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miércoles, 10 de abril de 2019

Estamos en una fase post Ortega.


Por Oscar René Vargas / Daniel Ortega se transformó en un dictador. Es un político que representa a un sector de la clase dominante, la “nueva clase”, minoritaria y advenediza, crecida con la corrupción, los privilegios estatales, el robo y la corrupción de los últimos años.

Ortega es el resultado de una visión estalinista de la política y una mentalidad que es exclusiva de los dictadores: mezcla de arrogancia, total falta de decencia, desprecio por el resto de la población e ignorancia burda, además de ser un narcisista y sociópata, incapaz de tener empatía por otros seres humanos y, por último, pero no menos importante, de una estupidez supina.

Ortega sabe que los actuales miembros del Consejo Militar del Ejército no tienen una visión política homogénea, que las bases (soldados, sargentos y oficiales menores) no piensan igual que los coroneles y generales y que las Fuerzas Armadas no son políticamente seguras ni siquiera en un 80 por ciento.

Ortega sabe que la mayoría de los integrantes de los poderes del Estado (sistema judicial, maestros, trabajadores de la salud, funcionarios del Estado, etcétera), que permanecen callados y asisten a sus concentraciones no lo hacen por lealtad política sino por miedo a perder su trabajo y/o a una posible represión personal.

El régimen Ortega-Murillo implementa la táctica de la negación y la desinformación para eludir responsabilidades de las consecuencias de la represión indiscriminada que ha producido asesinatos, muertes, torturas, etcétera; entre los miembros de la población civil desarmada.

Es lo que se conoce como la “táctica Skripal” que consiste en decir o hacer algo tan ridículamente estúpido y ofensivo (como la política de negación o el golpe de estado) que pone a sus seguidores ante la dura elección: “haz como si no te has dado cuenta o, atrévete a decir algo y enfrenta la ira del régimen Ortega-Murillo”.

Y les ha funcionado en nombre de la “revolución”, o lo que sea, porque los seguidores más fieles al régimen se alinearon inmediatamente detrás de Ortega-Murillo, a pesar de la evidencia de la represión indiscriminada, que violó los principios más sagrados de los derechos humanos. Esta táctica tiene el objetivo no sólo de condicionar una obediencia total de sus seguidores (condicionamiento de la obediencia mediante la humillación y sometimiento), sino también, para hacer que renuncien públicamente a cualquier apariencia de dignidad.

El partido de gobierno FSLN, dejó de ser un partido, y se transformó en una máquina electoral, pues no tiene ninguna vida interna democrática, y se rige según el ejemplo cubano influenciado por la casta-clase burocrática estalinista que condujo al abismo a la Unión Soviética: poco reflexivo, sectario y vertical.

El régimen Ortega-Murillo dejó de ser sólido y popular y se transformó en un gobierno frágil, al reprimir al movimiento estudiantil y a los campesinos, someter a los sindicatos y apoyarse sólo en el aparato militar-policial y los paramilitares.

El movimiento social opositor al régimen tiene como apoyo social a las clases medias y a sectores de la burguesía, pero recoge también el odio masivo de la población contra la corrupción, la impunidad y la prepotencia de la “nueva clase” que remplazó al sandinismo original.

El movimiento sociopolítico de los oponentes trata de canalizar la protesta existente en amplias capas de la población denunciando el robo de los bienes públicos, la ineficacia de los administradores de las instituciones estatales y las malas decisiones gubernamentales; denunciando el hambre, la pobreza, las dificultades cotidianas y la permanente degradación del nivel de vida.

Desde el comienzo del mes de enero 2019, he señalado en varios análisis que hemos entrado en “una fase post-Ortega”: que se acelera y que puede ser de corta o mediana duración. Que el régimen tiene la opción de negociar (la más probable); o tratar de prolongar su estadía al máximo de tiempo posible para llegar hasta el 2021, opción menos probable, ya que el país sufriría una destrucción incalculable.

A partir de enero 2019, el gobierno Ortega-Murillo ha demostrado debilidad, negocia en secreto con los norteamericanos, el delegado del Vaticano y algunos gobiernos europeos.

Para una salida política, es necesario crear un amplio margen de aceptación de las distintas fuerzas sociopolíticas, para llegar a un acuerdo entre una parte de la “nueva clase” , que podría crear un gobierno de transición de unidad nacional, excluyendo a Ortega-Murillo y a los paramilitares que participaron en la matanza y la represión contra la población.

