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martes, 7 de mayo de 2019

“Sabemos que el fin de un dictador está cerca cuando lo único que tiene en la calle son militares”.


Nelson Mandela. Por Oscar René Vargas / Nicaragua se encuentra en un estancamiento sociopolítico real, porque no hay voluntad del régimen de dar solución a la crisis ni cumplir con los acuerdos con los cuales se han comprometido: liberar a los presos políticos, restablecer las libertades públicas y permitir el regreso de los exiliados.

Aunque todas las opciones siguen encima de la mesa, la baza del colapso económico avanza y la precariedad de la vida diaria es cada vez más abrumadora. Sin embargo, todavía no se ha producido un estallido social que permitiría una segunda ola de protestas para sacar a Ortega-Murillo del poder.

Seguramente, habrá varios factores que expliquen por qué hay sectores sociales que siguen prefiriendo malvivir, aguantar el chaparrón, a cambiar de sistema; es decir, a cambiar a Ortega-Murillo.

Hay tres factores importantes que están influyendo para que no se produzca una segunda ola de protestas sociales: la represión generalizada, el encarcelamiento de los presos políticos y la emigración forzada de miles de nicaragüenses.

Históricamente, cuando las condiciones de vida de un país se tornan miserables y la represión generalizada es desatada por el régimen, se producen corrientes migratorias hacia otros países, principalmente de personas con más iniciativa o con mayores inquietudes que el promedio de la población.

Simplificando, el sector social más pensante e inquieto se identifica con la oposición política. Los opositores son más civilizados, más preparados y más emprendedores que los paramilitares.

El grueso de esa emigración no la forman las clases más desposeídas y paupérrimas sino de las capas medias y, quizá, algunos pertenecientes a la parte superior de las capas bajas. Es decir, las capas en las que la oposición tiene fuerza, ha tenido que salir al exilio.

Si eso es así, la oposición al régimen Ortega-Murillo, en el último año, ha perdido entre unos cien mil líderes y seguidores de alta calidad política que, en las actuales circunstancias, hubieran podido tener un gran peso a la hora de encabezar o potenciar los movimientos de protesta que pusieran a Ortega-Murillo en la calle.

La estrategia del régimen: se destruya económicamente para que el gran capital sienta la necesidad de negociar con Ortega una salida que evite la profundización económica; al mismo tiempo, consigue que una parte importante del liderazgo social se vaya a otros países y deje pendiente la tarea de tumbar al régimen Ortega-Murillo.

Un sector importante de los que se quedan son: los no quieren el cambio de sistema o no tienen el empuje político de los que se han ido; quizá eso explique, en parte, las enormes dificultades del movimiento social para encontrar respuesta a sus nuevas convocatorias.

El poder de convocatoria de los ciudadanos autoconvocados es muy importante, pero al no generalizarse en ciudades, municipios y universidades, no logra su objetivo: crear una segunda ola social de protestas contra el régimen.

Aunque el oficialismo orteguista también agrupa una base social importante, el declive numérico de sus concentraciones revela el alejamiento de sus bases electorales, cansadas de tanto desgobierno, represión y penalidades.

Prácticamente toda la comunidad de economistas y augures del desempeño económico nicaragüense espera un descenso económico en las previsiones para éste y el próximo año.

Hay datos alarmantes en todos los sentidos. En el primer trimestre del 2019, por ejemplo, la producción industrial retrocedió, el precio de la gasolina registró un aumento importante y el desempleo creció.

El número de desempleados, subempleados y quienes no logran más que trabajos temporales ya alcanzó el 70 por ciento de la PEA. El mapa del hambre y la pobreza se sigue ampliándose. El régimen olvida que el estómago es un mal consejero.

 Dentro del gobierno, en estos 13 meses de crisis sociopolítica han servido, además de exponer la absoluta incompetencia de sus integrantes, profundizar el centralismo político en manos de Ortega-Murillo y desatar una represión.

Este panorama ha llevado a una consideración cuidadosa en los corredores del poder de El Carmen y en los salones de los capitanes y comandantes de la riqueza y el capital domiciliados en nuestro país: la necesidad de llegar un pacto entre los poderes fácticos para que todo quede igual.

A partir de esa reflexión, la estrategia de Ortega-Murillo apunta en la dirección de negociar directamente con los representantes del gran capital para evitar una mayor depresión económica con consecuencias incalculables.

Para lograrlo requiere que el movimiento de los autoconvocados (estudiantes, campesinos, madres de los asesinados, madres de los presos, etcétera) sea controlado y/o cooptados por los sectores proclives y/o favorables, en el corto plazo, a un pacto con el régimen.

El régimen sabe que la mayoría de los negociadores de la oposición están inclinados a llegar a un acuerdo antes de finalizar mes de mayo 2019. El problema es encontrar la manera de hacerlo sin perder la cara ante el gran público.

El gran capital, por experiencia saben, que la lógica del régimen Ortega-Murillo ha sido: aplicar una política sin principios, enriquecerse al amparo del poder y negociar sin ninguna moral de por medio.

Por lo tanto, la duda de los negociadores del gran capital, para dar el paso con el objetivo establecer un acuerdo económico político, es que no saben si Ortega sólo quiere ganar tiempo, engaña, o es sincero.

Cada semana, sin excepción, Ortega o algunos de sus voceros ofrecen muestras de una capacidad infinita para caer en lo absurdo y ridículo.

En el caso de darse un acuerdo entre los poderes fácticos, se asentarían las bases del nuevo pacto político social que desembocaría en un “orteguismo sin Ortega”, donde el dinero y la propiedad vale más que la vida.

Un arreglo entre los poderes fácticos que implique un pacto para comenzar a resolver los problemas del gran capital sería un mal arreglo para el país, ya que el litigio sociopolítico se mantendría en el futuro.

La corrupción política, con sus continuos escándalos, y la movilización de centenares de personas por sus derechos democráticos y la igualdad social, amenazarían la estabilidad de un pacto entre el gran capital y el régimen Ortega-Murillo.

Un mal arreglo, las nuevas dificultades en la vida cotidiana de toda la población, así como la nueva esperanza de cambiar las cosas estimularán nuevamente al movimiento social. En esa coyuntura el hilo de la conciencia histórica, que parecía roto, volverá a anudarse.

El mayor error que cometería el gran capital, sería ignorar el inmenso peligro que implicaría pactar con Ortega-Murillo sin demandas mínimas del movimiento social, error que podría transformarse en una bomba de tiempo, política y social, para una solución de un “orteguismo sin Ortega”.

Solución que defienden sus asesores con la mentira, la desinformación, el ninguneo o la mala interpretación de los análisis que ofrecen otras visiones.

La negación de la realidad y sus perspectivas más creíbles o la desestimación de los escenarios posibles no puede sino llevarnos a más inestabilidad.

Para evitar la continuación de la polarización de la crisis sociopolítica se requiere de amplios acuerdos transparentes y mucha sintonía con todos los sectores de la sociedad nicaragüense que implique el fin de la dictadura.
El autor es sociólogo exiliado en Costa Rica.

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