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jueves, 27 de junio de 2019

Constitución cubana y asesinato de líderes en Colombia a debate en la OEA.


Medellín Colombia / EFE  - La nueva Constitución cubana y el asesinato de líderes sociales en Colombia centraron este miércoles el diálogo de la sociedad civil con la Organización de Estados Americanos (OEA), que celebra su 49 Asamblea General en Medellín.

La activista cubana Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá, tomó la palabra para criticar al régimen de la isla por aprobar una nueva Constitución que considera carece de "legitimidad".

"El texto de reforma constitucional, concluido recientemente en Cuba, no cumplió las garantías y estándares necesarios de un proceso libre, justo y transparente", dijo en el "Diálogo de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores" con delegados de la OEA, a la que pidió que "denuncie la ilegitimidad de la Constitución de Cuba".

Cuba promulgó su nueva Constitución durante una sesión de la Asamblea Nacional el pasado 10 de abril, el mismo día en que hace 150 años se comenzó a redactar la primera Carta Magna de la isla.

El texto reconoce la propiedad privada y considera necesaria la inversión extranjera, aunque mantiene al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) como "fuerza dirigente superior" y ratifica el comunismo como aspiración.

Por otra parte, Payá culpó al Ejecutivo del designado gobernante Miguel Díaz-Canel de tener una "influencia directa e indirecta" en las crisis de Nicaragua y Venezuela, países en los que, según aseguró, los ciudadanos son víctimas de "violencia gubernamental, detenciones arbitrarias, acoso, prisión política, deportaciones forzosas y restricción del movimiento".

"Hago un llamado al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas", añadió.

El asesinato de líderes sociales en Colombia fue otro asunto recurrente en el encuentro y sobre ello habló Judith Botero, de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en representación de la Coalición Paz.
La activista criticó al Gobierno del presidente Iván Duque por "la militarización de los territorios" para afrontar el problema de la violencia desbordada.

"Nuestra preocupación es compartida con la ONU, que instó al Gobierno a desarrollar una política que cuente con la plena participación activa de defensores y defensoras y de la sociedad civil, situación que no se ha materializado", señaló Botero en medio de la algarabía del auditorio que celebró su discurso.

Desde 2016, año en que se firmó la paz con la antigua guerrilla de las FARC, han sido asesinados 702 líderes sociales, según un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica.
La representante de la Coalición Afrodescendiente de las Américas, Erlendy Cuero Bravo, manifestó por su parte que esa población "ha enfrentado procesos de 'desterritorialización', amenaza de personas y derechos humanos y embestidas profundas de militarización" en Colombia.

"La situación que vive hoy Colombia repercute en las dinámicas sociopolíticas de los países de la región. También nos preocupa como Brasil, Nicaragua, Honduras y Venezuela presentan retroceso en el respeto a los derechos humanos, especialmente de los pueblos afrodescendientes", agregó.

Es por eso que esa coalición, agregó Cuero Bravo, exige la creación de foros permanentes de los afrodescendientes en la ONU, la OEA y otros organismos multilaterales, así como un fondo de desarrollo económico para esa población.
Durante el diálogo también se puso sobre la mesa el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.

Al respecto, el representante de la organización "+ Vida", Raúl Maniasco, aseguró a Efe que están reclamando que el Sistema Interamericano "no se entrometa más en las legislaciones de los países, contrariando los derechos nacionales, las legislaciones, el derecho a la vida y a la familia".

En mayo pasado fue presentado en la Cámara Baja de Argentina por octava vez consecutiva el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue rechazado por el Senado en 2018.

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