Todos los éxitos alcanzados por el régimen Ortega-Murillo desde abril 2018, han sido inevitablemente seguidos de fracasos estrepitosos y vergonzosos que los han ido, paulatinamente, aislando a nivel internacional.

El régimen Ortega-Murillo parte de la premisa DE que la mayoría de las ONG’s son contrarias a su política y, por lo tanto, son instrumentos de lucha sociopolítica contra el régimen. En su lógica, las ONG’s son financiadas por Estados Unidos y sus aliados para derrocar al gobierno. Por lo tanto, son un peligro para la permanencia/consolidación de la dictadura.

Por esa razón, a través de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, ha eliminado la personería jurídica a las nueve ONG’s más importantes, y piensa seguir vigilando a las otras por la vía del control económico-financiero, para disminuir su capacidad de incidencia social en la sociedad nicaragüense. Es decir, es un ataque a la sociedad civil organizada.

La militarización y represión generalizada en Managua y en las principales ciudades que el régimen Ortega-Murillo ha implementado demuestra que están asustados y paranoicos. La política represiva se ha traducido en la incrementación del patrullaje en las principales ciudades del país, la detención registrada de más de 200 personas, y el asesinato de al menos unas 12 personas en todo el territorio nacional.

El mayor poder de coacción del régimen son sectores de la policía, del ejército, y los paramilitares, empleados estatales y municipales, y la juventud sandinista. Todos ellos conforman la fuerza de choque y sostén de Ortega-Murillo.

“El gobierno Ortega-Murillo está visualizando la negociación para neutralizar la implementación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y para mantener el poder el mayor tiempo posible”.

El gobierno Ortega-Murillo está visualizando la negociación para neutralizar la implementación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y para mantener el poder el mayor tiempo posible. Saben que su aplicación sería el fin de su gobierno. Por eso quieren negociar. Ortega-Murillo tienen que reconocer que llegó la hora de negociar una salida “al suave”, que no tienen futuro, y que están gobernando basados en la represión policial y paramilitar.

El deterioro de la economía y la mala gestión en la administración gubernamental es otra debilidad del régimen Ortega-Murillo. Desempleo, caída del poder adquisitivo, deterioro del sistema de salud, empobrecimiento de la clase media. Situación que también sufren los seguidores del gobierno dictatorial.

Cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), muestran una caída del PIB, de -4.0% a -4.5% en 2018. Para el 2019, si la situación sociopolítica no se resuelve, se calcula de una contracción del PIB entre -7.0% a -11.0%. Hay un retroceso en todos los segmentos de la economía que se ha contraído en 2018.

Otros elementos que permiten catalogar la situación actual como “crítica”, son la salida del 28% de los depósitos privados del país; la pérdida del 30% de las reservas internacionales, y el 13% de contracción del crédito. Los depósitos en dólares representaban más del 70.6% del total al cierre de diciembre 2018.

Producto de la crisis sociopolítica, el país perdió US$ 1.255 millones de dólares en 2018. La deuda externa nicaragüense alcanzó los US$ 11.735,2 millones de dólares al final del tercer trimestre de 2018, equivalente al 88.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La política del gobierno ha destruido la economía. Sobre todo, después del anuncio de Ortega-Murillo, el 04 de febrero 2019, por medio del cual tratan de implantar a la fuerza un “paquetazo” económico que sería la envidia de cualquier programa neoliberal en el mundo.

El país está al borde de un abismo, fundamentalmente porque la situación socioeconómica del régimen es insostenible. Ha hecho que confluyan todos los elementos para una tormenta perfecta. Ha violado la Constitución Política, ha abusado de su poder, se ha convertido en un gobierno autoritario/dictatorial, ha cerrado todas las válvulas del juego democrático, ha actuado con mucha violencia, pero además ha sido un incapaz en la gestión gubernamental adecuada, en particular económica. Estamos ante una grave coyuntura.

No hay pasión en sus bases partidarias, la gente sabe que Ortega-Murillo no representan al sandinismo original. La dictadura ha invertido dinero en establecer mecanismos de control social a través de los proyectos sociales, y ha creado una estructura de clientelismo político que no tiene nada que ver con el sandinismo.

Ortega-Murillo han perdido el fervor popular, pocos los apoyan. La gente va obligatoriamente a las marchas y manifestaciones gubernamentales, principalmente los funcionarios del sector público, coaccionados por unas listas de persecución. 

