con la rigurosidad que se requiere, de acuerdo con las declaraciones de Cárcamo.

“Hay tres puntos en esta negociación y de ahí no hay manera de salir: Uno, la libertad de todos los presos políticos; dos, la libertad de expresión y de movilización, eso significa que la gente pueda volver a salir a las calles sin ser reprimida o que les disparen; tres, adelanto de elecciones. Son los tres puntos que lleva la gente (de la Alianza Cívica) a esa mesa. Obviamente, Ortega debe haber puesto sus condiciones, pero no las conocemos”, indicó.

Para Cárcamo la libertad de los presos políticos no debe ser condicional, y a su juicio, si Ortega aprueba casa por cárcel para un grupo de presos políticos, tampoco es la solución al problema porque continúan siendo presos políticos. Además, sostiene que todas las sentencias contra los presos políticos y los procesos “judiciales” deben ser anuladas por ser ilegales, absurdas y sin consistencia.

“Entiendo y lo que se expresó en esa reunión (con el embajador Sullivan) es que Estados Unidos quiere la salida lo más pronto posible sin derramamiento de sangre, entiendo que este hecho bajo ninguna circunstancia implicaría una condición en la cual a Ortega o a su séquito se le dé una amnistía, que se le permita se queden con todo lo robado, y que no se le pueda acusar por crímenes de lesa humanidad, (de ser así) creo que eso sería un precio demasiado alto el que se estaría pagando, y todavía corriendo el riesgo que la democracia en Nicaragua quede en manos de los que en un momento fueron sus cómplices o su gente que trabajó de la mano con él durante los años 80”, señaló Cárcamo.

Jessica Castro considera que el diálogo es una burla al sacrificio del pueblo que no quiere más sandinismo y sostiene que no tiene futuro. “Eso usted lo puede ver con los representantes del gobierno en la mesa de negociaciones, ahí esta Luis Andino, de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), una organización de las universidades, corrupta y afín al gobierno, (el diputado oficialista) Wilfredo Navarro, que ha estado en diferentes partidos políticos; y el diputado oficialista Edwin Castro, que donde quiera que va llega a dormirse, ahí se lee con qué seriedad este gobierno se está tomando ese diálogo”, afirmó Castro.

Para Cárcamo, los nicaragüenses a lo interno del país y los que residen en el exterior deben continuar presionando para evitar que la solución a la crisis en Nicaragua sea poniendo parches porque a su criterio eso significaría continuar con el problema.

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