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viernes, 1 de marzo de 2019

¿Vetará Ortega a la CEN, a la ONU y la OEA?


Tomado de Confidencial / Cuarenta y ocho horas después de haberse iniciado el diálogo entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y cuando ni siquiera se ha debatido la agenda de fondo, la negociación está “trancada” en la definición de los procedimientos –la llamada hoja de ruta—que depende de la selección de testigos, observadores, y garantes internacionales, de un eventual acuerdo nacional.

Al finalizar la segunda ronda de negociaciones, el régimen persistía en su cerrazón. “Garantes y mediadores es la tercia. El Gobierno sostiene que la crisis es un problema de los nicaragüenses y que nosotros debemos resolverlo sin garantes internacionales”, afirmaron fuentes allegadas al proceso.

Los delegados del Gobierno se oponen de forma rotunda a la participación de la Conferencia Episcopal (CEN) como testigos y facilitadores del Diálogo, junto al nuncio apostólico, y pretenden individualizar esta responsabilidad en el presidente de la Conferencia Episcopal, Leopoldo Brenes. Sin embargo, el cardenal Brenes tiene un mandato de la CEN de integrar una delegación de tres miembros con los obispos Rolando Álvarez y Bosco Vivas, y cuenta con el respaldo del papa Francisco para hacerse representar con los obispos de forma colectiva.

Una fuente vinculada la negociación vaticinó que el cardenal Brenes tendría un papel clave en el tercer día de la negociación. “El puede inclinar la balanza a un lado o al otro —explicó la fuente— pues tiene el respaldo del Papa y de los obispos, para no someterse a la presión gubernamental”.

Según la fuente, si el Gobierno persiste en vetar a los otros dos miembros de la CEN, Brenes podría optar por no participar en el Diálogo, y sin duda tendría el respaldo pleno de la Alianza Cívica, poniendo en entredicho la falta de voluntad política del Gobierno en el diálogo. “Para los de la Alianza está claro que no hay Diálogo sin los obispos y la CEN como testigos y facilitadores”, precisó la fuente, “porque ellos son la institución más creíble del país”.

La otra discrepancia que ha estancado las negociaciones gira en torno a la selección de los garantes internacionales. Mientras la Alianza propone a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Gobierno no quiere ningún garante internacional. “Ellos alegan que este es un problema entre nacionales y por lo tanto, debe ser resuelto exclusivamente entre nicaragüenses”, reveló la fuente.

Los de la Alianza, en cambio, invocan su desconfianza en que el Gobierno vaya a cumplir con algún acuerdo, y mencionan los compromisos con tratados internacionales que Ortega ha violado, empezando por la masiva violación a los derechos humanos.

“Para la Alianza Cívica es condición sine que non que existan garantes internacionales, para avanzar hacia el siguiente paso que es la demanda de liberación de todos los presos políticos”, indicó la fuente.

En ese tema, la Alianza Cívica ya cuenta con el pleno respaldo de la OEA, su candidato a garante internacional. La OEA ha proclamado a través de su secretario general, Luis Almagro, que la liberación de los presos es un asunto de derechos y no un tema  de negociación. La Alianza Cívica reiteró que la negociación no ha entrado a temas de fondo. “Consideramos crucial que las reglas de la negociación de fondo estén claras y bien acordadas de cara a la adopción y respeto de los posibles acuerdos”, insistieron en un comunicado.

A pesar del claro distanciamiento que existe entre las partes, en cuanto a los facilitadores y los garantes internacionales, el vocero de la Alianza, Carlos Tünnermann, se mostró inusualmente optimista al final de la jornada del jueves, que terminó sin acuerdos ni comparecencias ante la prensa. El educador y ex diplomático al salir del Incae dijo, a través de la ventanilla de su automóvil, que “ya existe un texto redactado”, que está en manos del Gobierno para zanjar las diferencias, y confía en que podría ser suscrito al medio día del viernes. Si esto ocurre, el Nuncio Apostólico leería el acuerdo de la “hoja de ruta”, para que de inmediato las partes inicien la discusión sobre la agenda y los temas de fondo.

En caso de que el pronóstico de Tünnermann no se cumpla y el Gobierno mantiene su intransigencia, la decisión que adopte el cardenal Brenes, por un lado, y la de la propia Alianza Cívica, por el otro, determinarán si tienen capacidad para ejercer un presión sustantiva y flexibilizar la posición oficial, o si se impondrá el Gobierno abriendo un impase que coloque a la negociación al borde de la crisis.

La Unidad Nacional Azul y Blanco manifestó este jueves su “preocupación” por la continua “represión” del Gobierno de Nicaragua, a pesar de que se encuentra en negociaciones con la Alianza Cívica.

“Observamos con preocupación que, lejos de crear un clima apto para el buen resultado de las negociaciones, el régimen se empeña en continuar con la represión y la violencia en contra de la ciudadanía”, declaró la Unidad, en un comunicado.

La Unidad reclamó que el Gobierno no haya dado libertad plena a 100 presos que salieron de prisión ayer, y solo les otorgó convivencia familiar, sin garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos y “poniendo en riesgo la integridad de los mismos al publicar sus direcciones”. Además de hacer responsable al Gobierno por lo que ocurra con los reos y sus familiares, la Unidad rechazó las reformas fiscales aprobadas el miércoles en lo general, ya que agudizan “la crisis humanitaria e intenta desviar la atención de la crisis política y de derechos humanos en la que nos ha sumido este régimen”.

En el comunicado la Unidad insistió en que las negociaciones necesitan garantías, como “la liberación previa y sin restricciones” de los manifestantes presos y la anulación de sus juicios, el retorno de los exiliados y el establecimiento de las libertades fundamentales de los nicaragüenses.

Asimismo la Unidad reclamó elecciones adelantadas, la participación de organismos multinacionales como garantes en las negociaciones del Gobierno con la Alianza, la devolución de personalidad jurídica a ONGs sin fines de lucro y defensoras de derechos humanos, además de la comunicación “fluida y oportuna” de los acuerdos.

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