Es evidente que el sector mayoritario de la población, por lo menos en las expresiones de la calle, está sobre todo a favor de que Ortega se vaya, de que salga del poder. Lo único que le queda es seguir recurriendo a la represión y estar escondido tras los pantalones de las fuerzas policiales y paramilitares.

Un fantasma recorre al régimen Ortega-Murillo en descomposición, el fantasma de la renuncia de otros funcionarios. Esa sombra espectral, en un inicio difusa y hoy más nítida; tuvo su primer éxito con la renuncia/denuncia del ex magistrado Rafael Solís.

Solís ha sabido leer y aprovechar muy bien el momento gramsciano donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Un momento histórico de crisis terminal del régimen, donde el proyecto de consolidar la dictadura dinástica de las élites de la “nueva clase” ha entrado en agonía.

A la luz de la correlación de fuerzas geopolíticas e internacionales, es obvio, que el régimen Ortega-Murillo perdió la guerra. No tiene más salvación que una salida negociada. No hay forma de evitar que la actual fase post-Ortega, iniciada a principios de enero 2019, culmine en elecciones generales adelantadas.

Funcionarios de alto nivel del gobierno norteamericano, expertos en situaciones de crisis, se reunieron a puerta cerrada con Ortega-Murillo. El mensaje norteamericano al gobierno: es necesario democracia, respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos y elecciones adelantadas. Toda negociación con los Estados Unidos gira en torno a las condiciones de salida y a la fase de transición.

Al mismo tiempo, Eurodiputados visitaron Nicaragua y se reunieron con Ortega-Murillo. Al terminar su estadía, declararon estar en desacuerdo con la política represiva del régimen, y pidieron libertad para los presos políticos y elecciones adelantadas.

La dictadura Ortega-Murillo descubrió, desde junio/julio 2018, que cumplir su palabra a los norteamericanos levantaba tanta oposición al interior de sus seguidores y aliados (externos e internos), que tiene que actuar, públicamente, renegando de su promesa.

Desde esa fecha, para algunos ha transcurrido un tiempo muy corto, y para otros ha sido un tiempo extremadamente largo. En mi opinión, desde el momento del origen de la crisis sociopolítica (abril 2018) en la que estamos embrollados al presente (febrero 2019), han pasado por lo menos varios meses desaprovechados para encontrar una solución pacífica a la crisis, que se ha deteriorado rápidamente en menoscabo de toda la población.

Uno no puede entender la posición de Ortega-Murillo y de sus múltiples aliados económicos y políticos, a no ser que entendamos que representan diferentes modos de pensar de cómo enfrentar la crisis sociopolítica y, a la vez, evitar las consecuencias negativas que conlleva el dejar de controlar el poder total.

La única forma en que Ortega-Murillo puede cumplir las promesas hechas a los norteamericanos es renunciando a la implementación de la política autoritaria y anunciado el fin de la represión. Hacer esto será en extremo doloroso no sólo para el círculo íntimo de poder, sino para casi todos los que viven de los beneficios del poder presidencial. No hay manera de que el régimen pueda evitarlo. La pérdida será severa e inmediata. Pero esta es la situación menos dolorosa para el país.

No hay ninguna buena opción para Ortega-Murillo y sus seguidores, no hay opción indolora, sólo un ajuste de largo plazo hacia una situación más democrática, que significa pérdida de poder y de los beneficios que han gozado en los últimos años.

La agudización de la crisis de Venezuela tiene repercusión negativa política y económicamente para el régimen Ortega-Murillo, a través del bloqueo a ALBANISA vía PDVSA. La solución de la crisis venezolana define, en parte, el futuro de Ortega-Murillo.

Las sanciones contra PDVSA anunciadas por el Departamento del Tesoro, también prohíben a las entidades estadounidenses cualquier operación con ALBANISA, empresa privada mixta donde la petrolera estatal venezolana PDVSA posee el 51% de las acciones, y el restante 49% está a cargo de la estatal Petróleos de Nicaragua (PETRONIC).

La lealtad del Ejército y el poder de los militares es importante, tienen el monopolio de las armas, tienen acceso a la gestión pública, ministerios, bancos, empresas, universidades, etcétera.

¿Existe la posibilidad de que la cúpula militar abandone al régimen Ortega-Murillo? ¿Es posible que un sector pragmático le dé la espalda? Yo no creo que vayan a hacer nada. Los altos oficiales están decididos a sostener el modelo, ya que ellos también se han beneficiado de los favores del régimen de compadrazgo.

