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jueves, 9 de mayo de 2019

EIU: Falta de acuerdo traerá más sanciones contra Ortega.


La falta de acuerdos entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia traerán nuevas sanciones contra la dictadura, afirma The Economist Intelligence Unit (EIU), que en su último informe sobre Nicaragua destacó que las sanciones son el único punto vulnerable del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

EIU, que pertenece al grupo británico de The Economist, señala que “sin una solución política creíble a la vista, es probable que se apliquen nuevas sanciones contra el régimen de Ortega, en un tiempo relativamente corto, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, aunque inicialmente estarán dirigidos a individuos”.

En el caso de la Unión Europea (UE), el Europarlamento ha exigido a la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Federica Mogherini, en la que le piden iniciar el proceso de castigos “personalizados” contra funcionarios orteguistas, así como activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación —del que Nicaragua es firmante—, por lo que el país podría quedar fuera de ese pacto, firmado en 2012.

Estados Unidos ya ha sancionado a miembros del círculo cercano del presidente Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo; el secretario privado y asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau (“Chema”); y el consuegro del mandatario y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz.

La administración estadounidense incluyó también en su lista negra al Banco Corporativo (Bancorp), que funcionaba como brazo financiero de Alba de Nicaragua (Albanisa), la empresa creada para privatizar la cooperación venezolana. Las sanciones incluyen el bloqueo al sistema financiero estadounidense, impedimento para acceder a propiedades bajo la jurisdicción de EE. UU., y la suspensión de visa estadounidense.

La publicación británica indica que al estancarse las negociaciones, algunos observadores creyeron que los “partidarios de la línea dura de la administración Trump golpearían rápidamente a Nicaragua con sanciones económicas y financieras tan duras como las que ya se aplicaban a Venezuela”.

Tal realidad no se dio porque Estados Unidos dedicó sus recursos de política exterior a la crisis venezolana, lo que ha quitado presión sobre el régimen orteguista. Sin embargo, la EIU cree que “esta situación es temporal y que el respiro será breve”.

La publicación británica menciona que las sanciones “podrían acelerarse y profundizarse”, en caso de que la “frustración” entre los sectores opositores “se convierta en una protesta significativa”.

Subrayan que siguen “considerando que las perspectivas para cualquier tipo de solución negociada del conflicto de Nicaragua son tenues”, dado que “ambas partes también enfrentan severas limitaciones en su capacidad para hacer concesiones”.

EIU explica que la liberación de presos políticos y el restablecimiento del derecho a la protesta, son una “amenaza” para los Ortega, ya que su “estricto control político” quedaría “vulnerable” si la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares “sienten que sus líderes están cediendo ante las demandas de la oposición, que los expondrá a represalias legales”.

La Policía y paramilitares han sido señalados por organismos nacionales e internacionales como los principales responsables de los más de 300 asesinatos y miles de heridos, así como de secuestros, torturas y persecución política, en el contexto de las protestas cívicas de 2018.

En su último informe, la EIU recalcó que Ortega “ejerce una influencia significativa” sobre la Policía y el Ejército Nacional. “Altos oficiales militares han sido aplacados con el acceso a activos comerciales”, señaló la publicación, que añadió: “Aunque hasta ahora esto ha sido suficiente para asegurar la lealtad de las fuerzas de seguridad, existe un alto riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones económicas o políticas empeoran”.

Las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica se mantienen estancadas porque la dictadura exige suspender eventuales sanciones contra Nicaragua —en especial la Nica Act—, aunque todavía no cumple con ninguno de los acuerdos.

Estados Unidos aprobó en diciembre pasado la ley Nica Act, que contempla sanciones individuales para funcionarios del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde el pasado lunes 29 de abril, la dictadura intensificó su exigencia de suspender la Nica Act, luego que sus delegados y la Alianza Cívica habían casi acordado la liberación anticipada de unos 232 presos políticos —pertenecientes a una lista conciliada— y el restablecimiento de libertades públicas, como el derecho de expresión y manifestación.

En su comunicado diario, la delegación gubernamental en el diálogo insistió este miércoles en el “llamado que la mesa debe hacer para la suspensión y cese de las medidas unilaterales, ilegales y arbitrarias”.

La publicación británica resalta que por el “secreto extremo” en el que opera la pareja presidencial, es “imposible” saber si están comprometidos realmente a negociar una salida a la crisis sociopolítica, principalmente si ello significa que deben renunciar al poder. “De hecho, parece que los Ortega se están moviendo en una dirección que no permitiría que se produzca un compromiso político”.

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