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lunes, 4 de marzo de 2019

Régimen Ortega-Murillo está obligado a poner en libertad a todos los reos políticos afirma asesor jurídico de la CPDH.


Desde la perspectiva jurídica todos los presos políticos del régimen Ortega –Murillo deben ser puestos en libertad, afirma el doctor Julio Montenegro abogado defensor miembro del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos –CPDH- durante el transcurso de su participación en Impacto 540 de Radio Corporación, bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera.

“Es obligación del régimen poner en libertad a todos los presos políticos, porque de hecho en el primer punto de los 12 que se han acordado en el diálogo, la libertad de todos los reos políticos es la primera demanda al gobierno, toda vez que éste ha criminalizado a todo ciudadano que ejerció su derecho constitucional a manifestarse, al que por el simple hecho de portar una bandera, por  ser solidario con una botella de agua, por brindar algún tipo de alimento” señala Montenegro.

Para el miembro del equipo jurídico doctor julio Montenegro, los mismos médicos que atendieron a heridos durante las protestas han sido objeto de criminalización, y desde ese punto de vista jurídico todos estos casos deben ser declarados nulos de toda nulidad, puntualiza Montenegro.

Por su parte Carlos Valle, puesto en libertad en el grupo de los primeros cien presos políticos que concedió el régimen, estuvo también en Impacto 540, y afirmó que su detención fue el resultado de sus protestas, las que calificó  de perenigraje, en demanda de la puesta en libertad de su hija Elsa Valle, y rememoró el largo proceso de represión a que fue sometida su familia, tras la detención de su hija Elsa, que fue parte de las protestas que se realizaron desde la UPOLI.

 “Producto de la detención de Elsa, y las protestas constantes que ejercí para lograr su liberación, el gobierno ordenó el despido ilegal de mi esposa que laboraba en una institución del estado, también un hijo mío fue detenido, cuando yo fui apresado y tuvo que irse al exilio, todas estas acciones dieron como resultado que la familia Valle, fuera objeto de persecución y represión por parte del régimen” recuerda el ex preso político Carlos Valle.

El doctor julio Montenegro, retoma su participación en Impacto 540, reiterando que la constitución de la república en su artículo 27 establece que todas las personas son iguales ante la ley, es decir que toda persona puede ejercer su derecho a manifestarse, a expresar sus opiniones y no pueden ser objeto de discriminación por asuntos de sexo, raza, religión, de credos políticos, así mismo en el artículo 29 de la constitución, se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesión, que son libertades plenas ciudadanas establecidas en la constitución política.

El asesor jurídico de la CPDH, explica que la figura jurídica en el código procesal penal en vigencia se establece que primero se debe investigar, y si se encuentra que existen razones y causas en que las autoridades presume que alguien está incurriendo en ilegalidades penales, entonces se hace la correspondiente interposición de acusación de cargos de primera instancia, para posteriormente notificar a las personas que están siendo imputadas, explica el doctor Montenegro.

“Obviamente que cuando se trata de delitos flagrantes, se detiene a la persona, en el término de 48 horas, y se presentan de inmediato, el artículo 228 del código procesal penal dice que la policía nacional deberá realizar las investigaciones correspondientes para la comprobación de acciones delictivas, es decir que hará las investigaciones correspondientes para proceder a las detenciones, aquí no se dice en éste artículo 228, que primero se va a detener y después investigar” explica el doctor Montenegro.

El asesor jurídico de la CPDH refiere que éste sería el caso de Carlos Valle, y en el caso de don Alex Vanegas, el delito que le fue imputado ya prescribió, por ser éste una falta, agregando que más de 400 casos que actualmente se llevan en contra de los presos políticos, están en la categoría de nulidad, es decir deben de caer por su propio peso, por tanto la razón de tener en prisión a detenidos para los cuales sus faltas ya prescribieron, no tienen razón de ser.

“Existen una serie de situaciones que se han estado generando en los procesos penales en contra de los presos políticos, que les hace acreedores de toda nulidad” puntualiza el doctor Julio Montenegro, miembro del equipo jurídico de la CPDH y abogado defensor de presas y presos políticos del régimen.

Carlos Valle, retoma su participación en Impacto 540, recordando que cuando fue detenido fue llevado de inmediato al Chipote, y fue mantenido en prisión, sin cargo alguno, y fue mantenido en la cárcel privándole de todos sus derechos, y sobrevivió a todas las confiscaciones de sus derechos a los que fue sometido.

Valle admite que durante su estadía en la cárcel Modelo de Tipitapa, pudo ver al periodista Miguel Mora, por la cercanía de su celda a la celda de aislamiento en la que estaba recluido el periodista, pero que no tuvo ningún tipo de contacto personal con él, solo se avisaron de que ambos estaban recluidos en celdas cercanas de reclusión.

Valle recuerda que en prisión todos los reos políticos mantenían la moral en alto y se mantenían permanentemente en actitud beligerante, entonando canciones de protestas, cantando el himno nacional, y cantaban continuamente la canción Nicaragüita, esta actitud les trajo represión de parte de los carceleros, refiere Carlos Valle.
 “Cuando llegué  a las cárceles del régimen, seguí manteniendo mi decisión de que nuestra causa deberá seguir viviendo, de que todos los nicaragüenses vamos hacia el sol de la libertad, de que otros nos seguirán, afirma Carlos Valle, para posteriormente revelar  que la nunca le detuvieron bajo la figura de preso político, sino que le acusaron de narcotráfico.

El doctor Julio Montenegro, concluye su participación en Impacto 540, afirmando que los reos políticos que fueron puestos en libertad no caben dentro de la figura jurídica de amnistía ni de indulto, porque todos los procesos penales a los que fueron sometidos no son legales, puesto que ellos no cometieron delitos de ninguna índole.

“Fueron acusados de delitos inexistentes, porque no es delito el que hayan ejercido su derecho a opinar, a manifestarse, su derecho de reunirse, el derecho a informar cómo es caso de los periodistas Miguel Mora y Lucia Pineda, los que ahora estarían siendo sometidos a procesos penales carentes de toda legalidad y por tanto nulos de toda nulidad” puntualiza el miembro del equipo jurídico de la CPDH doctor Julio Montenegro.

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