No conozco a la mayoría de esos altos oficiales que están al frente del aparato institucional, no tanto en la cúpula, sino los mandos militares que tienen el control de las tropas. Ellos están impregnados de la doctrina de conservar la institución castrense. ¿Podrán en peligro la institución por mantener al régimen?

Creo que, en algún momento, cuando el juego político siga trancado, los mandos militares van a entender que tienen que dar un paso al frente y restituir el hilo constitucional. No tienen por qué inmolarse defendiendo a Ortega, porque no solo está actuando al margen de la Constitución, sino que ha cometido graves violaciones de derechos humanos y está conduciendo al país a la debacle.

Presión del movimiento social. Ortega no puede obviar la presión social. Actualmente está en un momento bajo, en relación al del apoyo popular que tuvo al inicio de 2007. Ortega está obligado a negociar, pero no entregará el poder por la simple repetición de marchas callejeras.

Con la política económica que el régimen quiere implementar a través de su programa de ajuste estructural, que es consecuencia de su mala gestión y del despilfarro y la corrupción generalizada en las instituciones estatales, el gobierno se verá obligado a despedir a miles de empleados públicos. Ortega no puede mantenerse sin elecciones hasta el 2021.

También hay crisis en el partido de gobierno. Por el abandono de muchos principios originales, y por su sectarismo, su arrogancia, su negativa a renovarse, y con los principales cuadros señalados como corruptos, el partido de gobierno dejó de ser un partido progresista. Aunque han impulsado algunos proyectos sociales, a la vez, los han usado para enriquecerse. Recurren al pasado sin mirar hacia el futuro, y esto hace que el FSLN se encuentre encallado.

A pesar del aislamiento internacional, Ortega puede sobrevivir, pero su margen de acción se vuelve cada día más estrecho por la recesión económica.

A pesar del delicado contexto interno e internacional, Ortega-Murillo siguen considerando la política como un campo de batalla. El principal objetivo del régimen es prolongar su estadía en el poder, ya que la indefinición actual (status quo) puede resultar muy problemática para la oposición y favorable para Ortega-Murillo.

Su objetivo principal es que todo siga igual. A estas alturas que nada cambie parece improbable. Sobre todo, por el aislamiento internacional, la profundización de la crisis económica, el incremento del descontento social y porque el mercado norteamericano hace al país muy vulnerable a cualquier sanción emprendida por Estados Unidos. 

El derrumbe de la economía crea serios interrogantes sobre el acompañamiento social a la política gubernamental. Esta adversidad de la economía ha sido agravada por la improvisación, inhabilidad, torpeza e ineptitud del gobierno. Toda la sociedad nicaragüense estará desgarrada por un posible colapso mayúsculo del ingreso.

Sin embargo, el régimen está esperanzado en que la crisis venezolana que ha pasado a primer plano a nivel internacional ha situado a Nicaragua en segundo o tercer plano; creen que el tiempo que tarde en resolverse la crisis en Venezuela puede restar fuerza a la acción diplomática contra el régimen Ortega-Murillo. Mientras tanto, internamente siguen reprimiendo para acallar, adormecer, anestesiar cualquier protesta.

El “gran capital” no se ha levantado contra el régimen, a pesar del deterioro económico que les está afectando. Basta ver que la Casa Pellas, icono del comercio, ha tenido que despedir personal y liquidar a la cúpula de gerentes, muchos con años de servicio. Pero siguen campantes.

El talón de Aquiles de la dictadura Ortega-Murillo es la economía, sumir al país en la miseria forzaría la toma de decisiones de muchas personas. El pueblo va a priorizar el uso del poco efectivo que tenga. ¿Mantener al día su hipoteca con los bancos o comer? ¿Pagar la cuota del carro o comprar medicinas y pagar doctores? ¿Pagar la cuota del INSS o quedarse sin dinero?

El consumismo se va a disminuir drásticamente. Las personas dejarán de ir a los restaurantes. Es más seguro y más económico comer en casa. La gente va a preferir ir a los mercados tradicionales (Oriental, Roberto Huembes, Iván Montenegro, Israel Lewites, etcétera) en vez de ir a los supermercados.

En esa lógica, el pueblo puede presionar al capital a que reaccione cuando se le seque el flujo de pagos y de compras. Cuando se seque el charco los sapos se irán, el “gran capital” sentirá mayores efectos negativos y dejarán solo al régimen Ortega-Murillo.

A partir de ese momento aceptará negociar la agenda de los presos políticos, regreso de los exiliados, sistema electoral, desarme de los paramilitares y elecciones adelantadas.

