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jueves, 14 de marzo de 2019

Una oposición dividida reanuda el diálogo con Daniel Ortega.


Las diferencias amenazan con dividir a la opositora Alianza Cívica, el grupo negociador con el Gobierno del presidente Daniel Ortega que ha generado esperanzas entre los nicaragüenses para lograr la liberación de los detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, el respeto a las libertades civiles y el fin de 12 años de autoritarismo, con el adelanto de elecciones. 

La noche del miércoles en Nicaragua el Ejecutivo sandinista anunció la reanudación de las negociaciones bajo la promesa de “excarcelar” a otro centenar de presos políticos, pero la reacción inmediata de los estudiantes que forman parte del grupo opositor en rechazo del llamado diálogo, junto con la opinión de otros integrantes del bloque, deja en evidencia los desacuerdos frente al sector empresarial, urgido de una negociación con Ortega dado el deterioro económico que ha causado una crisis política que ya se extiende por casi un año.

Rosario Murillo, vicepresidenta, esposa de Ortega y mano derecha del mandatario envió a la prensa extranjera un comunicado en el que informaba de que tras negociaciones intensas con la Alianza Cívica se reanudaba este jueves el llamado Diálogo Nacional, con la promesa de “excarcelar” a un “núcleo apreciable de personas” detenidas tras la represión del Ejecutivo contra las masivas manifestaciones que exigen el fin del régimen. “Dejamos constancia de que la franqueza, respeto y confianza siguen siendo un signo común de todos los que en dicha mesa participan”.

Horas después, sin embargo, el bloque de los estudiantes universitarios que conforman la Alianza organizó una conferencia de prensa en un hotel de Managua en la que afirmaban que no respaldaban el comunicado y rechazaban el inicio de la negociación al considerar que no cumple con las exigencias hechas al Estado, que incluyen la libertad de los detenidos, el cese a la represión y “los secuestros”, el cese al hostigamiento a las familias de los detenidos y el respeto a los estándares internacionales en el trato a los encarcelados, incluyendo la prohibición de tratos crueles.

La reacción de apoyo a la posición de los estudiantes no se hizo esperar en las redes sociales. Los nicaragüenses ven en ellos una reserva moral tras su levantamiento en abril, cuando se atrincheraron en las universidades públicas y se levantaron contra el régimen en las manifestaciones, con un saldo de decenas de vidas jóvenes segadas por la represión de Ortega. Varios intelectuales y activistas mostraron su apoyo a los estudiantes, entre ellos Azahalea Solís, feminista e integrante de la Alianza, quien dio “su respaldo total al comunicado del Movimiento Estudiantil” y rechazó el acuerdo realizado con el Gobierno y el resto de integrantes de la oposición. “Totalmente de acuerdo con la madura y firme posición del movimiento estudiantil. ¡Respuestas contundentes! Esa es la demanda”, afirmó en Twitter.

En la misma línea se expresaron críticos del régimen como Luis Carrión, excomandante sandinista, quien exigió la anulación de los juicios y la “liberación incondicional de todos los presos políticos”, mientras que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez consideró que los estudiantes daban “una gran lección de voluntad política, lucha, inteligencia y contundencia”. Téllez afirmó que daba su “respaldo total” a la posición de estudiantes. “Ellos están hablando por nosotros”.

Por el otro lado los empresarios reaccionaron pidiendo “confianza” a la población. Las negociaciones se reanudaron en febrero después de que las tres grandes fortunas de Nicaragua se reunieran con Ortega para pedirle que se sentara nuevamente a negociar tras la intransigencia del mandatario de aceptar las exigencias de la oposición, que en mayo, cuando se produjo el primer Diálogo Nacional, reclamaban profundas reformas al Estado y el adelanto inmediato de las elecciones. 

Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), salió al frente de las críticas y dijo que “no hemos perdido los objetivos centrales”: liberación de los detenidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) como garante y el adelanto de elecciones. “Sobre los dos primeros puntos acordamos lograr avances concretos en la mesa de negociación en dos días. Confíen”, escribió en su cuenta de Twitter. Arana afirmó, sin embargo, “que no todos los casos [de detenidos] se pueden anular simplemente. Hemos conocido expedientes. No puede haber impunidad de ningún lado”.

Sus comentarios contrastan con lo expresado con integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras seis meses de investigaciones en Nicaragua presentaron un demoledor informe contra el régimen, en el que señalaban que en el país se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad en el marco de la represión contra las manifestaciones. 

Pablo Parenti, experto argentino, dijo que el grupo recomendó “muy claramente que hace falta una revisión de todos estos procesos y que esa revisión se debe llevar a cabo con las personas en libertad”. Aseguró que “al haber podido acceder a algunos expedientes judiciales pudimos comprobar que son expedientes totalmente manipulados, con acusaciones absurdas” y que “presentan falencias muy burdas”.

La Alianza Cívica es el bloque opositor que se conformó para negociar en mayo una salida a la crisis política que sufre Nicaragua y que ha dejado 325 muertos constatados por la CIDH. Está compuesta por campesinos, estudiantes, integrantes de la sociedad civil, académicos, exdiplomáticos, feministas y empresarios. En las primeras negociaciones, en mayo, los obispos de Nicaragua desempeñaron un papel fundamental para mantener vivas las negociaciones, que más tarde caerían en coma por la intransigencia de Ortega.

Tras la reanudación del proceso, a finales de febrero, los obispos se negaron a participar como garantes y hasta ahora no se ha logrado la integración de observadores internacionales como la OEA, la Unión Europea o Naciones Unidas. Representantes de la OEA han afirmado que solo podrían participar si hay libertad de todos los detenidos. “No podemos entrar en una negociación en la que tengamos que negociar libertades”, afirmó el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro.

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