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martes, 21 de mayo de 2019

Grupo de abogados presentan las “Rutas de salida legal de los secuestrados políticos.

Un grupo de abogados defensores de las personas privadas de libertad dentro del contexto sociopolítico de las protestas sociales iniciadas en el mes de abril del año pasado, presentaron las rutas o alternativas para lograr su liberación.


El objetivo de este documento es brindar salidas jurídicas específicas contempladas en el ordenamiento jurídico de Nicaragua que favorezcan una “liberación definitiva, segura y con garantías” para las y los presos políticos nicaragüenses, teniendo en cuenta la clasificación de los expedientes y la etapa procesal en que se encuentren.

La iniciativa de elaborar esta ruta jurídica, retoma la solicitud que el GRUN realizó a la Secretaría de la OEA para que se designara un garante en la mesa de negociación (20 de marzo 2019), así mismo, se fundamenta en el “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito”, firmado el día 27 de marzo 2019 por el GRUN y la ACJD.

La propuesta jurídica de las y los abogados defensores rechazan la amnistía como salida política-legislativa por considerar que esta abre las puertas a presumir una posible participación de las personas presas políticas en actividades delictivas y a la vez, indica que la amnistía como estrategia política puede beneficiar a personas que no se encuentran siendo procesadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis socio-política. Una amnistía cerraría las puertas a un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua explica el documento.

Aunque los abogados defensores de personas presas políticas reconocen que los procesos han sido viciados; por haberse violentado derechos y garantías del debido proceso que los vuelven fácilmente recurribles por nulidad también rechazan la figura de nulidad como alternativa jurídica dentro de la vía judicial ya que la figura de la “nulidad” invalida el proceso, pero no la acción, lo que significa que posteriormente se puede ordenar la reapertura del proceso y con ello, se ubicaría a las personas excarceladas en una situación de inseguridad jurídica, convirtiéndolos en rehenes permanentes de las negociaciones.

Además de contar con la revisión de expertos penalistas nicaragüenses, el documento de salidas legales también ha sido revisado por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). 

Las rutas presentadas por los defensores, son rutas de salidas seguras, legales, rápidas, conforme al ordenamiento jurídico nicaragüense y pueden hacerse efectivas en un plazo de 1 a 15 días como máximo, sin embargo,  su ejecución requiere de la voluntad política del GRUN, las instituciones involucradas (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema Penitenciario), para cumplir con la Constitución y la Ley para hacer efectiva la liberación definitiva de todas las personas presas políticas conforme a lo acordado en la mesa de negociación antes del vencimiento de los 90 días acordados en la Mesa de Negociación (18 de junio 2019).

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