Desde abril 2018, el gobierno Ortega-Murillo empezó a hacer agua hasta encallar, crisis tras crisis, en playas poco generosas. Al calor de la posible aplicación de la Carta Democrática en la OEA, las sanciones de Estados Unidos (Ley Magnitsky Nica) y la amenaza de la Unión Europea de otras sanciones, y de la certeza de una profundización de la crisis económica; al régimen sólo le quedaba admitir que vivimos horas de angustia y desaliento.

Después de las visitas de los delegados norteamericanos (23 de enero), de la delegación de los eurodiputados (23 al 26 de enero) y la llegada de los funcionarios de la OEA (14 de febrero); se hablaba de la existencia de conversaciones secretas del Nuncio Apostólico con Ortega-Murillo para destrabar la crisis sociopolítica.

El 17 de febrero se conoció la reunión de los principales miembros del gran capital con el régimen Ortega-Murillo. No hay que perder de vista que el gran capital piensa, principalmente, en sus negocios, una economía en bancarrota es mala para los banqueros; y Ortega-Murillo piensan en ganar tiempo.

La profundización de la crisis económica local pone en alto riesgo la cohesión política y social del régimen Ortega-Murillo. Por eso, el régimen acepta reunirse con los delegados del capital Pellas/Ortiz/Zamora/Baltodano/Sacasa, con la esperanza de ganar tiempo y evitar las sanciones.

La postura del régimen tiene que variar, no puede seguir pretendiendo ganar tiempo, por varias razones:

a) La crisis económica se va profundizando cada día, incluyendo a los negocios de la nueva clase y de la familia presidencial.

b) La situación de Venezuela se va deteriorando en detrimento de Maduro y sus allegados. Por lo tanto, el régimen no puede seguir apostando al empantanamiento político de la crisis venezolana que le permita ganar tiempo.

c) El Vaticano toma distancia del régimen venezolano por incumplimiento de los acuerdos anteriores.

d) La crisis de Petrocaribe, por las sanciones a PDVSA, va a tener repercusiones en las posturas de los países del CARICOM en la próxima reunión de la OEA, lo cual hace más factible el obtener los 24 votos para aplicar la Carta Democrática al régimen Ortega-Murillo.

Hay que tener presente que Nicaragua es un país muy jerárquico, tiene una cultura de contexto alto. O sea, que lo que no se dice es tan o más importante como lo que se dice. El secreto y el poder constituyen dos pilares fundamentales del mundo de la política de los poderes fácticos: el secreto y el ocultamiento del acuerdo sociopolítico. Es por eso que la mayor parte de las actividades de la clase dominante está protegida por el secreto.

El secreto es también un dispositivo del poder. El poder se sirve del secreto para proteger y/o aumentar la fuerza operativa de los poderes fácticos. El secreto suele ocultar parte vitales de un acuerdo cuyo desvelo sería peligroso para sus intereses. El secreto se organiza para ocultar ciertas maniobras no muy limpias. Bajo el manto del secreto quedaran cubiertos las trampas y los abusos del régimen y de clase política tradicional.

Precisamente, por esa razón, los que participaron en la reunión del 16 de febrero no dicen todo lo que realmente conversaron. Eso dificulta la interpretación sociopolítica de la coyuntura y, en último término, la toma de decisiones.

En la reunión del 16 de febrero, posiblemente hablaron de la conveniencia de la apertura de un diálogo. Se habla de iniciarlo en los primeros días de marzo es para evitar la implementación de las sanciones norteamericanas y europeas que debilitarían al régimen Ortega-Murillo y hundiría más la economía con repercusiones negativas para todos.

En las negociaciones no hay que perder de vista que el régimen Ortega-Murillo, para legitimarse, aunque sea por un lapso breve, necesita del diálogo. Más aún, el régimen ha ido a dar al callejón sin salida en el que hoy se halla. Se encuentra al borde del abismo, necesita el dialogo. No tiene credibilidad internacional. Tiene miedo a las sanciones. No tiene base, se sostiene con la fuerza de las armas.

El régimen Ortega-Murillo en el auge del poder daba la sensación de ser indestructible, inquebrantable; ejercían el poder de forma despótica con la venia de sus aliados del gran capital, que lo consideraban necesario para mantener la paz social y asegurar sus altas de ganancias. Muchos consejeros declaraban las virtudes del poder establecido, cantaban loas al “populismo responsable” y a “la sabiduría del dictador”.

