La Alianza Cívica no está dispuesta a seguir avanzando en la agenda
de negociación en el INCAE mientras la dictadura de Ortega-Murillo no incorpore
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como
“garantes internacionales” para velar por el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados.
Esta organización fue enfática este lunes en conferencia
de prensa luego de que el sábado la Policía y grupos paramilitares reprimieran
con violencia y armas de fuego la “sentada nacional”, menos de 24 horas después
que fueron suscritos los “acuerdos para fortalecer los derechos y garantías
ciudadanas”. La jornada violenta del sábado dejó 10 detenidos y tres personas
heridas de bala.
“Estamos en una situación muy especial y no se puede
pasar a otro punto de agenda mientras no se resuelva la designación de los
garantes internacionales”, dijo José Pallais, titular negociador de la Alianza
Cívica.
Aunque la comitiva de la dictadura en el INCAE no ha
respondido oficialmente al requerimiento de los opositores, fuentes allegadas a
la negociación afirmaron que el Gobierno se opone fervientemente al retorno de
la CIDH y la OACNUDH, organismos internacionales que plasmaron en sus
respectivos informes que lo sucedido en Nicaragua desde abril de 2018 fue “una
masacre” y que se cometieron “crímenes de lesa humanidad”.
La delegación de la Alianza Cívica entregó a los testigos
y acompañantes de la mesa, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw y el
delegado de la Organización de Estados Americanos Luis Ángel Rosadilla,
“pruebas” de los sucesos violentos del sábado en el centro comercial
Metrocentro.
Azahálea Solís, integrante de la Alianza Cívica, remarcó
que el paramilitar que abrió fuego en contra de la ciudadanía fue plenamente
identificado como militantes del partido de Gobierno. El atacante responde al
nombre de Germán Félix Dávila Blanco, de acuerdo a su carné de militante
sandinista.
Con urgencia hay que invitar a los organismos
internacionales como para garantes. Es muy necesario rescatar la credibilidad
plena ciudadanía y la comunidad internacional sobre la mesa de negociación, la
cual quedó muy erosionada por los hechos del día sábado”, insistió Pallais.
“Antes de que cumplieran 24 horas de vigencia los acuerdos, y a pesar que se
decía aplicación del acuerdo iniciaba con la firma documento, las actuaciones
de la policía y los paramilitares la desacataban”.
En su narrativa oficial, la dictadura asegura que el
paramilitar Dávila Blanco fue atacado por los ciudadanos azul y blanco, pese a
que existe evidencia fotográfica y videográfica que expone al sujeto abriendo
fuego a quemarropa en el parqueo exterior de Metrocentro.
“Desde hace tres sábados, en un reconocido Centro Comercial
privado de Managua, un grupo de personas violentas, encapuchadas y vestidas
para oportunidades mediáticas, amenazan a nuestro Pueblo con los repudiados y
dolorosos tranques, y con similares actos vandálicos y terroristas”, reza un
comunicado de prensa emitido por la cancillería de la dictadura este domingo.
“Est@s Ciudadan@s y su correspondiente aparato mediático,
han ocupado por la fuerza, los Sábados por la tarde, un Centro Comercial
privado, dedicándose a insultar, atemorizar, escandalizar y agredir
físicamente, a quienes visitan con sus Familias, esos espacios privados de
Comercio y Recreación (Sic)”, agrega el texto del régimen.
Solís dijo este lunes en la conferencia de prensa en el
INCAE que no es la primera vez que la dictadura infiltra a personas afines para
causar disturbios. La abogada constitucionalista recordó que en el mismo sector
de Metrocentro, en el año 2015, el pistolero Samir Matamoros abrió fuego contra
una manifestación denominada “miércoles de protesta”. En ambos casos, el de
Dávila Blanco y Matamoros, la Policía no hizo nada para neutralizar a los
atacantes.
Aunque la negativa de la dictadura de incorporar como
garantes a la CIDH y la OACNUDH ha estancado de nueva cuenta el avance de las
negociaciones, la Alianza Cívica aseguró que esperará hasta este tres de abril
una respuesta oficial del régimen al respecto.
“La fecha (límite) es el tres de abril. Es decir, quedan
48 horas de trabajo y el gobierno tiene
que dar muestras fehacientes para incorporar a los garantes”, dijo Solís, quien
criticó además que el régimen no solo incumple lo acordado en la mesa de
negociación, sino que ni siquiera cumple sus obligaciones constitucionales de
respeto de las libertades.
La demanda de adelantar las elecciones generales como
alternativa de salida pacífica a la crisis sociopolítica sigue siendo una
exigencia de la Alianza Cívica. Sin embargo, el canciller Denis Moncada, jefe
negociador del Gobierno en la mesa de negociación, dijo recientemente que
“definitivamente no” abordarán un anticipo de los comicios presidenciales, como
exige la oposición.
Este lunes Moncada dijo a periodistas a su llegada al
Incae: “vamos a cumplir con todos los acuerdos que hemos firmado y que
continuamos debatiendo en la mesa de negociación”.
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