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martes, 4 de junio de 2019

Fiscalía cae sobre red de lavado de dinero PDVSA-Albanisa-Alba Petróleos en el Salvador.


Tomado de Confidencial / Fiscalía de El Salvador allana Alba Petróleos, para investigar 27 empresas manejadas por José Luis Merino, “Ramiro”, del FMLN.  

La inmensa fortuna que representó la combinación de altos precios del petróleo, con una copiosa extracción de oro negro del subsuelo venezolano, sirvió para conformar una ‘Empresa Criminal Conjunta Bolivariana’ (ECCB), según un Informe firmado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, presidente e investigadora de IBI Consultants, LLC, respectivamente.

Esa ECCB, de la que los autores dicen que “­no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo”, solo puede ser desarticulada si es “atacada desde múltiples puntos simultáneamente”.  

El mensaje parece haber llegado a las altas esferas de Washington, que sancionó a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), así como a sus subsidiarias en Nicaragua y, más recientemente, El Salvador.

Según la investigación elaborada por Farah y Yates, la ‘empresa criminal conjunta’ habría usado cinco esquemas para lavar dinero, en una operación que no solo intentaba comprar las voluntades de diversos regímenes a lo largo del continente para aislar políticamente a Estados Unidos, sino también, enriquecer a algunos de los más altos exponentes de ese esquema.

Esos cinco esquemas son la venta falsificada de petróleo; la compra sistemática de activos, la minería ilegal, los falsos proyectos de infraestructura, y las transferencias de banco a banco, que habrían movido entre 10 000 millones y 28 000 millones de dólares entre 2007 y 2018, utilizando “181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países”.

Aunque el informe analiza los movimientos, inversiones y promesas de inversiones hechas por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en muchos de esos países, se centra en lo que se hizo –o prometió hacer- en Nicaragua y El Salvador, de la mano de ALBA de Nicaragua S.A. (Albanisa) y Alba Petróleos en El Salvador.

La primera tipología descrita, la de la venta falsificada de petróleo, argumenta que Venezuela efectuó transferencias de recursos mayores que las que podía justificar con las cantidades reales de petróleo que envió a El Salvador y Nicaragua.

En el caso de Alba Petróleos, se asegura que a pesar que esta “casi no recibió petróleo de Pdvsa entre 2010 y 2017”, habría registrado ingresos por 1200 millones de dólares en ese periodo. En el caso de Nicaragua, se acepta que el envío de petróleo fue mayor, “pero la subsidiaria nicaragüense recibió fondos que superaban con creces las importaciones”, hasta sumar 6000 millones en el periodo.

“Para crear un rastro de papel correspondiente, tanto Alba Petróleos como Albanisa establecieron docenas de compañías y empresas de fachada donde invertían fuerte -al menos en el papel– en producción de alimentos, instituciones financieras, aerolíneas, centros de estudio, proyectos de energía alternativa, adquisición de tierras, gasolineras y otras actividades”, dice el documento.

 “La más notable dinámica es que la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras afirman financiar, no existen físicamente ni producen bienes o servicios”, añade, como en efecto, ha sido informado por Confidencial en el pasado.

Los investigadores también hacen referencia a los falsos proyectos de infraestructura, que servirían para justificar la movilización de ingentes cantidades de dinero, supuestamente para financiar las obras, aunque estas nunca avancen, o no lo hagan los suficiente.

El proyecto más emblemático que menciona el informe, es la refinería ‘El Supremo Sueño de Bolívar’, de la que se puso la primera piedra el 20 de julio de 2007, y que más de una década, y más de 500 millones de dólares después, sigue siendo un largo y profundo sueño.

“La refinería en los papeles recibió un aporte inicial de US$32 millones en 2008 y un adicional de US$60 millones a lo largo de los tres años siguientes. En 2012 y 2013 el programa recibió un adicional de US$341.2 millones”, se detalla en el texto, recordando que el proyecto dejó “muy pocos resultados visibles”.

“Otros proyectos que nunca se ejecutaron incluían contratos para la exploración petrolera, que nunca se realizó; …una planta para la producción de vacunas que jamás produjo una vacuna, una planta productora de paneles solares que no produjo paneles, una compañía embotelladora de agua que no generó agua embotellada alguna”, detalla.

En el apartado de “transferencias de banco a banco”, se explica que “la abundancia de recursos pasando por Pdvsa y ALBA, forzó a la empresa a adoptar soluciones sólo disponibles para estados involucrados en actividades delictivas”, renglón en el que se recuerda que “Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del Estado”, en referencia al ahora sancionado BanCorp.

En teoría, el Banco del ALBA enviaba dinero a una cuenta suya en la sucursal panameña de un banco asiático con sucursales en Corea del Sur, Panamá y Hong Kong, donde eran colocados “en diferentes cuentas controladas por Ortega y sus aliados”, desde donde podía ser “transferido electrónicamente a cualquier parte del mundo, incluidos los Estados Unidos”.

Si bien los otros dos elementos del esquema (la minería ilegal, y la compra sistemática de activos), no estarían relacionados con Nicaragua (ni con El Salvador), los autores del estudio aseguran que estas prácticas habrían permitido movilizar entre 1200 y 2400 millones de dólares, además de desplazar más de ¡70 toneladas! de oro, solo en 2018.

El caso más reciente de las acciones en contra del esquema que utilizaba la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), para mover dinero entre el esquema empresarial creado por ellos mismos, es el allanamiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador, de 27 sociedades aglutinadas alrededor de Alba Petróleos para investigar un posible delito de lavado de dinero y activos.

Entre las sociedades allanadas están Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Gas, Alba Hidrocarburos, además de empresas de energía, de transporte, de alimentos, financieras y textiles.

El Informe de Farah y Yates dice que el salvadoreño José Luis Merino (el sancionado viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, y ex comandante “Ramiro” del FMLN) “y otros reputados testaferros”, habrían creado varias compañías en Panamá.

Esas entidades habrían servido para que “Alba Petróleos y sus compañías vinculadas”, prestaran a ocho empresas panameñas que en realidad estaban bajo su control, al menos 1100 millones de dólares entre 2007 y 2017, dinero que habría sido enviado a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, sin que se pudiera recuperar el dinero, por lo que “finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable”.

Si en Nicaragua, las sanciones contra BanCorp y la amenaza de sanciones en contra de la red de gasolineras de Petronic obligó a disolver o modificar el esquema, la situación no es muy distinta en El Salvador, donde Alba Petróleos reporta millonarias pérdidas desde hace años.

Al igual que la red de gasolineras de Petronic, las de Alba Petróleos ya no reciben pagos por medio de tarjetas de crédito, después que el sistema bancario local les cerrara las cuentas, para evitar que las sanciones financieras estadounidenses les alcanzaran a ellos también.

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