En la fase de apogeo de la dictadura no hay que olvidar que Ortega-Murillo pudo llegar y mantenerse en el gobierno porque una parte de los que tienen el poder –el capital financiero, los grandes capitalistas nacionales y las fuerzas armadas– prefirieron (como en el Gattopardo), que Ortega-Murillo cambiaran todo para que no cambiara nada.

Ellos le dieron el visto bueno al gobierno para que hiciera de contrafuego, de bombero frente al movimiento social de los campesinos, frente a las protestas por la crisis del medio ambiente, frente a las censuras de las mujeres contra el feminicidio.

Después de haber defendido el modelo de gobernanza del régimen Ortega-Murillo con todos los argumentos posibles y algunos inverosímiles, frente a las críticas de los intelectuales progresistas, de los organismos sociales y de la gente provista de sentido común; a partir de abril los consejeros del gobierno han comenzado a analizar sobre la viabilidad de buscar una alternativa a dicho modelo sin minar, desde luego, las bases sobre las que descansa el modelo político del régimen.

A partir de abril de 2018, ya iniciado el ocaso, el poder omnímodo se va evaporando y se escapa de las manos del dictador. Sus aliados comienzan a tomar distancia, sin romper definitivamente; con la esperanza de recomponer la alianza previa al 18 de abril. Su gobierno se erosiona y sus mejores socios toman distancian. Poco a poco el dictador se va quedando solo. 

El otrora poderoso dictador comienza a mostrar sus debilidades y a cometer errores casi a diario. Ha comenzado la “soledad del poder”.
La vitalidad del movimiento de los ciudadanos autoconvocados, como la de cualquier ser vivo, se puede palpar en su capacidad de cambiar, de modificar el rumbo, y de ejercer la crítica y la autocrítica. Una característica de lo envejecido y caduco del régimen Ortega-Murillo, son: la repetición, la inercia y la incapacidad de moverse para presentar nuevas alternativas.

En la fase de declive de la dictadura la sinrazón ha suplantado el buen juicio y la lógica ha desaparecido en los entresijos e incógnitas del análisis. Los Ortega-Murillo saben que fuera del poder serán como peces sin su pecera, débiles. El poder ha sido para ellos lo que el agua es para el pez. Ahora son peces a punto de ser atrapados.

En esta fase de derrumbe de la dictadura, los Ortega-Murillo creen en las armas y en los uniformes como opción válida, como la única vía para conservar el poder. Su destino ya no está en sus propias manos, está en las manos de los otros, de los paramilitares y los policías que ha reprimido y siguen reprimiendo la insurrección cívica de los ciudadanos autoconvocados, para mantener a los Ortega-Murillo en el poder.

Ortega-Murillo siguen creyendo que son los poderosos de antaño. Sin embargo, el poder se les escapa porque los ciudadanos autoconvocados se han empoderado de una conciencia crítica y han adquirido ciertos espacios que el régimen no controla; y, por otro lado, sus aliados, los paramilitares y parapolicías reclaman lo suyo, han adquirido cierta.

Ortega-Murillo están fuera de la realidad. Ellos y algunos sectores del gran capital no quieren aceptar que no hay retorno posible al sistema político previo al 18 de abril. Están obnubilados, obscurecidos y obstinados por el deseo irracional de permanecer en el poder a cualquier precio.

El régimen Ortega-Murillo es móvil, errático; se siente frágil frente a la insurgencia ciudadana. No es una fortaleza que pueda rodearse y tomarse por asalto baluarte tras baluarte, en unas simples negociaciones; de ahí la necesidad de la presión internacional para que pueda aceptar que su tiempo político ha terminado.

No hay que olvidar que una vez que se hayan logrado avances en las negociaciones, el régimen tiene el poder de minar esos avances. Ellos calculan que resultaría difícil mantener movilizados a los ciudadanos de manera permanente para exigirles el cumplimiento de los acuerdos, por eso es imprescindible la presencia de los garantes internacionales.

Uno de los problemas del régimen Ortega-Murillo en las negociaciones, radica que al interior de sus propios militantes no hay consenso. Un gran tema es que, en los mandos medios, todo aquel que no sea parte de la familia de la pareja presidencial y de sus aliados más cercanos, no quieren aflojar nada en las negociaciones pues no “alcanza en el avión”.

La policía está súper embarrada y no va a querer ceder nada. El “vamos con todo” los dejó sin salida viable para ellos. Al mismo tiempo, el “vamos con todo” radicalizó a sus bases y ahora no los controlan completamente. Las bases radicalizadas esperan que la situación represiva actual sea así siempre, y se sienten defraudados con las posibles concesiones que se vean obligados hacer.

