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sábado, 11 de mayo de 2019

Magistrado admite procesos anómalos con presos políticos.


El magistrado oficialista Francisco Rosales confiesa que hay acusaciones que no hacen mérito para mantener a los procesados en prisión, mientras familiares de los secuestrados políticos denunciaban el drama que viven sus parientes en los calabozos del régimen orteguista.

En declaraciones al diario La Prensa, el Magistrado Rosales dijo: “En ese proceso de revisión (de expedientes) hay unos que salen (excarcelados) porque no prestan méritos”, dijo Rosales, como una admisión de que decenas de detenidos enfrentan procesos débiles o fabricados y que nunca debieron ser enviados al Sistema Penitenciario Nacional (SPN), adonde, según ley, deben ser enviadas personas con sentencias firmes. Agregó que en esa revisión también hay consenso, para sacar de las cárceles a otro buen número que aplican para cambiarles las medidas carcelarias a una cautelar.

“Otros (saldrán) porque se les cambia el régimen de convivencia familiar y otros condenados que no sabemos en realidad, con estos tiene que haber un acuerdo político”, detalló el funcionario del Poder Judicial.  La referencia a este último grupo también reitera lo que el gobierno ha negado siempre: que son presos políticos procesados por un aparato manipulado compuesto por la Policía, Fiscalía y los jueces.  Con las declaraciones de Rosales ya son dos los magistrados que han señalado serias anomalías en los juicios contra declarados opositores al gobierno de Daniel Ortega.

Rafael Solís, otrora operador de confianza de Ortega en temas relacionados a la Corte Suprema, ha dicho que los juicios son inventados, que los jueces obedecen a directrices de El Carmen y que debieron ser declarados nulos desde hace tiempo.

La diferencia entre ambas declaraciones es que Rosales sigue siendo magistrado y representa los intereses del orteguismo en la mesa de negociación, y Solís lo ha dicho desde el exilio, hacia donde se fue tras renunciar a su magistratura y a su fidelidad a Ortega, a quien le atribuye desmanes de dictador.

No obstante, Rosales (desde la esquina opuesta) le da la razón en sus declaraciones, cuando confirma que muchas de las acusaciones que presentó el Ministerio Público contra los autoconvocados son fabricadas o carecen de fundamentos legales. O simplemente no existen pruebas que los sustenten.

Esas también son las mismas razones que han dado abogados penalistas y la misma Alianza Cívica , por lo que estos detenidos —que son más de 200 reconocidos en la lista— nunca debieron ser encarcelados y muchos menos acusados judicialmente.

El magistrado Rosales dijo que ellos (el gobierno) acordaron un plazo de 90 días para liberar a los más de 600 presos políticos que aún están en celdas del Sistema Penitenciario Nacional, el Chipote y delegaciones departamentales, mismo que vence el 18 de junio, y por eso cada expediente está en revisión.

“Nosotros dijimos que los presos salían, si había liberación definitiva en 90 días. 

Entonces, hay un proceso de revisión”, reiteró Rosales. A la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), llegaron ayer familiares de los presos políticos a denunciar las condiciones inhumanas en las que se encuentran los ciudadanos pronto a ser excarcelados.

Por su parte, el doctor Julio Montenegro, abogado defensor de los secuestrados políticos no entienden la lógica del gobierno cristiano, socialista y solidario, que pese a admitir sus fallas en los juicios y haberse comprometido a dejarlos en libertad por ser presos de conciencia y no delincuentes, como quiso hacer creer antes, los maltrate. 

“No es necesario esperar hasta el 18 de junio para las liberaciones, no puede haber una salida jurídica a una situación anómala como son estos juicios”, criticó Montenegro.

La deficiencia de información que tienen los procesos judiciales de los presos políticos es una maniobra más del régimen de Daniel Ortega para que las víctimas queden en total indefensión, denunció este jueves la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La CPDH tomó de ejemplo el caso del joven Róger Antonio Espinoza Méndez, condenado a un año de prisión y a quien se le realizó una audiencia de apelación sin la presencia de su abogada defensora Leyla Prado.La abogada refirió que Róger Espinoza fue condenado por el juez local penal de Tipitapa, Antonio Murillo Cruz, el 10 de diciembre de 2018. Cuatro días después la defensa interpuso el recurso de apelación, sin que se le diera respuesta.

“Nosotros nunca fuimos notificados que se le diera trámite a ese proceso. Presentamos escritos gestionando el proceso de apelación, pero nunca obtuvimos respuesta”, dijo Prado, abogada de la CPDH.

Sorpresivamente, el pasado 4 de abril las autoridades penales orteguistas realizaron la audiencia de apelación sin que se le notificara a la abogada.  Sin embargo, Prado expresó que al pedir una explicación al juez de la anomalía de la audiencia, este le declaró que fue notificada en la tabla de aviso. Leyla Prado rechazó esta afirmación.

“Nos dimos cuenta que ya habían hecho la audiencia de apelación el 4 de abril, en la cual estuvo solo el Ministerio Público”, manifestó. Ante esta situación, la abogada Prado interpondrá un recurso de incidente de nulidad por indefensión. Róger Espinoza Méndez, ingeniero químico, fue detenido el 25 de septiembre de 2018 por la Policía Orteguista.

El 10 de diciembre lo condenaron a un año de prisión y 100 días de multa por supuesta portación ilegal de armas. Desde el 10 de octubre, él se encuentra en la celda 004 del penitenciario La Modelo, un lugar de máxima seguridad y donde es sometido a graves violaciones de derechos humanos.

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