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domingo, 12 de mayo de 2019

Oposición critica y acusa al BCIE por financiar a la policia de Ortega.


El 19 de abril de 2018, mientras iniciaba la represión y se producían los primeros tres muertos, las autoridades de la Policía Nacional estaban enfrascadas en la licitación de cinco proyectos para construir delegaciones en Somotillo, El Sauce, Malpaisillo, Palacagüina, Condega, Wiwilí, Jalapa, San Juan del Río Coco, Santo Tomás, San Pedro de Lóvago, Teustepe, El Tuma – La Dalia y Río Blanco, por 2.35 millones de dólares, otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El despliegue de la represión policial, en coordinación con grupos paramilitares, que dejó más de 300 muertos en cuatro meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no fue impedimento para que el BCIE mantuviera esos préstamos vigentes, y siguiera ofreciendo a proyectos relacionados con el “fortalecimiento operativo” de la Policía hasta 8.3 millones de dólares para 2018 y 2019.

El aviso de licitación de 20 microbuses y cuatro lanchas con motor fuera de borda, conocido la semana pasada en los medios de comunicación, disparó las alarmas ciudadanas, al considerar que tales préstamos son incompatibles con la misión y los reglamentos del Banco.

Una petición en la plataforma www.change.org señala que el proyecto para dotar de medios de transporte a la Policía del régimen “no pareciera estar contemplado en las áreas generales de trabajo del Banco, a saber: desarrollo humano e infraestructura; infraestructura productiva; energía; desarrollo rural, intermediación financiera y servicios para la competitividad”.

De paso, se considera que la Policía debería quedar inhibida de recibir fondos del Banco, toda vez que sus documentos estándar de licitaciones exigen que los beneficiarios de esos recursos no hayan cometido prácticas corruptivas ni prácticas coercitivas, “habiéndose demostrado la práctica coercitiva, corrupta y violenta de la Policía Nacional en contra de la población”.

Después de la matanza perpetrada entre abril y julio 2018, Nicaragua vive bajo un estado de excepción de facto, según la CIDH, apuntalado en el despliegue masivo de la Policía Nacional que realiza capturas arbitrarias y anulado el derecho constitucional de libre movilización.

El abogado José Pallais y el economista Juan Sebastián Chamorro, representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ante la Mesa de Negociación, coincidieron en que el Banco desnaturaliza su razón de ser, al dar dinero a la Policía Nacional, después que esta se alineara con el régimen para agredir a los ciudadanos.

“No es correcto endeudar al país, endeudar a los ciudadanos; que nuestros hijos y nietos vayan a pagar deudas onerosas, por una institución que se ha desviado de su objetivo y se ha dedicado a reprimir. ¡El pueblo va a pagar los costos de la represión que está sufriendo!”, exclamó Pallais.

A su juicio “se están violando los objetivos y fines del BCIE, que es promover el desarrollo de los países que lo conforman, no financiar a una institución que está señalada de gravísimas, masivas y reiteradas violaciones de los derechos humanos, con un jefe que tiene sanciones internacionales”.

“Hay una violación a los reglamentos y objetivos de ese Banco. Se ha actuado en contra de su función natural, que está siendo desvirtuada, con un tipo de cooperación, de financiamiento, que no apoya al verdadero desarrollo de los países de Centroamérica”, añadió.

Chamorro por su parte, no concibe “que una institución diseñada para promover el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la integración centroamericana, se preste a financiar el apertrechamiento, el financiamiento de una organización que está sindicada como criminal, y que ha cometido crímenes en contra de la ciudadanía”.

“Los documentos estándar del Banco mencionan algunas prácticas que están prohibidas a los beneficiarios de sus fondos, incluyendo prácticas coercitivas, de tal manera que… al ser la Policía una entidad coercitiva, no debería ser beneficiada con estos fondos”, argumentó.

El economista también mencionó que el director de la Policía Nacional está sancionado, por lo que considera “un error financiar a una organización que ha reprimido, y continúa reprimiendo a la población nicaragüense”.

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