Los Ortega-Murillo viven en una situación de libertad vigilada, dependiendo de los paramilitares, de sus bases comprometidas con la represión policial y judicial, la tortura, los asesinatos. Ya que, ante cualquier signo de flaqueza, los pueden abandonar a su suerte, que sería el fin del régimen. Recordemos el ocaso y caída de la dictadura de Somoza.

También, no hay que olvidar que muchos empresarios (grandes y medianos, antiguos y nuevos) están comprometidos y/o enredados en negocios con el régimen. Ortega-Murillo están perdiendo un tiempo precioso para negociar una salida pacífica de la crisis sociopolítica. Sigo creyendo que es difícil darle vuelta 180 grados a todo de un sólo.

También es complicada la posibilidad de una carambola donde se saque al régimen asesino por un lado y a los corruptos de la nueva clase y sus socios por el otro lado. La situación es altamente compleja y los Estados Unidos lo saben, por eso “la salida al suave” es muy complicada, si eso implicara la permanencia en el poder de Ortega-Murillo.

Estados Unidos promueve elecciones adelantadas con “nuevos líderes”, líderes que no incluyen a Ortega y Murillo. La postura norteamericana es dialogo para alcanzar un acuerdo político, cesar la represión, liberación de los presos politicos y elecciones adelantadas.

Todo arreglo político de cúpula tiene sus perdedores. Todo arreglo entre los poderes fácticos tiene sus opositores. Toda componenda con el dictador incluye una traición. Esa clase de arreglos no pueden durar para siempre, y con frecuencia duran muy brevemente.

Si se hacen arreglos de cúpula de corto plazo se daña a la gente más débil, a los ciudadanos. Si se hacen componendas de mediano plazo, se daña a la gente más débil, al pueblo en general. Históricamente, en Nicaragua, los arreglos, transacciones, acomodos, componendas y pactos de cúpulas no han resuelto ningún problema en el largo plazo.

Así que, se necesita encontrar soluciones sin componendas. La solución sin componendas pasa por la liberación de los presos políticos, la salida del dictador y las elecciones adelantadas. Por ejemplo, la OEA declara que condiciona su participación en el diálogo a la liberación de los presos políticos.

Ortega-Murillo, están presionados por las sanciones económicas a sus funcionarios más cercanos y familiares, congelamiento de bienes en el exterior, veto a créditos en los organismos financieros internacionales y cancelación de visas. La Unión Europea y Estados Unidos siguen empujando a Ortega-Murillo a una negociación que no quieren.

Estados Unidos aprobó en diciembre 2018 una ley de sanciones a la dictadura, conocida como Nica Act y sanciones individuales a través de la Ley Magnitsky que castiga a los corruptos y a los violadores de los derechos humanos. La OEA mantiene vigente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, la cual aislaría aún más al régimen Ortega-Murillo.

Con la represión del sábado 16 de marzo, la Alianza Cívica ya tiene suficientes pruebas de que el régimen no quiere abordar los temas torales en las negociaciones, ya que saben que cualquier negociación pasa por la liberación de los presos políticos y por la discusión de los términos de su salida poder. La estrategia del régimen es ganar tiempo, prolongar las negociaciones con la esperanza de dividir y/o cansar al movimiento social.

Por lo tanto, la Alianza Cívica debe de cambiar su táctica. Cambiar su táctica es jugar con los tiempos a su favor. El régimen sabe que no puede seguir prohibiendo indefinidamente las manifestaciones, reprimir/detener a los manifestantes, mantener a los presos políticos sin consecuencias negativas por la familia presidencial y su círculo íntimo de poder.

Es decir, el régimen sabe que, si no discute los puntos torales, las sanciones internacionales personales se les vienen encima. El temor de Ortega-Murillo es a las sanciones a su familia. Es decir, la estrategia de la oposición debería ser: seguir en las negociaciones, pero manteniendo la presión de las protestas públicas en las calles. Los ciudadanos demostraron que siguen dispuestos a salir a la calle para ponerle el fin al régimen.

Por las repercusiones internacionales que tuvo la represión del sábado 16 de marzo podemos decir que: una nueva represión como la del sábado pasado permitiría a la comunidad internacional implementar las sanciones pendientes; por lo tanto, Ortega-Murillo no tienen muchos recursos para seguir reprimiendo sin consecuencias negativas para ellos y su círculo íntimo de poder.

