El régimen y una alianza opositora de Nicaragua cumplieron
el penúltimo día de la negociación para superar la crisis que estalló hace casi
un año, sin alcanzar acuerdos sobre los temas de justicia y democratización.
Durante la sesión de trabajo, las partes discutieron las
propuestas de garantes internacionales y nacionales, sin alcanzar acuerdos,
desarrollaron ideas sobre los temas de verdad, justicia, reparación y no
repetición, y el de fortalecer la democracia.
Según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, el régimen se opuso a la participación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como garantes de los
acuerdos sobre garantías ciudadanas.
El negociador de la Alianza Cívica, Juan Sebastián
Chamorro, dijo a periodistas que aunque el régimen rechaza la presencia de la
CIDH y de la Acnudh como garantes, la oposición mantendrá "como condición
esencial el regreso de estos organismos internacionales para que garanticen el
cumplimiento de los acuerdos".
"Demandamos la presencia internacional por una razón
sencilla: no le creemos nada a este Gobierno y queremos para las víctimas, los
liberados y sus familias, la seguridad que ninguna institución pública pueda
dar ahora", argumentó Chamorro, quien es director ejecutivo de la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un
centro de pensamiento independiente.
El jefe negociador del régimen, el canciller Denis
Moncada, no explicó las razones del por qué rechazan a la CIDH y a la Acnudh
como garantes, aunque reafirmó la intención del Ejecutivo de cumplir todos los
acuerdos firmados.
El régimen de Ortega dio por concluida la misión de la
CIDH y de la Acnudh, así como del Mecanismo Especial de Seguimiento para
Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), entes tutelados por la CIDH, el año pasado.
El pasado 19 de diciembre, el canciller Moncada envió una
carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que lo acusa a él, a
la CIDH y a la Acnudh de querer asfixiar al país. A Almagro lo acusó de
participar "en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones
terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos
humanos del pueblo nicaragüense".
También que su actitud explicaba el comportamiento de la
CIDH, Meseni, GIEI y Acnudh, "quienes se han constituido en una plataforma
de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional
sanciones en contra de nuestro país".
El diputado Wilfredo Navarro, otro de los negociadores del régimen,
advirtió que si la Alianza Cívica se levanta de la mesa buscarán "otras
soluciones y otros interlocutores".
Para la denominada Unidad Médica Nicaragüense, el régimen
de Ortega no tiene voluntad política para buscar una salida pacífica a la
crisis, menos de cumplir los acuerdos sin garantes.
"El Gobierno le ha declarado la guerra al pueblo. El
pueblo no tiene armas, la única arma que tiene el pueblo es su dignidad, sus
ansias de libertad y la bandera azul y blanco de Nicaragua que nos cobija a
todos los nicaragüenses por igual", señaló el vocero de esa Unidad, el
médico Javier Núñez, al leer un pronunciamiento.
Para mañana miércoles está previsto que el Comité
Internacional de la Cruz Roja presente una lista conciliada de los denominados
"presos políticos" que deben quedar en libertad en un plazo no mayor
de 90 días, a partir del 20 de marzo.
Además, según lo convenido, culminar con las
conversaciones o continuarlas, algo que ninguna de las partes había descartado
cuando faltaban horas para el vencimiento de este segundo plazo del proceso, ya
que el primero era el pasado 28 de marzo pero fue prorrogado.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de
las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una
impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia de Ortega
tras casi doce años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de
presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos
organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de
actos violentos y ataques también a los obispos del país.
La dictadura sólo reconoce 199 víctimas mortales y
denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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