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lunes, 8 de abril de 2019

Negociaciones a tres niveles.


Por Oscar-René Vargas / Hay tener claro que las negociaciones sobre la crisis del régimen Ortega-Murillo se realizan a tres niveles con el objetivo de superar y/o congelar el actual impasse inestable, dependiendo de qué lado analicemos la situación:

Primer nivel. La negociación principal es entre EEUU y el régimen Ortega-Murillo, debido que el régimen sabe que ellos son los tienen mayores instrumentos de presión y que tienen la capacidad de doblarle el brazo: Nica Act, Magnitsky, Carta Democrática de la OEA, Congelamiento de los activos del Ejercito, Exclusión del CAFTA. Por esa razón, Ortega-Murillo han priorizado esa negociación, la verdadera. Ellos piensan que, si logran neutralizar, atrasar o congelar las negociaciones con EEUU los coloca en una posición ventajosa en los otros dos niveles.

El régimen Ortega-Murillo en su negociación con EEUU toma en consideración varios factores externos. Las acciones y sanciones concretas de los EEUU hacia el gobierno y sus partidarios más cercanos. Las estrategias conjuntas que establecen con los gobiernos cubano y venezolano. La política de los EEUU en Venezuela que no ha dado los resultados anunciados por los norteamericanos. El compás de espera de la OEA para la aplicación de la Carta Democrática Internacional.

Todos estos elementos son analizados por el círculo íntimo de poder para determinar su manera de negociar con EEUU. Su objetivo es ganar tiempo, evitar la aplicación de las sanciones, neutralizar las acciones de la OEA y utilizar las negociaciones en el INCAE como elemento de contención. Todo ello demuestra un síntoma de debilidad y su alternativa es enconcharse.

Segundo nivel. Negociación entre el gran capital y Ortega-Murillo. El deterioro económico que vivimos afecta, también, al capital de todos los signos políticos. Ellos saben que para comenzar a enderezar la economía se tiene que resolver la crisis sociopolítica. No hay posibilidad de resolver el tema económico si antes no se resuelve el tema político. También, los grandes empresarios y banqueros son muy susceptibles a las presiones norteamericanas.

Sin embargo, el gran capital presiona a Ortega-Murillo de manera tímida porque tienen muchos lazos y negocios con el gobierno y con los miembros de la “nueva clase”. Por otro lado, tienen temor que se conozca todas las relaciones que tenían y tienen con el régimen Ortega-Murillo, por eso son muy timoratos en la lucha contra del gobierno.

Al mismo tiempo, ellos son presionados tanto por los EEUU como por el movimiento social insurgente, que, aunque se encuentra en reflujo, sigue vigente y tiene la capacidad potencial de impulsar la segunda ola de protestas.

Durante muchos años el gran capital ha sido, cuando menos, cómplices pasivos de la corrupción y de la represión de que a menudo se han servido para incrementar su patrimonio y poder. Ahora, ellos quieren aparecer como distanciados del régimen Ortega-Murillo sin romper ni enfrentarlo totalmente, manteniendo todos los puentes posibles de cara a una “salida al suave”.

El gran capital y sus aliados, la “nueva clase”, saben que la crisis sociopolítica se mantendría aun en el escenario de una “salida al suave”, la recesión económica seguiría alimentando la radicalización de los pobres lo cual no crearía el ambiente necesario para nuevas inversiones. Por lo tanto, una “salida al suave” sería un semi triunfo con una crisis latente en desarrollo.

Tercer nivel. Negociación del INCAE. La fuerza de la Alianza Cívica radica en la potencialidad de las protestas del movimiento social, de las madres de los asesinados y de los presos políticos. Sin embargo, el régimen sabe que Alianza Cívica no tiene dientes ni una fuerza social propia que pueda mostrar, por eso son sensibles a las presiones del régimen. La Alianza Cívica oscila y/o fluctúa entre los acuerdos que Ortega-Murillo establecen con los EEUU, las presiones del movimiento social y los intereses del gran capital.

Todo parece indicar que los EEUU siguen negociando una “salida al suave” con Ortega-Murillo; debido, según el criterio norteamericano, a la falta de alternativa gobernabilidad creíble en la dirección política de la Alianza Cívica. Tanto los EEUU como el gran capital están a favor de la estabilidad en detrimento de la democracia.

El error del régimen Ortega-Murillo es creer la retardación de las negociaciones los favorece. Entre más tarde reaccione el régimen, sus espacios para una “salida al suave” se dificultan más. La crisis económica se profundiza, su aislamiento internacional continúa, lo mismo que su credibilidad.

Al cierre del primer trimestre de 2019, las exportaciones tuvieron un comportamiento negativo, tanto en valor como en volumen. Las importaciones de automotores registraron una caída del 85 por ciento en comparación al primer trimestre del 2018. Entre el 31 de marzo 2018 y el 28 de febrero 2019 hubo una salida de depósitos de US$ 1,662 millones de dólares, lo que implica una reducción del 30.26 por ciento.

El régimen Ortega-Murillo precisa llegar a un acuerdo verdadero para impedir las sanciones internacionales. Es decir, necesita liberar a todos los presos politicos, desarmar a los paramilitares, permitir las protestas de los ciudadanos, levantar la censura de los medios de comunicación independientes, devolver los equipos sustraídos y aceptar a los garantes internacionales: CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De una manera o de otras las diferentes tendencias o clanes del orteguismo influyen en el desarrollo de las negociaciones en curso. El ejército, con su servicio secreto, conoce casi todo sobre todo el mundo, por razón por la cual se puede transformar en un hacedor/facilitador de la transición.

