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lunes, 6 de mayo de 2019

Gobierno tras los datos de cada nicaraguense que envía remesas sus familiares.


El régimen de Daniel Ortega quiere construir una base de datos con la información personal de todas las personas que envían dinero a Nicaragua, según las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero, UAF, ha enviado a las empresas especializadas en remesas.

Basada en la "Normativa sobre las obligaciones de reportes de los sujetos obligados a la Unidad de Análisis Financiero", la Resolución No. UAF-N-021-2019, aprobada el 10 de abril de 2019, la institución del gobierno comenzó a exigir que los envíos de los reportes de las empresas dedicadas a este negocio contengan la información personal no solo del que recibe el dinero sino del que lo manda, desde cualquier parte del mundo.

El reglamento de la normativa fue publicado este lunes en La Gaceta.

La práctica impuesta por el gobierno de Daniel Ortega es que los informes debían incluir la información general de la persona que la recibía, pero ahora, pretende extenderla a quien la manda, incluyendo nombre completo de la persona, identificación -cédula, pasaporte, licencia, SS-, dirección de su casa, correos electrónicos, números telefónicos, actividad a la que se dedica, empresa para la que labora, entre otros datos.

Además de lo engorroso que significa, la obtención de estos datos afecta a empresas privadas internacionales que no están preparadas para cumplir con la demanda del gobierno como obligar a las personas que envían las remesas a llenar un formato con los datos, lo que no es tan fácil, indicó una fuente.

La decisión viola una vez más los derechos de los ciudadanos, sobre todo el de la protección de su información personal o privada, comentó una fuente vinculada con esta situación. Y se vuelve más compleja y polémica al tratarse de ciudadanos extranjeros -estadounidenses, españoles o de otras nacionales- que gozan de leyes protectoras de sus datos.  

Las empresas encargadas de tramitar las remesas han pedido una explicación a la UAF y consultado a abogados dentro y fuera del país sobre la aplicabilidad de esta disposición en materia de los derechos de los ciudadanos.

La ley de la UAF y la nueva normativa abren las puertas a la criminalización de la actividad privada, sobre todo, al considerar que "todo acto, operación o transacción aislada, reiterada, simultánea o serial, sin importar el monto de la misma, realizada o intentada por cualquier persona natural o jurídica que, de acuerdo con las regulaciones vigentes, los usos o costumbres de la actividad de que se trate resulta inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente". 

A partir de estas y otras definiciones incluidas en el artículo 3 es que se derivan las responsabilidades sobre los entes obligados a reportar a la UAF. El artículo 4 del reglamento establece que "los Sujetos Obligados" deberán reporta directa y exclusivamente a la UAF, operaciones sospechosas, cualquier otro reporte o información de interés relacionada a dichos reportes, sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, conforme a lo que se establezca en la presente normativa".

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