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domingo, 16 de junio de 2019

El despotismo y la dictadura.


Por Oscar-René Vargas / A partir de abril de 2018, las contradicciones sociopolíticas en el seno de la sociedad nicaragüense quedaron al desnudo, los conflictos y contradicciones alcanzaron su máxima gravedad, y la lucha de ideas se convirtió en la expresión más directa entre dictadura y democracia.

Desde abril 2018, en el acontecer político nacional, hemos conocido la influencia y una serie de factores objetivos y subjetivos, tanto internos como externos. Al mismo tiempo, al lado, por detrás y a veces por delante comenzaron ascender otros elementos, otras capas sociales y sectores de clase.

El régimen Ortega-Murillo no tiene ideología, ya que es la expresión práctica del autoritarismo, de la represión, de la criminalización de la protesta social, de la dictadura que controla todos los poderes del Estado.

El régimen ha apuntalado un capitalismo de amiguetes, de compadrazgo y extractivista; es la forma de dominación a favor de la “nueva clase” y la burguesía tradicional, así como para el capital transnacional, se trata de un híper presidencialismo autoritario y dictatorial.

El régimen autoritario está apoyado por una secta. El grupo que controla el poder cultiva formas y ritos propios de las sectas: la adoración a un padre totémico, en este caso, Daniel Ortega. Como en todas las sectas, sus seguidores no siguen el dictado de una ideología o un programa racional y nacional.

Cuando el padre totémico habla de revolución, se refiere a él mismo. Él se considera la encarnación de la revolución. Y en nombre de esa revolución, vale decir, de él, ha llegado a creer que todo le está permitido.

Respetar la Constitución Política y las leyes es, para el padre totémico (Ortega) y su círculo íntimo de poder, igual a traicionar a la revolución.

Cuando saquean las arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); por ejemplo, lo hacen con plena conciencia pues imaginan ser la representación personal de una revolución situada “más allá” de las leyes.

El régimen Ortega-Murillo representa la nueva versión despótica del capital, que no es igual a la que se expresó en forma de dictadura de los Somoza (1936-1979), en el siglo XX.

La crisis política y económica del capitalismo nicaragüense en los años treinta del siglo XX y el descontento social que produjo, permitió el fortalecimiento del movimiento de los campesinos liderados por Sandino.

La clase dominante de la época consideraba imprescindible la eliminación de Sandino y del movimiento campesino para estabilizar el desarrollo del capitalismo, papel que desempeñó Anastasio Somoza García.

Desde la lógica del capital de la época, el nacimiento de la dictadura de Somoza García fue la solución necesaria para restablecer el orden sociopolítico en beneficio de la oligarquía agraria y la burguesía comercial, en el marco de la crisis económica mundial del siglo XX (1929-1938).

La clase dominante consideró necesario otorgarle diez años de gobierno sin elecciones a través del pacto Cuadra Pasos-Somoza García de abril de 1937, para consolidar la pacificación social por medio de la represión militar. Esos diez años (1937-1947), Somoza García los utilizó para establecer y consolidar la dinastía de 43 años (1936-1979).

Durante la fase neoliberal del capital 1990-2006, surge en el año 2007 la forma despótica del capitalismo de compadrazgo, el cual, entre 2007-2019, con Ortega-Murillo a la cabeza, tuvo el objetivo de desmovilizar y atomizar al máximo a todos los sectores sociales.

A partir del 2007, los resultados han sido brutales para las poblaciones del campo, con procesos de disciplinamiento social y laboral, con represión en todos los niveles y descuartizamiento de la democracia representativa.

El régimen ha ejercido y ejerce el despotismo en nombre de la “democracia”. El despotismo se ejecuta a golpe de elecciones fraudulentas (con todas las ventajas que dan el poder, el dinero, el control de votos, etcétera).

El despotismo se impone por medio de directrices dictatoriales, ya sea a través del método del “impeachment” (proceso de revocación de mandato) a los diputados de los partidos de oposición representados en la Asamblea Nacional o, ya sea a través “punchs” judiciales para quitar la personería jurídica a los partidos de oposición.

El régimen Ortega-Murillo está todos los días en contra del pueblo en todo el territorio nacional; a partir de abril 2018, el déspota recurre a la represión abierta y generalizada, donde juega un creciente papel el paramilitarismo.

Esta versión despótica toma del fascismo aspectos ideológicos cada vez más explícitamente exhibidos, porque necesita que la sociedad atomizada funcione como electorado pasivo, que puede ser movido a discreción.

Por groseras o espurias que sean las propuestas del régimen despótico dictatorial, mantiene el discurso populista para ganarse a las personas abatidas por la pobreza, centradas en sí mismas, y las que, al mismo tiempo, se encuentran huérfanas de esperanza y de rumbo.

Sin embargo, a esas personas, las propuestas paliativas y nunca cumplidas por el régimen les causan hastío, poco a poco. Entre otras cosas porque ya no pueden cumplirlas, aunque quisieran. Un capitalismo en declive respecto a la ética y en beneficio de los sectores dominantes del capital no puede ofrecer mejoras, ni distribución social.

En el régimen Ortega-Murillo, algunos sectores desempeñan, en los medios de comunicación gubernamentales, la función de “dobermans parlantes”, equivalente a los paramilitares, con el objetivo de disciplinar a las voces críticas y amedrentar a la población en general.

La continuidad democrática en Nicaragua ha sido rota de forma espuria bajo la mirada complaciente y cómplice del poder judicial. Desde el 2007, se dejó de combatir el mal más grande del país, la corrupción y la impunidad.

Las mentiras que repiten los funcionarios de la dictadura, tratan de meter bajo la alfombra los crímenes de lesa humanidad y el auge por doquier de la corrupción, con el objetivo de consolidar el régimen despótico.

El régimen ha cometido todo tipo de arbitrariedades de forma sistemática con la persecución política de los movimientos sociales, ya sea por la judicialización de la política, por el “lawfare” (guerra jurídica), por las acciones arbitrarias de la policía y del ministerio público, o por la condena y prisión sin pruebas ni fundamento jurídico a todos los presos políticos.

Estos mecanismos han sido implementados con el aparente mantenimiento de la institucionalidad y la cobertura cómplice del poder judicial. Pero su debilidad radica en hacer un uso ilegítimo de las leyes con la intención de dañar al oponente al régimen.

Esas acciones debilitan al régimen despótico con una pérdida de apoyo popular. Porque, de una u otra forma, ya no tienen vigencia los consensos entre las élites, o entre los medios monopólicos y los ciudadanos.

Estamos en un momento en el que la población necesita pronunciarse, para decidir sobre el fin del gobierno despótico, y para deliberar sobre qué gobierno seguirá dirigiendo el país.

La debilidad principal del régimen consiste en presentar las concesiones (la liberación de los presos) como un triunfo, y los reveses a nivel internacional como avances, para engañar a sus bases e interpretar el incremento de las dificultades económicas internas como un avance triunfal de la dictadura a escala nacional.

El régimen despótico se niega a morir. El problema consiste en saber hasta qué punto la dictadura puede resistir la combinación de las presiones externas e internas y, hasta qué punto los sectores del capital y del ejército quieren inmolarse junto al caudillo.

El poder o el cuasi poder ejercido por el movimiento social no puede prolongarse por demasiado tiempo. Esta situación se debe de resolver de un modo u otro, ya sea a favor de la dictadura o a favor del cambio.

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