En resumen, la táctica debe ser: mantener las negociaciones y, al mismo tiempo, apoyar las manifestaciones de los ciudadanos autoconvocados. Es la única manera de obligar a ceder en las demandas básicas de la población.

FUNIDES indicó que en el 2019 el PIB caerá entre el 7.3% y 10.9%, debido a la combinación de la crisis económica con el paquete de sanciones que el gobierno de Estados Unidos aprobó en diciembre 2018 contra el régimen Ortega-Murillo; aunado a las políticas económicas erróneas implementadas por la dictadura.

Producto de la crisis sociopolítica, la fuga constante de depósitos en los bancos que alcanzó US$ 1.553 millones de dólares en diciembre 2018, el deterioro de la calidad de la cartera de crédito (la mora/riesgo se incrementó desde 3.33% en abril a 9.22% en diciembre 2018).

Desde abril 2018 a febrero 2019 los diferentes bancos privados cerraron 57 sucursales en distintos municipios y ciudades del país y, despidió a más de 1400 empleados, lo que refleja un retroceso en un país con bajo nivel de bancarización y de acceso al crédito.

Decía sarcásticamente Henry Ford –pionero de la producción industrial en cadena e ícono del capitalismo estadounidense– que si alguna vez la gente entendiera cómo opera el sistema bancario, al día siguiente habría una revolución.

Se refería, básicamente, al funcionamiento del margen de intermediación, que no es otra cosa que la diferencia que hay entre los intereses que el banco cobra cuando presta dinero y los que paga cuando lo recibe, y constituye uno de los principales factores que permiten la ganancia de los banqueros.

Para los millones de personas que usan sus servicios tienen que saber que los bancos nicaragüenses trabajan con un margen de intermediación muy alto, en otras palabras, que cuando piden un crédito tienen que estar dispuestos a pagar un interés desmesurado, y cuando deciden invertir en algún instrumento bancario a recibir un interés exiguo.

El capital financiero obtiene su utilidad en el capitalismo real, o sea, en la producción de bienes; es la renta financiera. Muchos de ellos, aprovechando su alianza con el régimen Ortega-Murillo le permitió eludir impuestos, reciclar el capital negro, cobrar altas tasas de intereses en las tarjetas de crédito, etcétera.

A pesar de la crisis sociopolítica, los márgenes de utilidad que están recibiendo las instituciones bancarias llevan a pensar que el sistema financiero (que comprende a los bancos) muestra, por lo menos, una desproporción inadmisible en relación a los otros sectores económicos.

A pesar de la crisis sociopolítica, las utilidades bancarias continúan siendo positivas, mientras que el resto de los sectores económicos han entrado en recesión. Por ejemplo, en diciembre 2018, las utilidades de los bancos sumaron US$ 2 millones de dólares, por debajo de los US$ 14 millones de dólares de utilidades que recibieron en el mes de marzo 2018.

¿Será que los representantes del gran capital en la Alianza Cívica han priorizado sus intereses particulares a los intereses de los ciudadanos “de a pie”? ¿Será que el diálogo/negociación del INCAE son tácticas dilatorias para avalar arreglos construidos en negociaciones paralelas? ¿Será que el gran capital negocia directamente con Ortega-Murillo un “aterrizaje al suave” en detrimento de las reivindicaciones básicas de los ciudadanos “de a pie”?

La libertad de los presos políticos, elecciones adelantadas y transparentes, regreso de los exiliados, libertad de expresión, movilización ciudadana sin represión son algunos de los requisitos inevitables para la solución de la crisis sociopolítica.

La Alianza Cívica (AC) necesita mantener la legitimidad como fuerza de oposición, deben consolidar su relación política a los campesinos, estudiantes, madres de los presos y asesinados. Si no corren el riesgo de convertirse en representantes solamente del capital y confirmar que no les interesa el reclamo de justicia por los muertos y los encarcelados injustamente ni por la libertad de expresión y de manifestación de los ciudadanos.

La AC debe ponerle un ultimátum al régimen Ortega-Murillo si quiere salvar la cara frente al pueblo. O liberan a todos los presos políticos y permiten la libre expresión y manifestación; o se acaba el diálogo/negociación. 

No se puede seguir oxigenando al régimen. Con la dictadura no se negocia los presos políticos, se le exige lo que los ciudadanos “de a pie” demandan. Eso es lo que deben de hacer la AC para seguir representando a la oposición amplia y diversa. La AC debe mostrar firmeza para ser respetada por los Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina, Naciones Unidas, OEA, etcétera.


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