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miércoles, 8 de mayo de 2019

Supremo chavista pide revisar el fuero de otros tres diputados opositores.


Caracas Venezuela / EFE - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ chavista), leal al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, solicitó este miércoles a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente revisar el fuero parlamentario a otros tres diputados, a quienes tildó de "traidores a la patria" y que, según dijo, cometieron delitos de manera flagrante.

La medida recae sobre los legisladores Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, todos militantes del partido Voluntad Popular del político Leopoldo López, quien la semana pasada burló su arresto domiciliario para acompañar la Operación Libertad, liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó.

Además, se suma a la solicitud que presentó el martes el mismo órgano contra otros seis diputados, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco y Simón Calzadilla, a los que ya les fue levantada la inmunidad.

La decisión del Supremo chavista, que fue informada a través de un comunicado, surge en respuesta a una solicitud presentada por el fiscal general, Tarek Saab, y dictamina que Superlano, Vergara y Mejía tienen responsabilidad en "la comisión flagrante" de varios delitos.

El TSJ oficialista señala que los parlamentarios están incursos en delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y "el odio continuado".

Agrega que "por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (...) no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal".

El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados del Parlamento "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo".

Asimismo, señala que de los presuntos delitos que cometan los legisladores "conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional (Parlamento), su detención y continuar su enjuiciamiento".

"En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ", concluye el artículo.

El martes de la semana pasada, el presidente encargado, Juan Guaidó, convocó la "Operación Libertad" contra el régimen de Maduro, acción que fue respaldada públicamente por la mayoría de los diputados opositores.

La ANC, formada solo por chavistas e incondicional al Ejecutivo del dictador, ha dado por levantada la inmunidad de otros diputados en el pasado, en procedimientos que han sido cuestionados por buena parte de la comunidad internacional, y como consecuencia de ello, algunos legisladores están hoy exiliados.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó juramentó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.

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