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martes, 28 de mayo de 2019

Alianza rechaza la “Ley perdón” orteguista que protege a sus criminales.


Un tipo de amnistía para los responsables de la represión estatal crearía la aprobación del denominado “plan de atención de las víctimas de la violencia”, también conocida como Ley Perdón“”, considera la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

La iniciativa será presentada ante la Asamblea Nacional para que adquiera rango de ley, según el canciller Denis Moncada, quien a través de una comparecencia en medios oficiales también dijo que el documento que se presentará al poder legislativo está basado en el principio de “perdón, no olvido y no repetición”.

Además manifestó que a nivel nacional se han organizado más de 500 comisiones de reconciliación y paz.  “Hemos avanzado, igualmente, en la atención integral, con apoyos solidarios a centenares de familias que son recibidas en calidad de víctimas sufrientes del terrorismo golpista”, señaló Moncada.

Hay que agregar además que el nombre con el que será presentado dicho plan ha sido modificado, pues ayer Moncada Colindres lo llamó “Plan integral de atención a víctimas del terrorismo golpista de abril, mayo, junio y julio del 2018”, y no como originalmente fue dado a conocer la semana pasada (Plan integral de atención a las víctimas, PIAV); es decir, en la nueva versión únicamente se estaría considerando como víctimas a los simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Álvaro Vargas, integrante de la ACJD, manifestó que el único mecanismo que apoyan para garantizar reparación a las víctimas de la represión gubernamental, está relacionado a la justicia transicional.  “Los estándares internacionales de justicia cada día están menos de acuerdo con una amnistía general”, dijo Vargas al ser consultado.

La fuente agregó que precisamente como parte de los esfuerzos para lograr justicia hacia las víctimas de la violencia gubernamental y a quienes aún guardan prisión, la semana pasada, un grupo de abogados dieron a conocer públicamente cuáles son las rutas jurídicas que permitirían en primera instancia lograr la liberación definitiva de todos los manifestantes detenidos en el contexto de las protestas antigubernamentales, sin la necesidad de aprobar una amnistía o indulto.

Y en segundo lugar la Alianza ha sugerido que sea a través de la justicia transicional que el daño a las víctimas pueda ser garantizada y permitiría dilucidar la responsabilidad de los autores de las muertes.

“Es un tema de justicia lo hemos estado trabajando y propuesto a través de la justicia transicional, donde es un tema de justicia conocer la verdad y que no vuelva a repetirse este caso”, dijo Vargas.

Desde abril de 2018, Nicaragua está inmersa en una profunda crisis política, que ha cobrado la vida de al menos 325 personas, según informes de organismos internacionales defensores de derechos humanos.

Uno de estos informes que fue preparado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), presentado en diciembre pasado, señaló al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad, además recomendó al Estado la implementación de un plan para que los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos, desapariciones y tortura de manifestantes fuesen investigados.

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