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jueves, 30 de mayo de 2019

Orteguismo aprueba con urgencia su ley de auto perdón.


La aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional aprobó con "trámite de urgencia" la disfrazada "Ley del perdón", solicitada por el presidente Daniel Ortega en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018, y calificada por opositores como una "amnistía parcial".

La "Ley para un Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista" fue aprobada por 69 votos sandinistas, frente a 15 de la oposición.

La nueva legislación garantiza beneficios sociales a las personas que sean clasificadas como víctimas por la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e "instituciones involucradas".

Contrario a lo que la oposición extraparlamentaria esperaba, la "Ley del perdón" no fue explícita en otorgar una amnistía o indulto a los responsables de los crímenes ocurridos en el contexto de la crisis.

No obstante, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, advirtió que la ley "parcialmente viene a ser una amnistía", ya que el Gobierno podría incluir a los agresores entre las víctimas, y mantener a los "presos políticos" en prisión o bajo medidas cautelares a pesar de su alegada inocencia.

"Ha sido presentada ante la Asamblea Nacional, con trámite de urgencia, la (iniciativa de) 'Ley para un Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista'. Esta propuesta será conocida y discutida en las próximas sesiones de este Poder del Estado", anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La “Ley de Atención Integral a Víctimas” se aprobó con trámmite de urgencia, con 69 votos a favor, 15 en contra, 0 abstenciones y 4 presentes.

Esta ley introducida ayer por el Gobierno, otorga un rol clave a los ministerios de Educación y Salud, así como a la Produraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la atención, organización y actualización del registro de personas afectadas duranre las protestas.

En concreto, la ley plantea cinco tipos de atenciones a las “víctimas de la violencia ocurrida a partir del 18 de abril de 2018”: salud, educación, atención laboral o de emprendimiento, viviendas, ocio y recreación.

La ley también indica que será la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la que organizará y actualizará un registro de víctimas.

La ley se presenta como una salida jurídica a la crisis y establece que el Ministerio de Salud deberá dar atención psicológica y rehabilitación a las víctimas en “los diferentes niveles de atención médica, así como el seguimiento hasta su recuperación”. 

La ley también dice que las víctimas recibirán becas para para que se reinserten en el Sistema Educativo Nacional y las promoverán en la generación de empleo.

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