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jueves, 6 de junio de 2019

Denuncian saña contra personal médico que asistió a víctimas de represión.


El día que el Ministerio de Salud (Minsa) despidió a trabajadores de hospitales y centros de salud, por estar en contra de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, inició la desventura de centenares de médicos y enfermeras en Nicaragua.

Un año ha transcurrido desde entonces y mientras los trabajadores de la salud sufren carencias, exilio, asedio y amenazas de muerte, la atención sanitaria en los hospitales públicos ha decaído en detrimento de la salud de la población.

Según la Unidad Médica Nicaragüense, en el último año, 405 trabajadores fueron expulsados del sistema de salud. Tras el despido vinieron amenazas de muerte, por lo que decenas de médicos se fueron al exilio sin que hasta la fecha les hayan pagado sus prestaciones de ley, y quienes asumieron el riesgo de quedarse en Nicaragua denuncian que les han bloqueado la posibilidad de conseguir empleo en hospitales privados.

El doctor Javier Pastora Membreño, exjefe del Departamento de Cirugía del Hospital Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), en León, relató que las circunstancias de los trabajadores despedidos son “un espejo de la situación de Nicaragua: trágica, dolorosa y en el exilio”.

Para el doctor José Luis Borgen, urólogo despedido del Hospital Antonio Lenín Fonseca, en Managua, el principal problema de los trabajadores despedidos es que prácticamente no saben otro oficio más que la medicina.

“Fue como lanzarlos a la calle sin tener experiencia en otro tipo de práctica más que la vía institucional, muchos colegas se hicieron dependientes de un salario y al quitarles ese salario la vida se trastornó para ellos, pero lo peor de esto es que se les cortó el derecho de encontrar otra fuente de trabajo”, enfatizó Borgen.

Negligencia médica intencional: “Tenían voluntad de matar”.

Según la ley 423, Ley General de Salud, el MINSA es el ente encargado de “regular y supervisar” el sistema de salud en Nicaragua, por tal motivo los hospitales privados optan por evitar alguna discrepancia con el ente rector.

Alianza Cívica debe negociar el reintegro laboral.

La forma arbitraria de los despidos también provocó muchas inconsistencias. Borgen señaló que “de los trabajadores que están exiliados, que son casi 57, ninguno de ellos ha recibido su liquidación”, y peor aún, hay gente que todavía no ha interpuesto una demanda formal debido a que el Tribunal Laboral mantuvo el despido a quienes sí se atrevieron a denunciar.

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