El ejército es un árbitro, pero también una fuente de ingresos, tiene una cuota del presupuesto general y un complejo económico. Y eso significa contratos, equipamiento, compra, mercados y ganancias, hay que tener en cuenta que la “nueva clase” tiene fuertes raíces en las fuerzas armadas.

Con toda su complejidad y discrepancias, el pueblo sigue presionando y/o buscando una salida democrática, sin los clanes. Sin embargo, la crisis sociopolítica y la represión han sacado del trabajo productivo a centenares de miles de personas, han obligado a decenas de miles de jóvenes a abandonar sus estudios, han estimulado la desigualdad, el incremento del costo de la vida y la pobreza. La consecuencia de todo ello, ha sido desarticular, parcialmente, el liderazgo social de las protestas.

En su estrategia, el régimen Ortega-Murillo procura ganar tiempo en las negociaciones con la esperanza que se presente algún acontecimiento externo y/o interno que cambie el escenario adverso en que se encuentra. Mientras tanto, sigue implementando una política en la que reina la mentira y la confusión con la inmoralidad como practica cosificadora.

Por ejemplo, Ortega-Murillo y sus asesores pensaban que, en las elecciones de noviembre 2018 en EEUU, Trump sufriría una derrota contundente que le impediría implementar una política hacia Nicaragua. Esa idea hizo que Ortega dijera públicamente que no le importa que aprobaran la Ley Nica-Act.

Ahora, el régimen trata de no cumplir con los acuerdos firmados en los tiempos estipulados en las negociaciones del INCAE, procurando que pase el mayor tiempo posible. Por eso, distintos dirigentes politicos norteamericanos (Bolton, Pompeo, Rubio, Menéndez, Trujillo, etcétera) siguen presionando a través de las diferentes declaraciones que hacen en los medios de comunicación.

Según la ley Nica Act, el informe del Departamento del Tesoro (DOT) de EEUU sobre las instituciones financieras internacionales (IFI), debería presentarse noventa días después de su promulgación (23 de diciembre 2018), lo cual significa que debió conocer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de EEUU hace unos quince días.

De acuerdo al calendario establecido, aparentemente es el Departamento del Tesoro de EEUU; es decir, el poder ejecutivo, es el que está atrasando las sanciones. Hay que destacar que no es inusual que estos plazos se superen. Elemento que hace pensar a los asesores de Ortega-Murillo que siguen teniendo tiempo para llegar a un acuerdo.

A mi criterio, indicaría que los norteamericanos han decidido, no ir por la aplicación todas las sanciones de manera inmediata, con el objetivo de encontrar una salida al suave: “orteguismo sin Ortega-Murillo” para evitarse complicaciones como en Venezuela. Los norteamericanos y el gran capital saben que el esquema de poder vigente hasta el 18 de abril 2018 ya no es más sostenible.

El escenario de una “salida al suave”, que consistiría en un “orteguismo sin Ortega-Murillo”, sería del agrado del gran capital y de la “nueva clase”; lo cual se refleja en el comportamiento de algunos miembros de la Alianza Cívica en la mesa de negociaciones del INCAE. No hay olvidar que el gran capital ha manifestado públicamente el deseo de una “salida al suave”, posición conocida desde las declaraciones en los medios de comunicación del día 30 de mayo 2018.

Los asesores de Ortega-Murillo piensan que las declaraciones de los distintos personajes politicos norteamericanos no se traducen en ninguna acción concreta. Ellos observan, también, el caso de Venezuela donde los EEUU no han ejecutado las amenazas anunciadas.

El régimen Ortega-Murillo no quieren aceptar los garantes internacionales ya que están seguros que, con la CIDH y la ONU, su margen de ganar tiempo se reduce al mínimo, con muy poca posibilidad de prolongar su estadía en el poder hasta el 2021.
Ellos tienen conciencia que la venida de la CIDH, MESENI, GIEI y la ONU, en mayo 2018, fueron factores importantes para transparentar los asesinatos, torturas, heridos, represión indiscriminada y desaparecidos de la rebelión cívica.

También, las comparencias de estas organizaciones en los diversos foros internacionales siguen siendo un factor muy importante para dar a conocer, a nivel internacional, las múltiples violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y desmontar la versión del “golpe de estado”.

Los informes de la CIDH, ONU, MESENI y GIEI permitieron que la Unión Europea (UE) asumiera el tema de Nicaragua como un punto en su agenda política, lo mismo ha sucedido con los diferentes gobiernos latinoamericanos. Esas denuncias han permitido que la UE contemple la posibilidad de aplicar sanciones individuales congelando los activos de 17 altos funcionarios del régimen.

Evidentemente que el gobierno Ortega-Murillo quieren una negociación que no tenga consecuencias concretas a nivel internacional. Por eso no quieren la presencia de garantes internacionales serios que pueden cuestionar su comportamiento y cuestionar la lógica gubernamental de “firmar me harás cumplir jamás”.

El régimen Ortega-Murillo no le importa firmar acuerdos en las negociaciones del INCAE. Cumplirá solo si la presión nacional e internacional se hace efectiva. Sin presión no va a cumplir nada. Hasta el momento no ha dejado de reprimir, mantiene la militarización de las principales ciudades y del país. Por eso es estratégico una marcha nacional que presione internamente al régimen y a la comunidad internacional a tomar medidas concretas.

Ortega-Murillo se propone a seguir gobernando hasta el 2021, mediante la represión, esperando que el cansancio del movimiento social logre desactivar las protestas y, de esa forma, disminuir la presión internacional. El régimen seguirá firmando todos los acuerdos, sin acordar plazos concretos y sin cumplir. Nos quiere dar “gato por liebre”. Por eso, la solución de la crisis sociopolítica solamente es posible sin Ortega-Murillo en el poder.


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